Continúa la negociación para establecer cuánto debe subir el salario mínimo para el 2023. El Gobierno nacional, empresarios y sindicatos tienen plazo de concertación hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo y, si no lo logran, el Gobierno lo establecerá por decreto a más tardar el día 30.
En esta oportunidad, las discusiones se dan en medio de un contexto macroeconómico complicado, con una inflación alta, tasas de interés subiendo, temores de una recesión mundial y una depreciación del peso colombiano, factores que han afectado el poder adquisitivo de los colombianos.
(Lea: Algunos gremios destapan sus cartas para el salario mínimo).
En términos técnicos, el incremento del mínimo debe estar basado en el aumento de la inflación, que en noviembre llegó a 12,53 por ciento anual, la más alta de los últimos 23 años. A la inflación se le suma la productividad total de los factores, que según la elección que hizo la mesa de concertación, es del 1,24 por ciento para este año.
Teniendo como base estos datos, se podría decir que el salario mínimo para el 2023 subiría, en principio, unos 134.600 pesos (13,46 por ciento) para quedar en 1’134.600 pesos. No obstante, expertos estiman que la inflación anual en noviembre, que será revelada por el Dane mañana, no bajaría, sino que, por el contrario, estaría por encima del 12,2 por ciento.
El centro de estudios económicos Anif proyecta que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería del 12,5 por ciento, por ende, sugiere que el incremento del salario mínimo ronde una cifra cercana al 13,9 por ciento, es decir, 139.000 pesos.
Aunque es loable que siempre se busque mejorar el poder adquisitivo de quienes ganan un mínimo, desde Anif consideran que si el aumento es superior a la fórmula de inflación más productividad se pueden lograr efectos indeseables, con un alza en el desempleo, que en octubre llegó a 9,7 por ciento, de acuerdo con cifras reveladas por el Dane. Desde diciembre de 2019 (9,45 por ciento), antes de la pandemia del covid-19, no se registraba una cifra de un dígito en Colombia.
“Debido a que más de la mitad (52 por ciento) de los trabajadores (formales) ganan menos de un salario mínimo, un incremento de los costos salariales por encima del ajuste por inflación y del aumento de la productividad puede imponer mayores barreras a la formalidad o incluso a la contratación”, aseguró Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif.
Además, se debe tener en cuenta que el mínimo funciona como indexador de 204 actividades, bienes y servicios, es decir que cada año suben de precio en la misma proporción que lo hace el salario mensual. Por lo tanto, un alza más allá de lo debido puede resultar contraproducente.
(Además: El llamado de Mintrabajo para el pago de la prima de Navidad).
Si bien el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha afirmado en varias oportunidades que se emitirá un decreto para eliminar esta indexación, aún no se conoce el borrador del mismo. A través del Plan Nacional de Desarrollo, que se presentará el próximo año, también se buscará que otros bienes y servicios tampoco estén atados a la inflación total que revela el Dane sino a la básica que publica el Banco de la República.
Desde Fedesarrollo indican que la variación del IPC se ubicaría en 12,3 por ciento, por lo tanto, el salario mínimo debería aumentar 13,5 por ciento para el próximo año, que equivale a 135.000 pesos, teniendo en cuenta que actualmente está en un millón de pesos.
Para esta entidad, la discusión del incremento debe tener en cuenta la importante desaceleración del crecimiento económico para el próximo año, que pasará de 7,7 a 1,5 por ciento; la alta incidencia de la informalidad laboral en el total nacional, que continúa cerca del 60 por ciento de la población ocupada, y la tasa de desempleo y que cerca de la mitad de los ocupados en Colombia tienen ingresos inferiores a un mínimo. A esto se suman las presiones inflacionarias que continúan afectando a la economía colombiana.
“Aumentos del salario mínimo superiores al sugerido por la regla de inflación causada y productividad pueden generar presiones adicionales al alza en la inflación del próximo año, puesto que una buena parte de esos aumentos en exceso podrían ser trasladados a los consumidores vía mayores precios de los bienes finales”, sostuvo Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.
