Más allá de la presión fiscal de Colombia tras los esfuerzos por la pandemia y la necesidad de mayores ingresos, que es la principal razón por la que el Gobierno lanzó su proyecto de ley para una nueva reforma tributaria, la posibilidad de que las agencias calificadoras bajaran la nota del país y se perdiera el grado de inversión es la amenaza que acompañó la discusión en estos meses. No obstante, esa posibilidad estaría más lejos con el texto que se presentó al Congreso.
(Fitch se pronuncia sobre propuesta de reforma tributaria del Gobierno).
Esto porque según las calificadoras, la reforma como se presentó es un paso positivo para lograr la consolidación que demandan para mantener la nota.
Una de las voces es la de Richard Francis, líder de la calificación de Colombia en Fitch Ratings, quien a inicio de año aseguró que si no se aprobaba la reforma tributaria, el país perdería el grado de inversión. No obstante, su visión ahora es más optimista: “la propuesta está en línea con nuestras expectativas”, asegura.
E incluso, al analizar el cambio en el monto final del proyecto, que inicialmente se esperaba en alrededor de $26 billones y quedó en $23,4 billones ($30 billones y $28 billones respectivamente, sin descontar los recursos del SGP), Francis dijo que “la diferencia de $3 billones no es grande y no hará una diferencia material en nuestra decisión”.
Fitch Ratings publicó un informe sobre la propuesta, en la que destaca algunos puntos positivos. Afirma que “la confianza en que con la reforma se logre obtener ingresos estructuralmente más altos brindaría apoyo a la calificación”, al tiempo que recalca que “Fitch cree que estos aumentos permanentes en los ingresos son necesarios para estabilizar y comenzar a reducir la deuda pública”.
Pero lo que está claro que es pese a que el Gobierno presentó el plan, las calificadoras esperarán al resultado final para decidir sobre su calificación.
(El 49,7% del país subiría su poder adquisitivo con la tributaria).
Renzo Merino, vicepresidente del grupo de riesgo soberano de Moody’s y analista encargado de la calificación de Colombia, apunta que “la propuesta de reforma presentada es solo el punto de partida de la discusión”, y asegura que “analizaremos hasta qué punto mejorará la fortaleza fiscal y perfil crediticio”.
Además, Merino agrega que “si las medidas llevan a mejorar la trayectoria de deuda, y los cambios a la regla fiscal apoyan la reducción del déficit, esto daría mayor credibilidad y contribuiría a fortalecer el perfil crediticio. Por contraparte, si no son suficientes para estabilizar la deuda o si continúa deteriorándose, habría presión adicional”.
Por su lado, Francis apunta que “esperaremos la reforma final para evaluar su impacto. La clave es la capacidad del Gobierno para lograr una consolidación fiscal y estabilizar y reducir la deuda, que es más alta que la media de los ‘BBB’ y duplica el nivel de cuando Fitch subió a Colombia a grado de inversión en 2011”.
Cabe apuntar que si bien la percepción es positiva, también hay ‘peros’. Según Fitch, uno sería “la gran dependencia de los impuestos a la renta, pues los rendimientos son menos seguros, ya que dependerán del cumplimiento por parte de nuevos contribuyentes”.
Fitch también alerta de que el recorte de gastos podría tener un efecto limitado en las finanzas, que si la reforma no se aprueba antes de que terminen las sesiones se correría el riesgo de no aprobarla por el calendario electoral, y que la reforma por sí sola no será el único factor para poder incrementar los ingresos.
VISIÓN DESDE EL EXTERIOR
Aunque las perspectivas de las calificadoras son las que serán claves para definir si Colombia protege su grado de inversión, desde otras entidades la visión también fue positiva.
Es el caso, por ejemplo, de la Ocde. Jens Arnold, economista de la entidad para Colombia, asegura que “la reforma en conjunto nos parece muy positiva, y es una buena señal que combine una mayor recaudación con un refuerzo de la protección social”.
Además, Arnold cree que servirá para proteger la calificación: “es suficiente para demostrar que se mantiene el compromiso con la sustentabilidad fiscal”.
Aunque, eso sí, también ve margen de mejora, en aspectos como el social, en el que destaca que “uno podría ir más lejos a futuro, para ir mejorando e incluyendo también una discusión sobre las pensiones (…) En otros países, el sistema tributario contribuye mucho más a la reducción de las desigualdades económicas que en Colombia”.
Por último, Ben Ramsey, director de análisis de Latinoamérica para JP Morgan, y economista jefe para Colombia, califica la reforma de positiva: “generaría un impacto neto del 1,4% del PIB promedio después de un periodo de introducción gradual a partir de 2022”.
Eso sí, alerta sobre los efectos que tendría un recorte importante tras su paso por el Congreso. “Creemos que una previsión prudente para el resultado de la reforma sería un aumento de los ingresos (neto de nuevos gastos) del orden del 0,7% y – 1% del PIB. Más alto que ese rango sería un resultado relativamente positivo, mientras que por debajo probablemente sería problemático y haría que mercados y las agencias de calificación se sintieran mucho menos cómodos”.
PROYECTO, CON MENSAJE DE URGENCIA
En línea con la necesidad de que el proyecto de ley de reforma tributaria, llamada ‘Solidaridad Sostenible’, el presidente Iván Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, enviaron al Congreso -como lo habían anunciado desde la semana pasada-, una carta al Legislativo para tramitar con mensaje de urgencia esa iniciativa.
(Llamado de urgencia para el trámite de la reforma tributaria).
“La necesidad de optimizar la política fiscal en los aspectos atrás señalados se ha hecho ineludible e indispensable tras los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia ocasionada por el covid-19”, dicen en la misiva.
Con esa solicitud, el trámite para aprobar este proyecto de ley será más corto de lo que estipula el procedimiento ordinario del Congreso. Con eso, el Gobierno podría lograr que la reforma se pueda aprobar en junio, antes de que se termine esta legislatura.
Ahora, para empezar el deba- te, queda que el texto vaya para las comisiones económicas, donde se asignarán los ponentes del proyecto.