En medio de una coyuntura marcada por la salida de su jefa de Gabinete y de su embajador en Venezuela tras un escándalo nacional, el proyecto político de Gustavo Petro tiene otra preocupación que podría ser incluso mayor para el mandatario: la contrarreloj para que sus tres proyectos de reforma al sistema de seguridad social avancen en esta legislatura.
Sin contar las sesiones extras, sobre las cuales el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, ya ha dicho que se podrían convocar, por calendario al Gobierno le quedan solo 15 días de esta legislatura, y las reformas de la salud, laboral y pensional están navegando bajo un clima político complejo.
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De los tres proyectos el más avanzado es la reforma de la salud, que se radicó el 13 de febrero y solo hasta el 18 de abril se inició la discusión. Luego de romper la coalición que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño y de provocar un remezón ministerial en el que salió hasta Carolina Corcho –quién lideró esta reforma–, ya pasó su primer debate en la Comisión VII de la Cámara de Representantes y esta semana se prevé que enfrente su segundo ‘round’ en la plenaria de esta misma corporación. De la primera prueba solo salió sin nueve artículos, dentro de los que estaban la creación de los fondos regionales, criticados por los partidos por “permitir más burocracia”.
A este le sigue la reforma laboral. El proyecto también fue radicado ante la Comisión VII de la Cámara de Representantes, el pasado 16 de marzo, y tras varias semanas de discusiones y análisis entre el Gobierno y los ponentes, el texto para primer debate quedó listo el 17 de mayo.
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La semana pasada, el 30 de mayo, se citó la comisión para la discusión y votación, pero por falta de quórum no se inició la votación del articulado.
Por el lado de la pensional, el proyecto ingresó a la Comisión VII del Senado el pasado 22 de marzo, y el 30 de mayo se radicó la ponencia, para que sea discutido en su primer debate en el Congreso. Ante este panorama, la semana pasada la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, hizo un llamado al Congreso y a los partidos políticos para tramitar las reformas sociales del Gobierno.
“Colombia debe aprovechar esta oportunidad y hago un llamado al Congreso de la República, a los partidos políticos y a los colombianos y colombianas para que las reformas laboral y pensional, sean la oportunidad para la equidad, el equilibrio y que Colombia pueda seguir transitando hacia un país de derechos”, dijo Ramírez.
(Vea: Reforma a la salud: división en coalición de Gobierno la paraliza).
La coordinadora ponente de la reforma laboral, la representante por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, destacó la importancia de dar trámite a las iniciativas.
“Esperamos que salgan en las próximas semanas, pero lo que ha venido pasando con la reforma de la salud es preocupante. Si no salimos de esa reforma es más difícil que podamos dar trámite a la laboral en la Comisión Séptima. Aspiro que al menos logremos el primer debate, para que no se vaya a hundir por procedimiento legislativo”, dijo.
Vale destacar que los proyectos que hoy transitan por el Congreso distan ya de la ambición original del Presidente.
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FOTO: César Melgarejo. EL TIEMPO
En el caso de la reforma de la salud, el proyecto mantiene sus bases en el foco en la atención primaria como un elemento clave en el nuevo sistema que se propone, esto con el fin de prevenir enfermedades, así como la apuesta por los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps).
Además, se mantiene de las bases del Gobierno el giro directo de la Adres a las prestadoras de servicios.
Pero se diferencia del modelo inicial en que en aquel se pretendía restar muchas más funciones de las EPS, lo que para algunos analistas significaba “eliminarlas”.
Lo aprobado hasta ahora retoma una de las propuestas de los partidos Conservador y ‘la U’, en la que las EPS pasarían a llamarse Entidades Gestoras de Salud y Vida (Egsyv) y conservan ciertas funciones que las EPS tienen hoy en día, pero muchas otras sí son eliminadas.
(Vea: Petro dijo que marchará ‘al lado del pueblo’ para defender reformas).
Por el lado de la reforma laboral, la cual persigue modificar el Código Sustantivo del Trabajo, el Gobierno cedió con algunos puntos, como que el horario nocturno inicie a las 7:00 p.m. o que el pago del 100% en los recargos de los dominicales y festivos se implemente de manera gradual, pero se mantienen las bases.
En la pensional, por otro lado, la ponencia no tocó el corazón del proyecto: el tope de tres salarios mínimos, que determina que todas las cotizaciones deben ir a Colpensiones hasta este rango, pero sí modificó la edad de pensión para las mujeres en el pilar solidario y el contributivo, que ya no sería 65 años, sino 60.
Hay que decir que los proyectos han recibido varias críticas por sus costos o posibles efectos adversos. Y aunque instituciones como el Consejo Gremial han pedido al Gobierno un estimativo del impacto de los tres proyectos, son varios los cálculos independientes.
La pensional, por ejemplo, ha sido ampliamente cuestionada por entidades como Anif, Fedesarrollo y el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y también por Asofondos, el gremio de los fondos de pensiones. Entre los cálculos se ha hablado de incrementos de hasta 249% del PIB en el pasivo pensional (Anif), mientras que Fedesarrollo estima 30% del PIB.
Algo similar ha sucedido con la reforma laboral. Uno de los mayores opositores al proyecto ha sido Fenalco. Jaime Alberto Cabal, líder del gremio, ha alzado la voz por el impacto que traería sobre los empresarios. Incluso, un estudio elaborado por investigadores del Banco de la República calcula que por el aumento en los costos salariales, que podrían subir entre 3,2% y 10,7% más un aumento de hasta 1,9% en los costos de despido, se podrían perder hasta 450.000 empleos.
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Y la reforma de salud no se queda atrás. De hecho, es la que más críticas ha recibido por parte de los gremios de la salud, como Gertarsalud y Acemi, entre otros, pero también por centros de estudios como Fedesarrollo y hasta por políticos cercanos al Gobierno.
Además de las pocas claridades financieras, está la preocupación por las funciones que tendrían las gestoras y el papel de la Adres.
Bajo este difícil panorama político y con las elecciones regionales asomándose, los próximos días serán definitivos para la suerte de los proyectos. Si se llama a sesiones extras tendrían hasta el 30 de junio, aproximadamente, pero aún no se emite el decreto para la citación.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE Y CLAUDIA MILENA QUINTERO RUEDA
Periodistas Portafolio