Las inversiones y las políticas que el gobierno del presidente Iván Duque prevé hasta el 2022 quedaron plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuya ley sancionó este sábado el mandatario durante el taller Construyendo País en Valledupar.
La hoja de ruta incluye una inversión de 1.096 billones de pesos, una apuesta decidida por sacar de la pobreza a 3 millones de colombianos; 37,1 billones de pesos en inversiones para la paz, metas en educación que pasan por incluir en el plan de alimentación PAE a 2 millones de niños más y una ambiciosa actualización catastral que permitirá pasar del 5,7 por ciento del área actual del país al 60 por ciento.
El PND también incluye decisiones polémicas como la posibilidad de exploración del suelo a través del ‘fracking’, la sobretasa a la energía por la crisis de Electricaribe, el puerto de Tribugá y los aranceles a la importación de prendas de vestir.
En esta entrevista, Gloria Alonso, directora del Departamento Nacional de Planeación, defiende la carta de navegación del Gobierno y afirma que la mayoría de los recursos se destinarán a la equidad “para que nadie se quede atrás”.
¿Qué diferencia hay entre este PND y los anteriores?
Este prepara a Colombia para el futuro y llevará el país hacia la cuarta revolución industrial. El cambio tecnológico y los avances hacia la transformación digital nos obligan a repensar las políticas para que nadie se quede atrás. Solo así podremos alcanzar tasas sostenibles de crecimiento superiores al 4 por ciento.
Por supuesto, este proceso comienza con la educación, y es ahí donde invertiremos la mayor proporción de los recursos en este cuatrienio: para las estrategias de equidad se destinará el 47 por ciento de los recursos del Plan, un poco más de 510 billones de pesos, lo cual incluye 216 billones para educación. Un monto histórico.
¿Cuáles son los grandes retos del Plan?
Fuimos explícitos con el reto: que 3 millones de colombianos logren salir de la pobreza. Con ese objetivo, el Plan busca aumentar la formalidad laboral al 42 por ciento, reducir el costo de la regulación, duplicar la inversión en innovación al 1,5 por ciento del PIB, consolidar una infraestructura de transporte y logística y aumentar la tasa total de inversión de la economía del 22 al 26,1 por ciento del PIB. Esto nos permitirá elevar el crecimiento potencial de la economía del 3,3 al 4,1 por ciento.
En definitiva, ¿cuántos recursos se invertirán en los próximos cuatro años?
El valor del Plan Plurianual de Inversiones del PND asciende a 1.096 billones, y todos los actores del Estado suman: el Gobierno central, los gobiernos subnacionales y el sector privado.
¿Qué porcentaje se destinará a las regiones?
El 78 por ciento de los recursos calculados estarán invertidos en el territorio nacional. Significa que en los próximos cuatro años, la inversión en las regiones puede alcanzar los 850 billones, con un alza del 36 por ciento frente al cuatrienio anterior.
¿Por qué se dice que este Plan es clave para el desarrollo de las regiones?
Si partimos de reconocer que existen brechas regionales y sociales, podremos ser más eficientes en la asignación de los recursos. A manera de ejemplo, en el Plan se especifican nueve regiones, y una de ellas son los océanos. Durante décadas, Colombia les ha dado la espalda al océano Pacífico y al mar Caribe, pero ahora el Plan los reconoce como fuente de riqueza natural, un patrimonio que hay que cuidar y una fuente de desarrollo para quienes habitan en nuestras costas. Esto es clave, pues los principales cinturones de pobreza están en esas zonas.
¿Qué proponen para reducir la pobreza en las regiones más afectadas, como Chocó y La Guajira?
Aunque a escala nacional la pobreza se redujo entre 2002 y 2017, Chocó y La Guajira están rezagados. Por eso hay una estrategia especial para estos dos departamentos, así como para Buenaventura y Tumaco.
Con el fin de mejorar esos indicadores se rediseñarán los programas y se encauzarán mejor los recursos, a través de la mesa de equidad que se crea en el Plan y que orientará la institucionalidad del Gobierno al objetivo común de reducir la pobreza.
