Luego de que la comunidad de Salaminita, Magdalena, se tomara las vías de hecho para que el gobierno municipal, departamental y nacional, dieran cumplimiento a los acuerdos pactados en materia de agua, infraestructura, salud y educación hacía esta población, los entes de control decidieron entrar a mediar la situación.
Tras la realización de una mesa de dialogo convocada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Oficina de Paz, Atención a Víctimas de Derechos Humanos y Posconflicto, la procuradora 46 de restitución de tierras para el departamento, recordó a los funcionarios públicos la responsabilidad que tienen con esta población.
“Abriremos procesos disciplinarios en contra de los funcionarios que no den cumplimiento a los compromisos pactados con la población se Salaminita el pasado 23 de marzo”, señaló la procuradora Luz Margarita Llanos.
Por su parte, la administración departamental convocó a una mesa interinstitucional con el fin de conocer el estado de atención a esta población víctima de la violencia y el conflicto armado.
“Se acerca la temporada invernal y nos preocupan los niños que dan clases debajo de un árbol. Por eso, buscaremos arrendar una casa mientras se surten todos los procesos legales para la construcción de las aulas”, indicó Lorena Martínez, Secretaría de Educación del Magdalena.
Finalmente, la comunidad apoyó la decisión de la Procuraduría y recalcó que realizarán trabajos de seguimiento a los compromisos pactados y cerciorarán que se cumplan órdenes emitidas por los jueces de la república.
Por último, la Personería Municipal de Pivijay indicó que todavía existen temas que preocupan a la comunidad como la falta del agua potable, ya que no cuentan con sistemas de acueductos para que cada habitante reciba el preciado líquido en sus viviendas.
“Nos vamos intranquilos con respecto a la construcción del acueducto porque no vimos compromisos serios al respecto2”, manifestó Ernesto Sierra Orozco, personero.
