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domingo, marzo 29, 2020

Se agrava panorama de derechos humanos en Buenaventura por llegada de población desplazada

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El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, corroboró de primera mano la situación crítica que enfrentan cerca de 430 personas desplazadas hacia la ciudad de Buenaventura (Valle) desde las comunidades de Agua Clara, zona rural de Buenaventura (Valle) y de Balsalito en el Litoral del San Juan (Chocó), e hizo un nuevo llamado a los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal para que intensifiquen la ayuda humanitaria de urgencia.

Las familias, que se encuentran alojadas de manera provisional en el Coliseo el Cristal, le han informado a la Defensoría del Pueblo dificultades en materia de alimentación, acceso al agua potable y acceso a la atención en salud, particularmente de los niños y niñas que han registrado enfermedades respiratorias y digestivas.

Durante una reunión en el Puerto sobre el Pacífico con funcionarios de la Presidencia de la República para hacerles seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno con las comunidades, el Defensor Otálora Gómez destacó que con este último, ya son 9 casos de desplazamientos masivos registrados durante 2014 (con un total de 2.007 personas afectadas), generados particularmente por el acoso de que son objeto las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan las riveras del río San Juan en el sur del Chocó y noroccidente del Valle, lo cual les ha generado estar en permanente confinamiento.

Las intimidaciones y hostigamientos de diferentes grupos ilegales (particularmente Farc, ELN y Los Rastrojos) mantienen en confinamiento a 19 comunidades indígenas y afrocolombianas en la zona baja del río San Juan en límites entre Buenaventura (Valle del Cauca) y el municipio de El litoral del San Juan (Chocó), lo que está generando problemas de seguridad alimentaria por la imposibilidad de que los pobladores realizan las labores habituales de caza, pesca y de cultivos de pancoger.

Las 19 comunidades confinadas son las siguientes: a) 3 comunidades indígenas de la zona rural de Buenaventura, Puerto Pizarro y Aguas Claras. b) 16 comunidades afrocolombianas e indígenas confinadas del municipio de El Litoral del San Juan, Pichimá Quebrada, Togoromá Quebrada, Loma Alta, Unión Balsalito, Unión San Juan, Puerto Guadualito, Nuevo Pitalito, Taponalito, Papayo, Las Palmas, Borrojón, San Bernardo, Guarataco, Buenvista, Tío Cirilio y Naldes.

La Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de otorgar ayuda humanitaria de emergencia por parte de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por cuanto las comunidades no tienen acceso a alimentos, víveres y medicamentos.

Defensoría del Pueblo

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