Por Sya van der Walt-Potgieter
Imagínate haber pasado más de una década en un país, echando raíces, solo teniendo que volver a tu tierra natal de la que has huido muchos años antes. Este es el destino que les espera a casi 200 000 titulares de Permisos de Exención de Zimbabue (ZEP) que residen en Sudáfrica. Tienen hasta diciembre para solicitar visas convencionales o enfrentar la expulsión del país.
En noviembre de 2021, el ministro del Interior, el Dr. Aaron Motsoaledi, decidió no renovar los permisos y otorgó a los titulares un período de gracia de 12 meses para poner en orden su documentación. En enero de este año, el Gabinete anunció que el acuerdo finalizaría en diciembre y que los titulares de permisos deberían solicitar una visa para permanecer en Sudáfrica sobre la base de una lista de habilidades críticas.
Pero parece como si solo una fracción de los 178 000 titulares de ZEP hubiera aprovechado la oportunidad para hacer gestiones ante Asuntos Internos. En documentos judiciales, el director general de Asuntos Internos, Livhuwani Tommy Makhode, reveló que en el período de seis meses desde la decisión del ministro, solo 6000 titulares de permisos o el 4% habían solicitado visas.
¿Qué podría haber disuadido a estos titulares de permisos de solicitar visas? Las restricciones financieras y los criterios difíciles de cumplir para permisos alternativos posiblemente impiden que muchos presenten una solicitud y se enfrenten a no poder regresar nunca a un país al que han llamado hogar durante muchos años.
- Las solicitudes de visa cuestan R1750 por visa, más R800 adicionales para el certificado de autorización del Servicio de Policía de SA. Luego también están los informes médicos y radiológicos.
- Además, también requieren un certificado de autorización de la policía de Zimbabue y un pasaporte de Zimbabue, que serán válidos durante muchos meses después de la expiración de la visa que están solicitando.
- Cada miembro de la familia, incluidos los niños menores, que residen en Sudáfrica, debe presentar una solicitud, lo que significa que los costos se multiplican según el tamaño de las familias.
Varias organizaciones, incluida la Fundación Helen Suzman, han tomado el hacha de batalla para luchar contra la decisión de Asuntos Internos. En junio, la Fundación dijo que llevaría al gobierno a los tribunales por descontinuar los permisos, argumentando que la decisión convertiría a los titulares de ZEP en inmigrantes indocumentados. La Fundación dijo que la verdad del asunto es que los zimbabuenses afectados enfrentarían condiciones similares a las que los llevaron a huir de sus países de origen en primer lugar.
Desde 2005, aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de zimbabuenses han huido a través de la frontera hacia Sudáfrica, una potencia regional; y la economía más industrializada de África. Huyeron de la persecución, para la mayoría en forma de desalojos forzosos, masivos y selectivos que destruyeron hogares y medios de subsistencia, y de la indigencia económica cuando la economía de Zimbabue se derrumbó. Muchos también eran refugiados que huían de la brutal represión contra los opositores políticos del presidente Robert Mugabe tras las elecciones de marzo de 2008 en Zimbabue.
En 2009, el gobierno sudafricano introdujo una Dispensación de Permiso de Zimbabue (DZP) para legalizar a los muchos zimbabuenses que ya estaban dentro del país debido a la situación política y socioeconómica de Zimbabue. Se animó a los zimbabuenses que hasta entonces habían solicitado asilo a solicitar un DZP.
Al presentar la solicitud, sus documentos de asilo fueron retenidos por el Departamento del Interior. Alrededor de 295 000 zimbabuenses solicitaron el permiso. Se emitieron poco más de 245 000 permisos, denegándose el resto por falta de pasaportes o incumplimiento de otros requisitos. Los permisos tenían una vigencia de cuatro años.
En 2014, el DZP pasó a llamarse Permiso especial de Zimbabue (ZSP); y luego, en 2017, pasó a llamarse Permiso de Exención de Zimbabue (ZEP). Alrededor de 182 000 zimbabuenses solicitaron el permiso ZEP cuando comenzó el proceso de solicitud el 15 de septiembre de 2017.
Si estos titulares de ZEP regresan a su país de origen, se enfrentan a un futuro sombrío. Si bien el reinado de Mugabe terminó con su muerte en septiembre de 2019 en Singapur de cáncer, no ha cambiado mucho en ese país desde el punto de vista socioeconómico.
Las nuevas elecciones están programadas para 2023, pero ya se está cuestionando la posible imparcialidad de las mismas. Los militares aún dominan en ZANU-PF, y ha habido movimientos para dejar de lado a los miembros de la dirección del MDC a favor de una oposición ‘más complaciente’.
Por ahora, los zimbabuenses en Sudáfrica esperan que los tribunales fallen a su favor, arrojándoles un salvavidas para continuar residiendo en lo que denominan ‘la tierra de la leche y la miel’ en comparación con la que enfrentan.
