La nueva reforma tributaria presentada por Gustavo Petro a un día de haber tomado posesión de la Presidencia pretende recolectar $25,9 billones al año. Este Proyecto de Ley incluye una serie de modificaciones a tributos anteriores que impactarían a ciertos sectores. La segunda fuente con mayor peso en los ingresos como está planteado sería el impuesto a las exportaciones extraordinarias de carbón, petróleo y oro. Con la implementación de este, el Estado recibiría $5,87 billones.
El tributo busca gravar las ventas que se hacen al exterior. Sin embargo, para el consumo de los energéticos en el país, el articulado también propone una modificación a otro impuesto ya existente: el de carbono. Este abarcaría una gama más alta de energéticos, desde gasolina, Acpm, jet fuel, hasta gas natural.
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En el caso del primero de los gravámenes expuestos, lo que propone la reforma es que una vez el petróleo, carbón u oro superen cierto umbral de precios, se le cobre un impuesto de 10% sobre el valor extra. Los umbrales son US$48 (barril), US$87 (tonelada) y US$400 (onza troy) respectivamente.
Los cálculos del Ministerio de Hacienda, liderado por José Antonio Ocampo, es que con los precios actuales (8 de agosto) de cada uno de los productos, la sobretasa efectiva sería de 4,6% en crudo; 7,6% en carbón y 7,8% en oro.
Julio César Vera, expresidente de Acipet y presidente de Xua Energy, expresó que uno de los posibles efectos de esta medida es que la rentabilidad de las compañías caiga y por consiguiente, habría una disminución en la inversión. “En un escenario de recesión como el que se viene, en el que los recursos son más escasos, seguramente generaría una caída en inversión y una disminución a mediano y largo plazo de las reservas y producción”, asegura.
A este punto, Juan Carlos Rodríguez, director del Departamento de Energías de la Universidad de América, añade que esto tenderá a afectar hacia el mediano y largo plazo los ingresos por impuestos y regalías en la medida en que la producción podría tender a la baja.
Vera señala que en el contexto global la medida tiende a generar menor competitividad. Destaca que si los otros países mantienen sus condiciones, el efecto es que se genera un incentivo hacia la irrigación de recursos a otros países.
“Decisiones como estás no solo deberían ser vistas desde el punto de vista fiscal, sino desde la competitividad del país como destino de inversión”, concluye.
En el caso del segundo gravamen propuesto (al carbono), los expertos encuentran que también tendrá una serie de efectos. Se trata de una modificación al artículo 221 de la Ley 1819 de 2016 con el que se incrementan los valores a pagar por cada tonelada de CO2 emitida.
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Vera explica que lo que hace es ajustar el valor a la Tasa Representativa del Mercado actual, para que el pago sea de US$5 por el kilogramo de CO2 equivalente. La reforma propone que por cada kilo se pague una tarifa de $20.500 y le será aplicada al carbón, fuel oil, Acpm, jet fuel y gas natural entre otros.
Rodolfo Anaya, presidente de Vanti y presidente del Consejo Directivo de Naturgas, destaca la iniciativa del Gobierno en términos de transición energética y cuidado del medio ambiente. “Este articulado busca gravar a los combustibles más contaminantes, como el carbón, que no había quedado gravado en la anterior reforma. En el caso del gas es para algunos usos”, dice Anaya.
Con la modificación, por ejemplo, el valor que se tendría que pagar por cada galón de gasolina sería de $181. Esto representa un incremento de $23 frente al valor que se pagaba anteriormente (usando el valor de referencia para Bogotá). En el caso del Acpm, el impuesto es $208 por galón, $36,1 adicionales, teniendo en cuenta como referencia también a la capital. Esta tarifa tendrá un ajuste cada 1 de febrero que será el IPC+1, hasta que alcance las 3 UVT por kilo. Sobre este punto, María Paula Sánchez directora del Área de Aduanas de Posse Herrera Ruiz, señala que esto encarece la cadena de comercialización de combustibles fósiles “que siguen siendo fundamentales en la matriz energética nacional”. Considera que este es un reto del Gobierno para evitar que haya efectos en precios de servicios públicos.
Para el caso del carbón, por cada tonelada se deben pagar $52.215 y tendrá una implementación gradual, de forma que en 2028 pague la totalidad.
“Estas cargas se verán reflejadas en el incremento de los costos de producción de la pequeña minería, así como de los precios de productos básicos como la energía, el cemento, el ladrillo, el vidrio entre otros”, asevera Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón. Manifestó que tendrá un efecto directo en la competitividad del sector tanto para el caso del carbón térmico como para el coque usado en procesos industriales.
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Por su parte, Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes y experto en energía, destaca que 9% de la energía se produce con carbón, con lo que un incremento afectaría el precio de este servicio a los consumidores.
Daniela Morales Soler