Entre tanto, Aliadas, que agrupa a 7.000 empresas, considera que en la mesa de concertación se debe tener presente que existen proyectos de ley en el Congreso de la República que reducen la jornada diurna a las seis de la tarde y aumenta el recargo de dominicales y festivos a un 100 por ciento. De ser aprobados, se impactaría directamente los costos laborales.
Además, a partir de junio del próximo año la jornada laboral se reducirá en una hora, a 47 horas semanales, y el Gobierno nacional presentará una reforma laboral que presionará los costos de producción y operación, según Aliadas.
(Siga leyendo: Con un cierre de 2022 difícil, estos son los retos económicos en 2023).
“Un incremento del salario mínimo superior a la inflación generará brechas entre el mercado formal e informal de trabajo porque será más costoso contratar mano de obra, y seguramente hará más difícil disminuir la informalidad laboral. Adicionalmente, menos trabajo formal requerirá de un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno en salud y en pensiones para atender a los informales en el régimen subsidiado, y en largo plazo, a los que no lograron cotizar para obtener su pensión”, advirtió.
A la discusión de cuánto debería ser ese alza, también se unió Scotiabank Colpatria. Su análisis indica que si se tiene en cuenta que la inflación podría terminar este año en alrededor de 12,5 por ciento, un ajuste de 14 por ciento debería “ser el normal”, es decir, 140.000 pesos.
Sin embargo, cree que las negociaciones que se están llevando a cabo pueden resultar en que suba más allá de ese porcentaje, entre 15 y 18 por ciento, de acuerdo con las estimaciones de esta entidad, que resalta que el mercado está a la expectativa de conocer si la inflación tocó pico o no en el mes de noviembre.
Según Scotiabank, si el mínimo sube más de 15 por ciento (150.000 pesos) puede ser un poco inconveniente, ya que los costos laborales, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, se verían insostenibles en algunos casos, llevando a que deban despedir trabajadores. Por lo tanto, se aumentaría el desempleo y disminuiría la producción, generando un desagradable evento de recesión.
Teniendo en cuenta el dato de inflación anual que se conoce hasta el momento y la productividad, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, considera que el mínimo debe subir 14 por ciento, con el fin de recuperar el poder adquisitivo, pero sin lesionar los altos costos laborales, que pueden afectar la generación de empleo y la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas.
Igualmente, coincide con Aliadas que se debe tener presente que el próximo año habrá una reforma laboral que podría representar un incremento “muy fuerte” en los costos laborales si se añade un alza un salario alto. “Hacemos un llamado a la prudencia, a la sensatez y a tener un salario que le convenga al total de los colombianos y no solamente a los que hoy tienen empleo. Tenemos que preocuparnos por los desempleados y por los informales para que puedan llegar a la fuerza laboral formal que tiene el país”, agregó.
El líder gremial espera que el incremento para el 2023 se logre concertar entre el Gobierno nacional, los empresarios y sindicatos y no se deba establecer a través de un decreto. “Reconocemos una buena intención del Gobierno a través de los ministros de Trabajo, Hacienda y Comercio y ojalá antes del 15 de diciembre le podamos dar una buena noticia a los colombianos de un salario justo y equilibrado”, dijo.
Antes de revelar una propuesta de incremento unificada, los sindicatos presentarán una serie de peticiones para que sean discutidas en la mesa de concertación —y con la esperanza de que sean tomadas en cuenta— para mantener el poder adquisitivo de los colombianos.
Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), menciona que se requiere controlar las tarifas de energía eléctrica y se debe proveer de un mínimo de agua potable a todos los habitantes del país o controlar su precio, al igual que el de los medicamentos que se están pagando actualmente en el país.
También se pedirá que la Superintendencia Financiera no siga aumentando la tasa de usura, que ya se encuentra en 41,46 por ciento, además de tomar medidas frente a la disparada del dólar, ya que está afectando fuertemente la importación de alimentos y, por ende, a la inflación.
En esa misma línea, el presidente de Fenalco también comentó que, complementariamente a la negociación del salario mínimo, debe haber un acuerdo sobre programas de generación de empleo y de fortalecimiento de la capacidad de generar empleo para, especialmente, las micro pequeñas y medianas.
LINA QUIROGA
EL TIEMPO