Registrador responde a requerimientos de la Procuraduría – Gobierno – Política

Hace unos 15 días, la Registraduría Nacional del Estado Civil respondió los requerimientos que le hizo la Procuraduria General de la Nación sobre el proceso de contratación para la elección de los consejos de juventud, el cual ha sido objeto de polémica en los últimos días.

Así se lo dijo a EL TIEMPO el registrador Nacional, Alexánder Vega, quien aseguró que los 120.000 millones que se iban a invertir en esta jornada nunca llegaron a su entidad y que el modelo de contratación que se usó en este caso -selección abreviada- es el mismo que se viene implementado hace 30 años.

Finalmente, ¿qué va a pasar con la elección de los consejos de juventud?

En una reunión con el Presidente y los órganos de control, y teniendo en cuanta diferentes situaciones, la decisión fue suspender el calendario electoral hasta que el país regrese a la normalidad.

¿Y esta suspensión del calendario electoral qué implica para la elección de los consejos de juventud?

Teniendo en cuenta que esta elección es promovida por el Gobierno Nacional y hay una ley para ella, una vez el Presidente garantice que el país entra a la normalidad, el calendario electoral podrá reactivarse nuevamente, porque es una elección que se tiene que cumplir.

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Ante la suspensión de esta elección, ¿qué pasa con la logística y la contratación para ese proceso electoral?

Una vez suspendido el calendario electoral, igualmente se suspende y se cancela toda la contratación relacionada con las elecciones de jóvenes, y una vez se reactive, el Gobierno tendrá que revisar si hay recursos para hacerla.

¿Hasta dónde se había avanzado en ese proceso de contratación?

En nada. Tan solo se había avanzado en conocer las propuestas de los oferentes. No se había adjudicado ni se había evaluado ninguna propuesta. Tan solo se había abierto el proceso de contratación. Hay que dejar claro que los procesos contractuales, en cualquier elección, se deben sacar entre 10 y 12 meses antes a la fecha de la jornada. Esto debido a todas las etapas preelectorales que se deben cumplir. Es decir, un proceso de estos no se saca en dos o tres meses antes.

¿Y qué se iba a contratar en este proceso?

La operación logística y la organización de toda la elección, que es el proceso habitual que saca la Registraduría para todas las elecciones en los últimos 30 años.

¿Cuántas empresas acudieron a ese llamado que hizo la Registraduría para la contratación en estos comicios?

Se había presentado una unión temporal de varias empresas.

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¿Hubo algún tipo de injerencia de la Registraduría para que solamente se presentara una unión temporal a este proceso de contratación?

En lo absoluto. La modalidad de contratación es la misma de los últimos 30 años para las elecciones.

¿Qué explicaciones fueron las que pidió la Procuraduría?

En medio del acompañamiento que venía haciendo la Procuraduría se hicieron unos requerimientos que ya fueron contestados hace más de 15 días. Preguntaba por la modalidad de la contratación que se había utilizado y se respondió que era la modalidad de contratación que, por ley, se usaba siempre en los procesos electorales durante los últimos 30 años. Es decir que en el proceso de elección de consejos de juventud se replicabala modalidad que se ha venido usando en los últimos años en la Registraduría.

¿Es decir que el modelo de contratación selección abreviada que se iba a utilizar en este caso, selección abreviada, es el mismo que se ha venido usando en los últimos 30 años?

Sí, en los últimos 30 años y para todas las elecciones anteriores.

¿Y qué otra inquietud tenía la Procuraduría?

Preguntaron por qué se argumentaba el tema de seguridad nacional. Lo que se respondió fue que, teniendo en cuenta la ley y las jurisprudencias, todas las elecciones hechas por la Registraduría se hacen en el marco del concepto de seguridad nacional. Esto se aplicó en el plebiscito por la paz, en las consultas, en fin, en todas las elecciones del país.

¿Por qué?

Porque se considera que está en juego un derecho fundamental, que es el derecho a elegir y ser elegido, y además se utilizan los datos de los ciudadanos, los cuales tienen reserva legal. El Consejo de Estado, que es el máximo tribunal en los temas administrativos, por los que tenemos que regirnos nosotros, ha dicho esto en reiteradas ocasiones. Independientemente de la elección de que se trate se debe considerar que es un tema de seguridad nacional. Al respeto la jurisprudencia no ha hecho ningún tipo de exclusión.

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¿Los $ 120.000 millones de los que se ha venido hablando llegaron a la Registraduría?

Los 120.000 millones de pesos nunca llegaron a la Registraduría. El Ministerio de Hacienda los destinó, pero nunca fueron trasladados. Una vez cancelado el proceso de contratación, el Gobierno puede disponer de esos recursos para la pandemia.

¿Hubo acompañamiento de algún otro ente en este proceso de contratación?

También se pidió el acompañamiento de la Contraloría, la cual no ha manifestado nada. Se iba a organizar la mesa técnica para trabajar sobre este proceso de contratación, pero, teniendo en cuenta que quedó suspendido, se levanta esa instancia.

¿A qué adjudica que en la contratación para esta elección haya habido cuestionamientos?

El tema mediático alrededor la contratación de la Registraduría para las elecciones siempre ha sido objeto de discusiones frente a los costos que implica hacer una elección y, obviamente, dentro de los procesos contractuales, entre las firmas o empresas que se presentan existen, en algunas ocasiones, estas pujas.

Muchas personas se preguntan por qué no destinar los $ 120.000 millones que se iban a invertir en estas elecciones de los consejos de juventud para la pandemia, ¿qué responder a eso?

Totalmente de acuerdo, pero lo que sucede es que la Registraduría debe cumplir la ley y esta nos ordenaba hacer esta elección. Obviamente compartimos la recomendación que nos hicieron los órganos de control, en el sentido en que se debe disponer de todos los recursos posibles para salir de esta crisis.

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