La idea de una renta básica para los hogares más golpeados por la pandemia del coronavirus vuelve a tomar fuerza en el Congreso, con un proyecto de ley radicado por 68 congresistas (47 senadores y 21 representantes de nueve partidos). Pero, en paralelo a esa iniciativa, está el anuncio del presidente, Iván Duque, de alargar el programa de Ingreso Solidario hasta 2021. Ante esto, ¿cuál es la opción o el diseño de política pública más adecuado para mitigar el impacto de la crisis en los más vulnerables?
(Gobierno presentó hoja de ruta para la reactivación económica).
En el documento del proyecto de ley detallan que la idea es reemplazar las transferencias monetarias que ha reforzado o creado el Gobierno como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Devolución del IVA e Ingreso Solidario por el ‘Programa de renta básica de emergencia”.
(Empresas colombianas quieren contribución extra para ingreso solidario).
Según los cálculos de los congresistas, el costo fiscal de dicho programa sería de 31 billones de pesos en un periodo de cinco meses, lo que equivale al 3% del PIB.
Asimismo, el plan es darle a los hogares más vulnerables un salario mínimo mensual vigente ($877.802) en los tres primeros meses, y medio salario en los siguientes dos meses ($438.901). Ese dinero llegaría a 9 millones de hogares, lo que podría impactar a 30 millones de colombianos.
De acuerdo con Iván Marulanda, senador por la Alianza Verde y uno de los promotores del proyecto, al tener en cuenta que el promedio de personas por hogar en Colombia es de alrededor de tres, “cada persona por hogar podría recibir alrededor de $266.000. Eso sería un poco más de los ingresos básicos vitales, con lo que se podría superar la línea de pobreza monetaria. Eso es mucho más de lo que se está dando actualmente con el programa de Ingreso Solidario, que son $160.000”.
(ONU propone una renta básica inmediata y temporal).
Para el congresista, poner este proyecto de ley sobre la mesa en estos momentos es clave para atender las necesidades de personas que viven del ‘rebusque’ y que, por las restricciones de movilidad, han perdido sus fuentes de ingresos. “El Estado tiene la obligación constitucional de garantizarles a estas personas una vida digna, porque si no es así, van a salir a las calles a buscar ingresos y a engrosar el número de contagios”, agregó.
En cuanto a la financiación de esta medida en el corto plazo, la propuesta de los parlamentarios es que se haga a través de créditos, ya sea refinanciando o emitiendo nueva deuda pública o, incluso, con un préstamo del Emisor. Ante eso, Marulanda explica que “encontramos gastos de funcionamiento en el Presupuesto que no son indispensables y que podrían ayudar con el costo del programa. En otros países de Latinoamérica se están endeudando y nosotros todavía podemos seguir haciéndolo”, dijo.
Incluso, con el fin de que dicho programa también funcione en el mediano y largo plazo y que se logre implementar “un sistema de impuestos progresivo, equitativo y eficiente”, algunos senadores que presentaron el proyecto de ley de renta básica también suscribieron otro para hacer una reforma tributaria.
LO QUE DICEN LOS ECONOMISTAS
Para algunos de los economistas consultados, es clave tener un programa que le llegue a los hogares más vulnerables para evitar aumentar el número de personas en condición de pobreza, que según Fedesarrollo, se podría retroceder 10 años en la lucha contra esa problemática.
Sin embargo, dicen que la propuesta de los congresistas tiene un costo muy elevado para la capacidad fiscal que hay disponible en este momento en el país.
El economista Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, explicó que, precisamente, “la renta básica para cinco meses de Iván Marulanda equivale al costo de 15 años de Familias en Acción, y es proporcionalmente más alto al gasto total en aseguramiento en salud que hace Colombia”.
Lo mismo opinó Hernando José Gómez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, quien cree que pagar un salario mínimo es un valor muy elevado para las condiciones fiscales que tiene en este momento Colombia.
¿Y LAS AYUDAS DEL GOBIERNO?
La iniciativa se ubica frente al anuncio que hizo el presidente Duque el 20 de julio en la instalación del Congreso, de alargar el Ingreso Solidario hasta 2021, y que fue concebido para impactar a tres millones de hogares. Según el DNP, los $160.000 serán transferidos en los siguientes meses del año y, en total, esos hogares recibirán $900.000 en 2020.
Para Angulo, “el paso del Ingreso Solidario al Departamento de Prosperidad Social, sumado a las transferencias de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y la compensación del IVA, sí pueden configurar una renta básica de emergencia, siempre y cuando el Gobierno Nacional converja en unos valores parametrizados conforme a la capacidad de pago de los hogares”, detalló Angulo.
Gómez coincide con Angulo y apunta que juntando esos programas de transferencias se podría llegar a 19 millones de personas, haciendo algunos ajustes. “Con eso podríamos reducir a una mínima expresión el impacto de la crisis”.
Ante la posibilidad de una renta básica, el exdirector del DNP cree que es clave que se les pueda exigir a los beneficiarios que, por ejemplo, no dejen de llevar a sus hijos a los centros educativos, que se sigan presentando o postulando a programas de empleo y que participen en iniciativas de emprendimiento y capacitaciones.
Finalmente, Angulo concluye que “no hay que perder de vista que si se piensa en un programa de renta básica universal, este tiene que ser complementario a un plan de reactivación económica y no sustitutivo”.
UNA MEDIDA NECESARIA PARA REDUCIR EL HAMBRE
(Bloomberg) Los pagos de ingresos básicos temporales podrían frenar la propagación de la pandemia de coronavirus, al permitir que las personas más pobres del mundo se queden en sus hogares, según un nuevo informe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (Pnud).
De acuerdo con el Pnud, un pago garantizado de seis meses para 2.700 millones de personas que viven por debajo o justo por encima del umbral de pobreza en 132 países en desarrollo, costaría alrededor de US$199.000 millones al mes. El dinero para tales medidas podría provenir de una variedad de fuentes, dijo la agencia, incluida la reasignación de los pagos del servicio de la deuda externa. Incluso, el grupo de las 20 principales economías (G20) ha ofrecido una iniciativa de suspensión de la Deuda para las naciones más pobres del mundo, que cubre hasta diciembre.
Hasta el momento 42 países han solicitado ayuda bajo este plan.
María Camila González Olarte
En Twitter: @CamilaGolarte