Esta semana es decisiva en materia tributaria, ya que será la etapa de socialización del proyecto de reforma tributaria del gobierno Petro presentado el pasado 8 de agosto ante el Congreso de la República.
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Esto implica la búsqueda de acuerdos en algunos puntos que han sido ampliamente debatidos desde otros sectores.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no la tendrá fácil, más cuando la bancada de Cambio Radical le anticipó que no votará esa iniciativa por considerar que “no es ni social ni mucho menos equitativa”, como lo señaló esta semana David Luna, senador de dicho partido.
Empresarios, gremios de la producción y algunos centros de pensamiento, entre otros actores del mercado, también han hecho sus propios reparos sobre los efectos y alcances que tendría el proyecto en cuestión si el Legislativo lo aprueba.
Es por ello que desde el gobierno se ha insistido en que las puertas del diálogo están abiertas y que están dispuestos a discutir ciertos puntos. Asimismo, han sido claros en que existen algunos inamovibles en el proyecto.
El primero de los cambios que realizará el Gobierno a la propuesta es la eliminación del artículo con el que se buscaban gravar las exportaciones extraordinarias de oro con una tarifa de 10 por ciento, pues consideran que es una tarea complicada debido a que “mucho del oro que exporta Colombia es contrabandeado”, al tiempo que muchas empresas grandes de oro trabajan con pequeños productores, un segmento que al Ejecutivo le interesa apoyar e impulsar.
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El segundo ajuste tiene que ver con los subsidios a los precios de los combustibles en zonas de frontera, que en principio se eliminarían, pero que, según lo expresado por Ocampo al término del foro organizado por el centro de estudios económicos Anif el viernes, se mantendrán.
Con las zonas francas también ha habido acercamientos y avances. La idea del Gobierno era imponerles unos requisitos de exportación a estas zonas, ya que el 85 por ciento de sus ventas van al mercado local, generando una competencia injusta con el empresario que está fuera de éstas y paga 35 por ciento de impuesto de renta.
El mensaje del Gobierno era que si no elevaban sus exportaciones tendrían que pagar el impuesto de renta normal.
Pero los empresarios de las zonas francas se comprometieron a eso durante las reuniones que sostuvieron con los ministros Ocampo, de Hacienda, y Germán Umaña, de Comercio Exterior, durante el Congreso de la Andi que se realizó en Cartagena a mediados de agosto.
Existen ciertos pilares que el Gobierno ha enfatizado en que a menos que haya propuestas para mejorarlos sin afectar la esencia del proyecto, no tendrán cambios.
Este es el caso del monto del recaudo, sobre el que los empresarios han dicho que es muy elevado y golpearía muy fuerte al sector productor que tendría que poner hasta 17 billones de pesos, según cálculos preliminares de la Andi.
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Bruce Mac Master, máximo vocero de los empresarios del país, ha sido reiterativo en ello y ha pedido al Gobierno que se reduzca esa meta.
El Gobierno pretende llevar el índice de pobreza (Gini) del 0,543 al 0,491, una reducción de 0,053, casi el doble de lo que se logra con el sistema tributario actual 0,029. Por eso, el tema del recaudo es uno de los inamovibles.
Tampoco se irá el 4 × 1.000, quizás sufra algunos ajustes teniendo en cuenta algunas sugerencias de los banqueros que quieren que se elimine para el Régimen Simple de Tributación, como una forma de incentivar la formalización de miles de mipymes.
En cuanto a la propuesta de subir el impuesto a las ganancias ocasionales del 10 al 20 por ciento, la opción para moderar su impacto puede ser combatiendo más la evasión.
PORTAFOLIO
Con información de EL TIEMPO*