Este año entró en rigor la reforma tributaria que promovió el presidente Gustavo Petro a finales del año pasado. Algunos puntos del articulado generaron una fuerte polémica y en algunos casos se consideraron inconstitucionales.
(Así podría quedar exento de 4×1.000 gracias a la reforma tributaria).
Esto ha llevado a que hasta el momento se hayan presentado catorce demandas a algunos de los artículos del proyecto aprobado el 17 de diciembre en el Congreso.
Hasta el momento, una de ellas había sido admitida parcialmente, una inadmitida y las restantes están en trámite en la Corte Constitucional.
Algunos de los puntos en común que los documentos en contra de la reforma demandan son los referentes a la no deducibilidad de regalías, el régimen de zonas francas, así como la financiación a las tasas de crédito de interés de estudiantes que se financien por medio de Icetex.
Las 14 demandas en total hacen referencia a 11 artículos. La que ya fue admitida por la Corte fue la radicada por 10 abogados, entre ellos Enán Enrique Arrieta Burgos, pretende que se declare inexequible el artículo 95. Este busca que se destinen recursos para financiar la diferencia entre la tasa de interés de contratación y la variación anual de IPC para los estudiantes que se financien con Icetex y no tengan subsidios.
(‘Ya hay demandas contra la tributaria, apoyaremos algunas’: ACM).
Además de esta demanda, también recibió una de Javier Fernando González, que señala que se viola el principio de consecutividad e identidad flexible, que son de naturaleza procedimental.
Ahora bien, el artículo 19 de la reforma también ha recibido una serie de demandas, una de las cuales fue admitida parcialmente. Este punto es el que hace referencia a la imposibilidad de deducir las regalías del impuesto de renta.
De acuerdo con la Corte, el argumento del Representante a la Cámara, Carlos Edward Osorio, “suscita una duda de constitucionalidad cuando afirma que la disposición acusada contraría el principio de equidad tributaria en cuanto incrementa artificialmente la base gravable del impuesto de renta al impedir la deducción de las regalías”.
Este también fue demandado por Lucy Cruz de Quiñones y otros dos abogados. De acuerdo con el documento presentado ante el órgano legislativo “en nuestra Constitución existe una definición expresa de regalías, válida para todos los efectos, que se contraría por la norma acusada (reforma tributaria), al negar su naturaleza contraprestacional”.
Por ello argumentan que se violan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, además de que socava los criterios constitucionales de justicia y equidad en el deber de contribuir.
Una tercera demanda presentada en contra de este artículo, fue la interpuesta por Juan Esteban Sanín. Precisamente, este argumenta que el artículo 116 del Estatuto Tributario señala que “los impuestos, regalías y contribuciones, que los organismos descentralizados deban pagar (…) serán deducibles (…) siempre y cuando cumplan los requisitos que para su deducibilidad exigen las normas vigentes”.
Hasta el momento estas dos últimas no han obtenido una respuesta por parte de la Corte.
(Qué impacto tendrán los impuestos sobre la economía del país en 2023).
Varios gremios manifestaron que la no deducibilidad de regalías genera varios impactos negativos para el sector minero energético, al aumentar su tributación de forma artificial. A esto se suma que el articulado también implica una sobretasa de renta de entre 5% y 10% para las compañías petroleras.
La demanda de Cruz de Quiñones señala que “la norma, en consecuencia, no es clara respecto de cuál es el precio de referencia “Brent” que servirá para determinar la tarifa de la sobretasa”.
También resalta que hay dos demandas en contra del artículo 54, que es el relacionado con los impuestos saludables, que aún no se han admitido.
Una fue presentada por Juan Manuel Charry, quien pide que se declare inconstitucional el impuesto a las bebidas ultraprocesadas, dado que señala que se vulnera la libertad de empresa y libre competencia, es una “disposición irrazonable y desproporcionada”, entre otros. La segunda de Miryam Anaya, señala que, entre otras, no se garantizó el principio democrático.
De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), con la reforma tributaria se generarían ingresos adicionales en 2023 por $19,7 billones. Aún no se ha presentado cuáles serían los usos de los recursos. Esto se conocerá cuando el Gobierno presente el proyecto de adición presupuestal.
Se conoce que el monto de subsidios de Mi Casa Ya, así como el dinero requerido para no incrementar el valor de los peajes saldrá de esta adición.
PORTAFOLIO