Redacción
A un mes de la cuarentena nacional, la crisis por la que atraviesa el mundo, de la que Colombia no ha sido ajena, ha puesto sobre la mesa distintas discusiones entre las que está fortalecer la red de protección social actual del país, a través de un seguro para el desempleo y una renta básica para los hogares pobres o con alta probabilidad de caer en la pobreza.
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El primero de estos, según los expertos sería un poco más pensado para un futuro cercano y el segundo, para la actual coyuntura o para que se quede.
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De acuerdo con Jaime Tenjo, director del departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, una vez el país salga de esta coyuntura, “nos va a tocar pensar muy en serio en cosas que no hemos pensado hace mucho, como qué tipo de economía queremos. Hay que pensar en construir un sistema de protección social mucho más grande y eficiente. Por ejemplo, montar un seguro de desempleo robusto, algo que no se ha podido hacer”.
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Por su parte, Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, dijo que se debe evaluar “la incorporación de ‘amortiguadores sociales’ que permitan mantener el ingreso de los afiliados en periodos de crisis a cargo del sistema integral de seguridad social como prestación económica por la cobertura de este riesgo”.
Sobre el costo fiscal que podría traerle al país implementar un seguro de desempleo robusto y una renta básica, Juan Camilo Cárdenas, decano de Economía de la Universidad de Los Andes, dijo que esta es una variable importante. “Dependiendo de la cobertura, montos y lapsos de tiempo en que se otorgarían esas dos soluciones, el costo fiscal es mayor”.
Respecto a la renta básica, Anif planteó hace unos días la creación de una que sea semi-universal, pues no se le daría a toda la población, sino a un grupo elegible por la emergencia del coronavirus. Esto “consiste en una transferencia monetaria a los hogares pobres, pero también a aquellos que tienen alta probabilidad de caer en la pobreza”.
El centro de estudios económicos propone que los elegibles sean a través de dos categorías. La primera incluiría a afiliados al Régimen Subsidiado en salud mayores de 16 años. Grupo en el que estaría la población pobre, algunos desempleados, asalariados informales y trabajadores por cuenta propia con educación secundaria.
La segunda tendría en cuenta a los trabajadores asalariados formales, por cotización a salud, que devenguen menos o el equivalente a un salario mínimo.
El giro sería de $450.000, por única vez dada la coyuntura. Basados en los elegibles citados y con datos del Dane, Anif dice que con la renta básica semi-universal se beneficiarían 17,9 millones de personas. Su costo sería de $8 billones.
Lo anterior, ayudaría a compensar la pérdida de los ingresos laborales que están teniendo los hogares por la emergencia. De otro lado, Anif propone que este podría quedarse como un programa permanente, que recogería los de transferencias económicas que ya se están dando, para tener uno solo y más eficiente.
Según dijo Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, en sesión virtual de plenaria de la Cámara, “en los pagos sociales, de sustituirlos por un pago universal, es un tema que me entusiasma, necesitaríamos tener una idea de cómo desmontar los demás programas que son focalizados y hay muchos expertos que dicen que la mejor forma de usar los recursos es focalizarlos”.
Sin embargo, agregó que es una discusión de largo aliento. Para Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, si se habla de “una renta básica para todo el mundo, fiscalmente sería insostenible o requeriría un aumento grande de los impuestos, pero se puede si estamos hablando de que sea completar una cierta cantidad de ingresos para la población de bajos ingresos. Así, ya empezaría a entrar en el terreno de lo practicable en el mediano plazo”.
