Redacción
Los senadores Antonio Sanguino, Roy Barreras e Iván Cepeda presentaron su denuncia ante Paulo Abrao, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las llamadas ‘Carpetas Secretas’.
Luego de que se revelara cómo desde las Fuerzas Armadas se estarían haciendo espionajes ilegales y perfilamientos a periodistas y políticos de oposición, los senadores Antonio Sanguino, Roy Barreras e Iván Cepeda denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las nuevas acciones de inteligencia ilegal, pues consideran que la información pone al descubierto una trama de acciones ilegales avaladas por sectores de la institucionalidad.
Para los senadores, el hecho de que varios de los perfilados tuvieran intereses en las investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales (llamadas ‘falsos positivos’) implica que las acciones ilegales sobrepasaron las vulneraciones a la privacidad y podría poner a las víctimas de los perfilamientos en situaciones de riesgo.
Por eso, la carta pretende que el órgano internacional conozca toda la información referente al caso para que sea considerada en el contexto de las medidas de protección relativas a Colombia y a las personas afectadas por estos hechos: “Colombia debe dejar atrás las prácticas de persecución ilegítima de personas involucradas en actividades de defensa de derechos, de impulso del debate público y de control político”.
Así, la carta presenta tres puntos clave que los senadores consideran la CIDH debe tener en cuenta:
1. Contexto de las interceptaciones y escuchas ilegales a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y políticos/as en Colombia.
Se le manifiesta a la CIDH que Colombia tiene una larga historia de acciones ilegales de inteligencia en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y políticos/as, que han sido reconocidas por Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Vale la pena recordar que en el llamado incidente de las “chuzadas del DAS” el propio sistema interamericano fue objeto de seguimientos y acciones de inteligencia dentro y fuera del país. Sin embargo, ni la atención de estos órganos internacionales de protección de derechos, ni la aprobación de la Ley de inteligencia en 2013 han logrado frenar la realización de estas actividades ilegales en contra de periodistas, personas defensoras y políticos/as, por lo que se requiere de acciones urgentes para garantizar la protección de derechos”, aseguraron los senadores.
2. Hechos recientes que revelan la persistencia de un plan sistemático en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y políticos
Los senadores se refirieron al informe previo a las ‘Carpetas Secretas’, que publicó el mismo medio en enero de este año, en el que se reveló el uso de fondos provenientes de Estados Unidos para realizar seguimientos e interceptaciones por parte de la inteligencia militar a personas vinculadas con la negociación de Acuerdos de paz en Colombia.
“Estas acciones son de extrema gravedad y constituyen una abierta violación a nuestros derechos y una agresión al libre ejercicio de la política, del periodismo y de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Además, atentan contra el principio de separación de poderes, elemento fundante del Estado de Derecho y de la democracia, y contra la autonomía e independencia judicial”, manifestaron en la carta.
Agregaron que horas después de que se conociera el informe “empezaron a circular en redes sociales afines al partido de Gobierno dos videos difamantes e intimidatorios y un afiche propagandístico incitando a la persecución contra varias de las personas que firmamos este documento, así como en contra de otros dirigentes y periodistas”.
Sobre estos hechos, los senadores dijeron que no se están adelantando las investigaciones pertinentes y señalaron de intolerable el abuso poder por parte de las Fuerzas Militares al acceder de forma ilícita a información privada, pues se vulneraron sus derechos fundamentales a la intimidad y a la vida privada.
3. Solicitudes urgentes
Los firmantes de la carta solicitaron la adopción de una serie de medidas urgentes que, consideran, el Estado colombiano debe cumplir. Así se lee en la carta:
1. Hacer pública la lista de las personas objeto de acciones de vigilancia realizadas como parte de investigaciones o perfilaje en consulta con las personas afectadas.
2. Informar de manera inmediata a todas las personas afectadas por el esquema de espionaje y compartir la totalidad del material recogido sobre cada persona con ellas/os de manera directa o a través de sus representantes legales.
3. Difundir públicamente:
a. ¿Cuántas personas han sido objeto de este plan y la información general sobre sus perfiles? Por ejemplo, profesión u ocupación, ciudades o lugares de residencia.
b. ¿Qué criterios se utilizaron para la selección de las personas y como se justificó cada caso?
c. ¿Quién o quiénes ordenaron estas labores?
d. ¿Quién o quiénes realizaron estas labores?
e. La metodología de la recolección de la información y cualquier sustento jurídico alegado.
f. Los recursos técnicos y humanos utilizados para su realización.
g. Las fuentes del financiamiento de estas labores y de los recursos técnicos utilizados, explicando si fueron utilizados recursos de cooperación internacional de Estados Unidos o de otro país.
h. ¿Existió cooperación de expertos/as o empresas extranjeras en las labores?
4. Que los hechos sean investigados de manera diligente e inmediata por las autoridades competentes. Como mínimo, ello implica que la actuación vigorosa de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
5. La magistrada Cristina Lombana, quien habría sido objeto del esquema de espionaje al mismo tiempo que adelanta la investigación y no se ha declarado impedida para instruir esta actuación, debe ser separada de la instrucción, así como de las deliberaciones y decisiones que se tomen en Sala colegiada por la Corte Suprema de Justicia, sobre esta investigación.
Asimismo, le pidieron a la Comisión de la CIDH que adopte medidas que aseguren que el Estado avance en acciones urgentes de esclarecimiento de la verdad, la justicia, y la no repetición, y que se garantice el derecho a la libertad de expresión, a la vida y a la defensa de derechos de las personas y colectivos afectados. En específico, pidieron tres cosas. Así se lee en la carta:
1. Priorizar las solicitudes de protección de personas afectadas por las acciones ilegales de vigilancia que se presentan o que se encuentran en trámite, teniendo en cuenta que estos hechos conllevan a la presunción prima facie de una situación de gravedad, urgencia y la posibilidad de daño irreparable. Las medidas ordenadas deberían requerir medidas concertadas con las personas objeto del espionaje y la investigación de los hechos.
2. Requerir que el Estado colombiano publique la información señalada.
3. Realizar una reunión para escuchar a las personas afectadas por estas acciones.
Finalmente, pidieron que la Comisión conforme un grupo independiente de investigación y veeduría internacional, que esté compuesto por expertos “con competencia en la investigación de crímenes complejos, con la participación de la fuerza pública y cuerpos de inteligencia. Este grupo debería contar, de ser posible, pero no como condición precedente, con la plena cooperación del Estado colombiano”.
POLÍTICA.
