Sin que se haya empezado a tener la discusión formal de la reforma a la salud en el Congreso de la República, la radicación de la misma ya le empezó a generar problemas al gobierno de Gustavo Petro, al parecer, porque el proyecto fue registrado de forma equivocada.
La duda se fundamenta en que el proyecto, como lo presentó la ministra Carolina Corcho, fue con trámite de ley ordinaria, es decir cuatro discusiones, dos en Senado y dos en Cámara, incluso con la posibilidad de que se pueda discutir con mensaje de urgencia (forma conjunta) y en sesiones extraordinarias.
Esa postura, la del trámite, la defiende la ministra Corcho al asegurar que este proyecto lo que hace es implementar la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en la cual se determinó que la salud es un derecho fundamental de los ciudadanos. La 1751, por su condición de ley estatutaria tuvo que ser revisada por la Corte Constitucional que, luego de su estudio, validó lo aprobado.
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Cabe recordar en el gobierno de Iván Duque se cayó el proyecto de ley de reforma al Código Nacional Electoral en su trámite de revisión en la Corte Constitucional. Parte de su articulado fue votado y aprobado en las sesiones extras del año 2020, por lo que la iniciativa se hundió.
Bajo el concepto del gobierno Petro, el proyecto de la salud le correspondería discutirlo a las Comisiones Séptimas del Senado y la Cámara, que son las encargadas de estudiar los asuntos de la salud y laboral, mientras que si fuera una ley que se deba tramitar como estatutaria le corresponde a las Comisiones Primeras, que son las que abordan los asuntos constitucionales.
Una de las voces que señala que el trámite del proyecto está equivocado es el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. “Advierto su naturaleza de ley estatutaria que exige trámite por comisiones primeras, mayorías calificadas y 4 debates en sesiones ordinarias antes de junio. ¿Será suficiente tiempo 3 meses?”, dijo el Senador.
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Explica el senador opositor que en el artículo 152 de la Constitución y en fallos de la Corte Constitucional se establece que si un proyecto pretende regular derechos fundamentales, como en este caso el derecho a la salud, debe tramitarse como Ley Estatutaria.
Según Motoa “pretender discutir la Reforma en las comisiones séptimas es violatorio de la Carta Política, lo que empieza mal termina mal, se debe discutir en comisiones primeras en sesiones ordinarias en el tiempo comprendido entre el 16 de marzo y el 20 de junio».
Y agregó que «es un tiempo demasiado estrecho para un proyecto de tanta importancia, para socializarlo, hacer audiencias públicas, visitar las regiones y que los ciudadanos se manifiesten sobre la iniciativa, a menos que piensen ‘pupitrearlo’ como lo han hecho con la Reforma tributaria y la ‘Paz Total’”.
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Otra advertencia la hizo el hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, quien desde su cuenta de Twitter que dijo que “todo indica que el primer debate que tendrá el proyecto sobre la reforma a la salud será determinar si esta se refiere a una ley estatutaria o una ordinaria. De ello dependerá que la conozca en primer debate la Comisión Primera o Séptima”.
Desde el Partido Liberal, que hace parte de la coalición de Gobierno, también se asegura que el proyecto se radicó mal. El senador Alejandro Vega recuerda que la reforma a la salud por ser un proyecto estatutario no se puede discutir en sesiones extraordinarias. “El artículo 152 de la Constitución y la Corte Constitucional establecen claramente que, si una ley toca elementos conceptuales y estructurales mínimos de un derecho fundamental y pretende regularlo integralmente, se está ante una Ley Estatutaria”.
El también senador liberal Alejandro Chacón, en compañía del senador de la Alianza Verde, Humberto de la Calle Lombana, preparan un documento jurídico en donde sustentarán por qué es ley estatutaria. “Se les va a caer la reforma, se equivocaron en el trámite, corrijan antes de ser tarde”, advirtió Chacón.
Otra voz que pide al gobierno verificar si hay equivocación en el trámite, lo dio la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien considera que es el texto es de ley estatutaria”.