Redacción
Dentro de los impactos que tendría el proyecto de reforma tributaria radicado por el Gobierno Nacional esta semana, el sector corporativo vería varios cambios en su tributación, y aunque a nivel general se mantiene la tarifa de renta inalterada (35%), la eliminación de exenciones y la modificación en las tarifas de varios impuestos tocarán directamente las cuentas de las compañías.
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El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró, tras radicar el proyecto, que “en el caso de las empresas lo que se hará es eliminar una cantidad de beneficios tributarios muy específicos para ciertos sectores”, y dijo que lo que se busca es que todas las empresas tengan “realmente el mismo sistema de tributación”.
Según un análisis realizado por la consultora EY, en esa eliminación de tarifas preferenciales estarían las aplicables a ciertos hoteles, parques temáticos, proyectos de ecoturismo o agroturismo; a rendimientos generados por la reserva de estabilización de los fondos de pensiones y cesantías, y al servicio de transporte marítimo internacional.
La reforma establece además que la sobretasa para instituciones financieras de 3 puntos porcentuales (pps) que se tiene prevista actualmente hasta 2025 pase a ser permanente. Esto genera una tarifa total del 38% para el sector financiero.
Frente a este punto, desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes, su nuevo director, explicó a Portafolio que “las razones que se esgrimieron al momento de establecer esta sobretasa al sector financiero siguen siendo válidas. Es un sector que tiene unas utilidades bastante grandes, y se ha visto como esta sobretasa permite unos ingresos adicionales para el Estado, sin que por ello se perjudique la estabilidad del sistema financiero”.
Otro cambio en relación con la tarifa de renta se vería en las zonas francas. De manera general, y para mantener la tarifa del 20%, tendrán que obtener un plan de internacionalización, cumpliendo con montos determinados de exportaciones, y se elimina el beneficio para las zonas francas unipersonales, que quedarían con la tarifa general del 35%.
De hecho, por el solo concepto de renta a personas jurídicas, la reforma aspira recaudar $5,1 billones, alrededor de 0,38% del producto interno bruto (PIB) para 2023.
El proyecto propone también que se imponga un tope de 3 pps sobre la renta líquida ordinaria a los beneficios tributarios que se mantengan, como rentas exentas, deducciones descuentos e ingresos no constitutivos de renta, con el fin de evitar el abuso de estas detracciones por parte de personas jurídicas.
“Hay algunas protecciones de estabilidad jurídica que hay que respetar”, aclaró Reyes, pero reiteró que en la mayoría de los casos lo que se buscará es transitar a programas de fomento de la economía, “pero ya no por medio de beneficios tributarios, sino de inversión directa desde el presupuesto general”.
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EY destaca que varios tratamientos especiales que desaparecerían incluyen los ingresos no gravados por ciertas ventas de acciones en bolsa y de capitalizaciones; costos y gastos relacionados con cultivos de café; las exenciones de economía naranja, de desarrollo del campo, y algunas rentas exentas asociadas a la vivienda de interés social y prioritario, entre otras.
Otros cambios
Entre las principales modificaciones que introduciría el proyecto está también la eliminación de la posibilidad de tomar como descuento el 50% del impuesto de industria y comercio, que pasaría a ser deducible del impuesto de renta.
“Esto es un impacto importantísimo, porque como descuento va directo al impuesto, como deducción va a un menor valor de la renta líquida, y ahí hay un impacto importante a las empresas”, aseguró Jairo Higuita, socio de la firma Jiménez, Higuita & Rodríguez.
Asimismo, el experto tributario reconoció que otra de las preocupaciones para las empresas se relacionan con las medidas puntuales para el sector minero y petrolero, que de aprobarse tal cual se presentó el proyecto de reforma, no podrían deducir de su impuesto de renta las regalías.
“Cualquier industria que pague regalías no va a poder llevarlo como deducible, y eso no es un problema no solo de tarifas, sino también de la base tributaria”, explicó el experto, quien mencionó que el impuesto de 10% a las exportaciones extraordinarias de productos como el petróleo, el carbón y el oro que se estableció en el proyecto también sería complejo de manejar.
Por este criterio, denominado por Hacienda como rentas del subsuelo del Estado, se prevé recaudar otros $7,02 billones en 2023.
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La propuesta de reforma también propone una revisión de tarifa de ganancias ocasionales de empresas a 30%, la eliminación de los días sin IVA, que venían beneficiando al sector comercio, y propone que sean los productores quienes asuman la tarifa del 10% para los productos comestibles ultraprocesados y las tarifas adicionales para las bebidas según su contenido se azúcar.
Además, la reforma profundiza en el régimen simple y “recalibraría” las tarifas máximas.
En el caso de la economía digital, se buscaría gravar a empresas no residentes pero “con presencia económica significativa en el país”, plataformas como son Netflix o Spotify.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
