La votación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) en el Congreso colombiano ha generado una amplia discusión en torno a los riesgos fiscales que la medida podría acarrear. Exministros de Hacienda, como José Manuel Restrepo y José Antonio Ocampo, han señalado que el proyecto de ley plantea desafíos considerables para la sostenibilidad financiera del país, al duplicar la cantidad de recursos transferidos a los departamentos y municipios sin una definición clara de las competencias que estos asumirán.
El SGP es el sistema mediante el cual el Gobierno Nacional destina recursos a los departamentos y municipios para financiar sectores críticos como la salud, la educación y el saneamiento básico. La propuesta actual busca modificar la Constitución para aumentar las transferencias a las regiones, incrementando el porcentaje de ingresos nacionales asignados a los entes territoriales del 23.8% al 46.5%.
José Manuel Restrepo advirtió que, si bien la descentralización es un objetivo valioso, duplicar el monto de los recursos podría costarle a la nación aproximadamente 60 billones de pesos adicionales cada año, lo que requeriría implementar varias reformas tributarias. “Esta transferencia de recursos no puede ser de manera irresponsable. Duplicar el monto de recursos le costaría a la nación aproximadamente $60 billones adicionales anuales, es decir, casi lo equivalente a cuatro reformas tributarias”, explicó Restrepo, quien también resaltó que la falta de claridad sobre las competencias que se transferirían agrava el riesgo de un desequilibrio fiscal.
Ambos exministros resaltaron que la capacidad administrativa y técnica de los departamentos es un factor crucial. Según Restrepo, solo algunas regiones, como Antioquia y Atlántico, estarían en condiciones de gestionar eficientemente estos fondos y asumir las nuevas competencias. Sin embargo, otras zonas menos desarrolladas, como Chocó, podrían enfrentar dificultades para manejar estas responsabilidades, lo que aumentaría las desigualdades regionales y provocaría una administración ineficiente de los recursos.
José Antonio Ocampo, quien fue ministro de Hacienda en la administración de Gustavo Petro, ha expresado preocupación por la posibilidad de que la reforma derive en una “crisis fiscal aún más profunda.” Ocampo insiste en la necesidad de prever los gastos específicos que las nuevas competencias de los departamentos y municipios demandarán. “El peligro mayor es que genere una crisis fiscal aún más profunda de la que tenemos, porque prácticamente duplica en un periodo de 10 años las participaciones de las regiones en los impuestos nacionales”, enfatizó Ocampo.
Otro problema que destaca Restrepo es la falta de consenso dentro del Gobierno. Según el exministro, el Ministerio de Hacienda ha cambiado su postura en varias ocasiones respecto a esta reforma, lo que genera incertidumbre sobre el verdadero apoyo de esta entidad. A su vez, Restrepo mencionó que la reforma depende de un proyecto de ley futuro, aún no presentado ni debatido, lo cual condiciona la transferencia de competencias. Esta falta de alineación, sumada a la falta de consenso entre el Ministerio del Interior, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda, dificulta la aprobación y ejecución adecuada de la reforma.
La reforma al Sistema General de Participaciones plantea un desafío complejo y costoso para Colombia, que podría requerir múltiples reformas tributarias y una preparación administrativa sustancial en los entes territoriales. Las preocupaciones de los exministros de Hacienda reflejan la necesidad de implementar medidas de descentralización de manera ordenada, considerando la capacidad real de los departamentos y municipios para gestionar y administrar los recursos. La falta de consenso en el Gobierno añade complejidad a la situación, y la necesidad de un enfoque equilibrado y fiscalmente sostenible es cada vez más evidente en un momento crítico para las finanzas públicas del país.
