Entre un sector de la población se viene gestando un Cabildo Abierto que esperan realizar con la presencia del alcalde Mohamad Dasuki, porque necesitan discutir varios asuntos de interés para la comunidad y es una obligación del mandatario que deba asistir a esa sesión.
Cabildo Abierto era una forma de participación ciudadana simple y un funcionario de la Alcaldía no ocultó su preocupación por lo que pudiera pasar si el colectivo ciudadano toma en serio la decisión de realizarlo y participar efectivamente en él.
Y es que, desde hace varios días, un grupo de ciudadanos orientados por la joven Margarita Crespo Habib y otras inquietas personas decidieron acogerse a dicho mecanismo para lograr del alcalde Mohamad Dasuki un informe de gestión basado en tres puntos básicos: Seguridad, Convivencia y Juventud.
En esta audiencia pública convocada por estos ciudadanos con base en unas firmas obtenidas de parte de la comunidad, se hará control social al Mandatario donde deberá responder un cuestionario popular.
Una semana después, una vez analizadas las respuestas, los convocantes se reunirán de nuevo con el alcalde para lograr una agenda de compromisos, según Margarita Crespo, con base a lo hecho por el alcalde en las tres últimas vigencias.
En este momento, el ejercicio y pedagogía de la recolección de firmas, se realiza en todas las comunas donde se busca concientizar a los líderes, voceros comunales y ciudadanía en general que quiere el beneficio común.
A través de un documento oficial radicado en la registraduría denominado ‘Concejales a Puyengue’, no más cuentos, queremos cuentas, los activistas del cabildo, desean saber del ejecutivo y el legislativo qué se ha hecho en esta administración por la seguridad, la convivencia ciudadana y la juventud del municipio fronterizo.
El Cabildo Abierto, a la luz de la constitución, es una reunión pública de los concejos distritales, municipales o las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.
La misma norma establece, que es obligación del gobernador o alcalde correspondiente, asistir a la sesión popular propuesta por los activistas.
