Durante la presentación de los resultados de la lucha anticorrupción en tiempos de coronavirus, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que se imputarán cargos y se solicitará medida de aseguramiento contra 10 alcaldes del país por presuntas irregularidades en la celebración de contratos firmados en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
Se trata de los alcaldes de Armenia, Manaure, Cereté, Socorro (Santander), Calarcá, San Antonio (Tolima) San Pedro (Valle del Cauca), Guaduas, Coveñas y Paracabildo.
Así mismo, el fiscal señaló que los alcaldes de Guaduas y Paracabildo ya fueron capturados.
«La Fiscalía verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país», manifestó el Fiscal Barbosa.
También se citará a interrogatorio, en calidad de indiciados, a 3 alcaldes más, y 3 gobernadores, por presunta corrupción durante la emergencia por Covid-19.
Por su parte, el contralor general de la República, Felipe Córdoba, señaló que se han evidenciado posibles sobrecostos en 84 municipios de los 119 examinados. Los más afectados son Floridablanca (Santander), Sabaneta (Antioquia), PuertoBoyacá (Boyacá) y Girón (Santander).
Según la Contraloría, la región Caribe es la de mayor riesgo. El porcentaje de presuntos sobrecostos es del 72% en un universo de contratos en el que el 24% tiene relación con la pandemia. Vale destacar que allí hay 18 municipios que no generaron alertas.
En el balance, la Contraloría asegura que en el 2020 se han suscrito contratos en el país que superan los 19,2 billones de pesos. De ese total, 3,3 billones tienen que ver con contratación por la pandemia de covid-19.
Dentro de esos contratos del coronavirus, el 32 por ciento, con un costo de 1,2 billones, son contratos a particulares por prestación de servicios. Pero el otro 68 por ciento, con un valor de 2,1 billones de pesos, son contratos para comprar insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos.
Dentro de ese universo de los contratos por 2,1 billones, la Contraloría ha identificado presuntos sobrecostos en el 21 por ciento, con una posible pérdida para el erario de 427.000 millones, situación por la que se han proferido 245 alertas.
Con esas alertas, dice la Contraloría, se ha logrado una renegociación de varios de los contratos que tenían sobreprecios. Así, contratos que inicialmente costaban 59.000 millones de pesos, pasaron a costar 46.000 millones, para una ganancia de 13.000 millones de pesos con el control preventivo.
También, por cuenta de las alertas, se han cancelado contratos que costaban 3.200 millones de pesos: en Medellín se canceló un contrato por 2.462 millones; en Guaduas (Cundinamarca) se cancelaron otros dos por 560 millones, y en Cali, otro por 62 millones.
De 30 gobernaciones en las que se analizaron contratos, solo en seis no se encontraron sobrecostos: La Guajira, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío y Caquetá.
SOBRECOSTOS EN LA ARMADA
Así mismo, la Contraloría también abrió una investigación a la Armada Nacional por sobrecostos en elementos de protección.
En este proceso fueron vinculados el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la oficial que realizó los respectivos estudios previos, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y la empresa contratista, Medivalle, a través de su representante legal, Anderson Gaminera Angulo.
El elevado sobrecosto en este contrato se determinó al comparar los valores pagados por la Armada frente a un contrato de la Policía Nacional donde se compraron tapabocas convencionales similares. Sin embargo, la Policía compró cada tapabocas a $750, mientras la Armada pagó el doble por unidad ($1.500).