¿El Plan atiende los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se comprometió Colombia?
Sí. Está conectado con esos objetivos al 2030. Esto significa reducción de la desigualdad, educación de calidad, trabajo decente, crecimiento económico, salud y bienestar, paz, justicia e instituciones sólidas y fin de la pobreza. De hecho, el 92 por ciento de las metas se enfocan en dejar a Colombia en la senda para cumplir con dichos objetivos. Es un pacto para construir entre todos el país que queremos.
Los críticos del Plan advierten que no hay lineamientos ni recursos para la paz, ¿es así?
No, no es cierto. Existe un compromiso claro con la construcción de paz y con el cumplimiento de lo acordado. Allí se incluyó la implementación del acuerdo, tal como lo estableció el Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2016. El Plan Plurianual de Inversiones para la Paz asciende a 37,1 billones de pesos, recursos que serán destinados a las víctimas, el proceso de reincorporación y la sustitución de cultivos ilícitos, así como a la población con mayores índices de pobreza extrema, con economías ilegales, con debilidad institucional y con violencia, especialmente en los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).
¿Qué les dice a quienes señalan que no hay estrategias ni recursos para el desarrollo rural?
Las cifras desvirtúan esas afirmaciones: de los 1.096 billones de pesos del Plan Plurianual de Inversiones, 227,4 billones se destinarán a programas y proyectos transversales para apoyar el desarrollo económico y social de la ruralidad colombiana. El Plan estructura una reforma profunda de la manera como se lleva a cabo la gestión catastral en Colombia, lo cual permitirá pasar de solo el 5,7 por ciento del área del país con actualización catastral de hoy al 60 por ciento en 2022.
¿Existe una meta puntual de crecimiento para el sector agropecuario?
Uno de los grandes objetivos es elevar del 2 al 4 por ciento el crecimiento anual de este sector. Por eso, 550.000 productores recibirán asistencia técnica, 300.000 campesinos se vincularán al programa Agricultura por Contrato y las exportaciones agropecuarias aumentarán en un 22 por ciento.
¿Y en educación?
Las metas de educación son prioritarias y cuentan con suficientes recursos financieros. El objetivo es llegar a 2 millones de niños con educación integral inicial: pasar de 5,3 millones a 7 millones en el Plan de Alimentación Escolar (PAE), duplicar los estudiantes en jornada única en colegios oficiales (de 900.000 a 1’800.000) para que todos tengan formación integral, avanzar de manera gradual en gratuidad para 320.000 jóvenes, aumentar la cobertura en educación superior del 53 al 60 % y reducir los tiempos para convalidación de títulos en educación superior.
¿Y en salud?
Se actuará de inmediato para el saneamiento de la deuda del régimen contributivo de salud a 31 diciembre de 2019. Nuestro objetivo es elevar el índice de desempeño de los 922 hospitales públicos para mejorar la calidad de los servicios.
¿Se eliminan subsidios en los servicios públicos?
Durante el trámite del Plan en el Congreso se desató una ola de especulaciones al respecto, pero la realidad es que se mantienen los subsidios de energía para los estratos 1, 2 y 3. Además, se ampliarán las coberturas en servicios públicos así: electricidad para 100.000 hogares, gas para un millón de hogares, agua potable y manejo de aguas residuales para 3 millones de hogares y programas de sustitución de electrodomésticos de mayor eficiencia energética para 150.000 hogares.
Finalmente, varios analistas aseguran que la economía está frenada. ¿Qué se va a hacer desde el Plan para impulsar el crecimiento económico?
Mucho, pues no se trata solo de aumentar la productividad y la inversión. Recordemos que la ley de financiamiento, aprobada en 2018, le da un gran impulso a la inversión, y por eso su impacto debe comenzar a reflejarse, ojalá, a partir del presente año. También vamos a acelerar los proyectos con recursos de regalías, a terminar las obras inconclusas y a incentivar la generación de emprendimiento y de empleo con la reducción de trámites y la formalización de las empresas, acompañadas de un entorno de transparencia y legalidad.
EL TIEMPO