Redacción
Una de las bases del salvavidas de Electricaribe, aprobado en la ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND), quedó en manos de la misma persona que la semana pasada tumbó la Ley de Financiamiento.
A través de un oficio, el magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo, aceptó estudiar una demanda a dos artículos del PND, por petición expresa de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén).
El gremio, en su texto, pretende “la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 18 y 314 de la Ley 1955 de 2019”, según se lee en la demanda, para la cual Linares debe preparara una ponencia y llevarla a sala plena del alto tribunal.
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Respectivamente, dichos puntos se refieren a las contribuciones adicionales que tienen que pagar las empresas del sector, con destino a diferentes entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Superintendencia de Servicios Públicos.
De acuerdo con el magistrado, se aceptó analizar dicha demanda, por cuenta de que las razones expuestas por el gremio tienen fundamento en la Constitución, y es que las contribuciones que tendrían que hacer dichas empresas no pueden dedicarse a “inversión”, ni tampoco a nutrir un fondo particular, como lo es el de la Superservicios.
Para César Lorduy, representante a la Cámara, “sorprendente en la decisión de demandar el artículo 314, que nutre de recursos a la Superservicios, que de una manera u otra se ha constituido en su aliado para desarrollar las actividades, de las cuales muchas de son pagadas con los subsidios, es decir, la misma Súper coadyuva para que sean aportados por el Gobierno Nacional y esa sobretasa no es nada distinta de la sobretasas que cobran las otras superintendencias como la Sociedades o de Puertos y Transporte, por la vigilancia, inspección y control”.
Esta, no obstante, no es la única querella que le pisa los talones al paquete minero – energético del PND (ver siguiente nota), ni tampoco al propio salvavidas financiero de la electrificadora.
El magistrado Carlos Bernal viene estudiando, desde hace unos meses una demanda del abogado Andrés de Zubiría, quien pide que se declaren inconstitucionales más de una decena de artículos del Plan de Desarrollo, entre ellos el 313, que es una de las claves para salvar a Electricaribe. Esta es nada más y nada menos que la sobretasa de $4 por kilovatio/hora que se les cobrará a los hogares de estratos 4, 5 y 6, y los industriales y comerciales a partir de las próximas semanas, pero que podría caerse en las altas cortes.
En concepto del abogado, “el objetivo de las disposiciones no es otro que el Estado descargue en los usuarios de los servicios públicos domiciliarios la crisis económica y de corrupción que han tenido en los últimos años diversas empresas privadas, en especial la denominada Electricaribe”.
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Y agregó que la Carta Política, donde se detalla que la prestación de los servicios públicos hace parte de la función social del Estado, prevalece sobre una norma inferior como lo es el articulado del PND. Esto, por supuesto, será analizado por Bernal, quien podría fallar la demanda a finales de este año o comienzos del próximo.
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Entre tanto, a comienzos de diciembre próximo se llevarán a cabo las subastas para entregar de nuevo a los privados la operación de Electricaribe, eso sí sin la asunción de su pasivo pensional, que será pagado por el Estado. Así lo confirmó la superintendente de Servicios, Natasha Avendaño, quien ha dicho que “esta es la solución estructural a esta problemática”.
