Redacción
El encuentro entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro se reanudará este lunes luego de que se estableciera un receso de varias horas para que el Gobierno analice las 19 exigencias hechas por el Comité de Paro este domingo.
El encuentro se prolongó durante más de 3 horas y finalizó hacia las 6:30 de la tarde.
Con este encuentro se procura establecer negociaciones en procura de poner fin a las protestas que ya cumplen más de dos semanas.
Al momento de iniciar la negociación el Comité del paro puso sobre la mesa un documento que denominó ‘Garantías para el ejercicio de la protesta’. Son 19 puntos que ellos consideran que el Gobierno Nacional tiene que responder antes de pasar a la fase de la negociación.
Antes del encuentro las centrales obreras anunciaron una nueva convocatoria de manifestaciones para el próximo miércoles 19 de mayo.
(Comité de Paro convoca a nueva movilización para el 19 de mayo).
La delegación del Gobierno está integrada por los ministros de Vivienda, Jonathan Malagón, de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y del Interior, Daniel Palacios. También estaban Amapro García, subdirectora de Planeación, Nancy Patricia Gutiérrez, y como coordinador el comisionado de Paz, Miguel Ceballos.
Por el lado del Comité están delegados de los 26 sectores sociales que hacen parte de ese colectivo.
LAS 19 EXIGENCIAS
El Comité del paro planteó 19 puntos que considera debe responder el Gobierno antes de negociar.
El primer punto son las medidas inmediatas que deberán adoptarse para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y detener la violencia contra los manifestantes. En ese punto plantearon cuatro subpuntos.
Comienzan por pedir que el Gobierno debe abstenerse de adoptar cualquier medida que dé tratamiento de orden público al ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellos la declaratoria del Estado de Conmoción Interior.
Igualmente, retirar al Ejército y al Esmad completamente del control de las protestas y ordenar a la Policía que se abstenga de utilizar armas de fuego y otras que puedan producir heridas en las acciones de control.
El segundo punto planteado es que el Presidente «debe condenar inequívocamente los abusos de la Fuerza Pública y comprometerse a que esos actos no serán tolerados y serán investigados y sancionados”.
Además piden que el mandatario reconozca que existe responsabilidad de la fuerza pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública.
Y que el Ministro de Defensa presente disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza cometidas por el Esmad y la Fuerza Pública en el marco de las protestas. “Y como consecuencia deberán ser retirados del servicio los mandos de la fuerza pública comprometidos en estos abusos”, señalan las peticiones.
El tercer punto que piden es “ordenar a todas las autoridades públicas que se abstengan de continuar estigmatizando a la movilización ciudadana”, y rectificar públicamente las calificaciones de “vandalismo criminal”, “terrorismo vandálico”.
Como cuarto punto señalan que se deberán adoptar de inmediato medidas específicas para detener la violencia sexual contra las mujeres en el marco de las protestas, ejercida por la Fuerza Pública, empezando por prohibir que la Policía lleve a las mujeres en vehículos y a lugares masculinizados.
Igualmente plantean que el Gobierno Nacional deberá establecer un mecanismo expedito para que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación de sus derechos.
Pero no se quedan solo en esto sino que piden que haya mecanismos de verificación de las medidas para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y para detener la violencia contra los manifestantes.
En este punto piden que el Gobierno Nacional acepte de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas sociales.
Igualmente que se implemente el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”, tanto en el nivel nacional como municipal.
Además, crear de inmediato en la Fiscalía una unidad especial de alto nivel, y con toda la autonomía, para que se encargue de abrir y adelantar la investigación de todos los hechos de violencia cometidos por la fuerza Pública en contra manifestantes en las movilizaciones.
Y también que la Procuraduría deberá ejercer el poder preferente para asumir la competencia de todas las investigaciones disciplinarias contra los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas.
Mientras tanto, que la Defensoría del Pueblo deberá verificar que no se cometan actos de tortura, violencia sexual, vulneraciones debido proceso y otras violaciones a los derechos humanos de las personas que son detenidas en el marco de las protestas.
Paralelo a lo anterior piden medidas para establecer ajustes normativos e institucionales permanentes que garanticen el libre ejercicio de la protesta.
En eso dicen que se deben acatar sin reparos todas las ordenes de la sentencia de tutela decida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020 y en tal sentido responder el incidente de desacato presentado por las organizaciones accionantes.
Y establecer un proceso amplio de discusión sobre la reforma a la Policía Nacional.
Finalmente el Comité plantea que el proceso de negociación deberá contar con el acompañamiento del jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, de la jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julieth de Rivero y de la Conferencia Episcopal con Monseñor Héctor Fabio Henao.
Y terminan dejando en claro que el proceso de negociación, no implica la suspensión las movilizaciones y protestas convocadas por el Comité Nacional de Paro o por cualquier sector social.
