Redacción
Ana María Palau, consejera Presidencial para las Regiones, afirmó que están invirtiendo $6 billones en este municipio y que a finales de este año se habrán cumplido 125 de los 204 acuerdos establecidos con el Comité del Paro Cívico de 2017.
Desde enero hasta el 7 de febrero, según datos de Indepaz, por lo menos 156 familias (653 personas) tuvieron que desplazarse forzosamente de Buenaventura. En la ciudad hay presencia del Clan del Golfo, el frente 30 de las disidencias de las Farc, el Eln, y las bandas La Empresa y La Local. El recrudecimiento de la violencia se debe a los enfrentamientos de dos divisiones de esta última: Los Shotas y Los Espartanos.
Los lideres estiman que en enero hubo, al menos, un muerto cada día. Por eso las organizaciones sociales y la población se han manifestado contra los asesinatos, desplazamientos, desapariciones y enfrentamientos. El obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, reveló en la última semana que fue amenazado a través de un mensaje de WhatsApp en el que le advirtieron que le pondrían una bomba. Jaramillo viene denunciando desde hace varios meses la crisis de seguridad. Fue él quien lideró la cadena humana por la paz, una jornada de manifestación pacífica donde los bonaverenses salieron a las calles a exigir la presencia del Gobierno.
El 3 de marzo la Defensoría del Pueblo alertó que 28 familias salieron desplazadas de San Antoñito, Río Yurumanguí, zona rural del municipio. Asimismo, 157 familias de la comunidad de Juntas se encuentran encerradas en sus casas sin poder salir por la presencia de grupos armados.
El secretario de gobierno de Buenaventura, Ulpiano Riascos, reconoció en un encuentro de la Fundación Color de Colombia que la acción del Gobierno ha sido efectiva, pues “en menos de 50 días, se han logrado más de 100 capturas de miembros de estas facciones del grupo La Local”. Aún así, dijo que la solicitud de Buenaventura no fue atendida a tiempo, pues pidieron acciones durante todo el 2020 y no recibieron respuesta. “De haber recibido el auxilio desde marzo del año pasado, esta situación que vivimos no se habría presentado”, aseveró. Asimismo, las organizaciones sociales han manifestado que son pocos los avances palpables de los acuerdos establecidos en 2017 con el Comité del Paro.
En entrevista con El Espectador, Ana María Palau, consejera Presidencial para las Regiones, respondió a estas críticas y aseguró que en Buenaventura se está haciendo una intervención integral.
¿Cuáles son los avances en los acuerdos establecidos con el Comité del Paro Cívico en 2017?
La inversión y la gestión del Gobierno nacional en Buenaventura no se limita a estos acuerdos, son solo una de las variables. El Comité del Paro tiene una representación local, pero no representa todos los bonaverenses; surge a través de una solicitudes puntuales de los líderes de la época, de ahí se trazó una hoja de ruta prevista para 10 años.
El Gobierno tiene un compromiso irrestricto con honrar los acuerdos, gestionar los recursos y con la creación del fondo, que es una ley de la que el presidente fue ponente cuando era Congresista. En 2017 y 2018 se presentó la configuración del comité y se hizo la sanción de la ley 1872 (a través de la cual se creó la instancia). En 2017 no se destinaron recursos, después se dio la transición de Gobierno y se instaló el FonBuenaventura, para que a través de ese fondo se destinen los recursos para ejecutar los proyectos.
En 2019 se presentaron varios avances en términos de estructurar la hoja de ruta, ya en 2020 vemos los avances sustanciales. La ruta estratégica que se definió está compuesta por 204 acuerdos. Actualmente, más de 103 cuentan con ruta crítica, es decir, ya hubo un acuerdo respecto a cómo se van a ejecutar. Además, 35 acuerdos ya están cumplidos con su certificación correspondiente y otros 10 están en proceso de terminar la certificación. Destacamos que por primera vez estos acuerdos tienen una línea de base, un plan de choque, una ruta crítica, un esquema de seguimiento. Nuestra meta es cumplir 80 compromisos en 2021. Estos se sumarían a los que ya tenemos cumplidos y así llegaríamos a 125 de los 204.
Asimismo, ya el fondo cuenta con recursos. Inicialmente, está en ejecución el estadio, uno de los proyectos más emblemáticos para Buenaventura, que representa más de $13.000 millones, de la mano con el Departamento Nacional de Planeación y con el Ministerio del Deporte.
Y además de estos compromisos ¿Cuáles son las otras inversiones?
En proyectos ejecutados tenemos una inversión que supera los $620.000 millones en materia del sector transporte, educación, agua y saneamiento – que es uno de los pedidos históricos de la ciudad- agricultura, comercio, industria y turismo. También sacamos adelante la remodelación de la plaza de Mercado con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Fontur y la Alcaldía.
Tenemos en ejecución otros $660.000 millones en materia de transporte, educación, emprendimiento, infraestructura cultural, vivienda; a esto se suman inversiones en el marco de “Todos Somos Pacífico” con el Ministerio de Vivienda y el plan de choque de los acuerdos del paro con $400.000 millones adicionales para acueducto y saneamiento. Asimismo, en el marco del Compromiso por Colombia, nuestra apuesta por la reactivación del país, priorizamos dos proyectos para Buenaventura: la alianza público-privada de la vía Buga- Buenaventura y para El Paso por Buenaventura, la vía Simón Bolívar.
Si sumamos todas estas inversiones, podemos decir que son más de $6 billones durante este gobierno para toda la intervención integral. Estamos haciendo un trabajo articulado con la Gobernación, la Alcaldía, la bancada del Valle del Cauca y el sector privado para que los proyectos lleguen a feliz término. Hay dos proyectos adicionales: la iniciativa privada para el dragado del canal de acceso y la intervención en el aeropuerto.
¿Cuáles son los logros puntuales en términos de seguridad durante el último mes en Buenaventura?
El Ministerio de Defensa y el Ministerio del interior encabezan el tema. Por solicitud del presidente se ha hecho un esquema de atención inmediata para generar tranquilidad de los bonaverenses, con diferentes ejes de intervención: 1.200 hombres adicionales de la Fuerza Pública; se fortaleció el esquema de cámaras y el esquema para atender las denuncias y hacer las respectivas judicializaciones. Se han dado golpes importantes a las facciones de La Local. Somos más los que queremos sacar a Buenaventura adelante.
Las autoridades locales han señalado que la ayuda por parte del Gobierno sí llegó, pero llegó tarde. ¿Qué dice frente a eso?
Buenaventura ha sido uno de los territorios que más se ha beneficiado en inversión social. A la fecha, tenemos más de 87.300 beneficiarios de programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en acción. Más de siete programas en los que hemos invertido más de $126.000 millones. Si bien es importante la inversión en términos de infraestructura, conectividad y competitividad, también estamos comprometidos con los hogares más vulnerables. Seguiremos trabajando, no sólo para atender la inmediatez en medio de la crisis, sino también con programas que nos permitan seguir fortaleciendo la educación de los jóvenes. En Buenaventura estamos beneficiando, a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal, a más de 345 empresas, unos 5.000 empleados.
En la última semana se denunciaron desplazamientos por presencia de grupos armados en la zona rural de Buenaventura. Además, se conocieron las amenaza de muerte contra monseñor Rubén Darío Jaramillo quien ha denunciado la situación. ¿Desde el gobierno se ha planteado alguna estrategia?
Aunque este es un tema que no le compete a la Consejería, el mandato del presidente es que el Gobierno nacional, departamental, local, articulado con todo el aparato estatal, le haga frente a cualquier anomalía que se presente en Buenaventura. Puedo asegurar que se están disponiendo todas las medidas.
¿Cuáles son los retos de Buenaventura?
Uno de los retos es que logremos tener a la mayor brevedad los proyectos estructurados para seguir dinamizando la inversión. Una de las fallas históricas ha sido la ausencia de proyectos estructurados que permitan la ejecución de los recursos. Buenaventura, además, es un municipio PDET y puede seguir solicitando recursos a través del Sistema General de Regalías.
El Espectador
