Ernesto Ramírez
La semana que estamos terminando fue sacudida por dos noticias que tuvieron resonancia a lo largo y ancho del país. Por un lado, el nombramiento del abogado Jorge Rodrigo Tovar, hijo del paramilitar alias “Jorge 40”, como Coordinador de la Oficina de Víctimas del Ministerio del Interior; y por otro lado, la decisión de la Corte Constitucional de darle la oportunidad al ex-ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para que le revisen su caso por el que fue condenado a 17 años de prisión.
Alias “Jorge 40”, reo en estos momentos en los Estados Unidos, fue uno de los paramilitares más crueles que haya tenido el país. Se hablan de centenares de muertes producto de masacres y asesinatos selectivos, además del desplazamiento de campesinos y el robo de sus tierras.
Un prontuario digno de película de horror de Hollywood. Un ser maléfico que fue protagonista de esa ala de derecha creada en el país por terratenientes y familias adineradas como defensa ante esa otra ala, la de la izquierda, protagonizada por los grupos guerrilleros.
El conflicto colombiano que sufrimos en la actualidad y que empezó en la década de los años 60s, nos ha dejado una devastación impresionante sobre todo en el campo. Un conflicto que se recrudeció y llegó a sus momentos más terroríficos cuando entraron a escena los grupos paramilitares o de autodefensas, como se los quiera llamar.
Si bien el país ya sufría con la lucha guerrillera, desde los 80s en adelante ese sufrimiento se incrementó exponencialmente con los grupos paramilitares por sus prácticas terroríficas de la muerte, las cuales superaron en crueldad a las que venían haciendo los grupos guerrilleros. Pero a todo esto hay que agregarle un ingrediente muy particular que lo hace más macabro: la colaboración de agentes del Estado colombiano en la financiación, conformación y estructuración de lo que se convirtió en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
Ese quiebre del Estado colombiano dando paso a la ilegalidad al ser cómplice de las AUC, le ha dado al conflicto más gasolina. La historia reciente nos ha demostrado que esos incendios avivados por esa gasolina, no pudieron ser peor porque no había crueldad que los pudiera superar. Y por supuesto, otros ingredientes como la corrupción y el narcotráfico han sido combustibles inflamables que han mantenido viva esa llama de muerte y de guerra en el país.
Las víctimas en Colombia se cuentan por millones, la mayor parte gente humilde de nuestras áreas rurales y de barrios populares de las ciudades. Hoy, muchas de esas víctimas de las AUC cuentan con un coordinador, hijo de uno de los victimarios más crueles. Eso no le importó al presidente Iván Duque, quien respaldó a su Ministra del Interior, la señora Alicia Arango, para que nombrara a Jorge Rodrigo Tovar como coordinador de la Oficina de Víctimas. Algunas personas afines al gobierno de Duque han calificado este nombramiento como una muestra de reconciliación; mientras que otro sector se ha referido como una afrenta a las víctimas del conflicto armado colombiano.
Si bien este joven abogado no tiene la culpa de los crímenes cometidos por su papá, la bendición de Duque a este nombramiento hace parte de esa concepción política sobre el conflicto armado colombiano de su gobierno y su partido político, Centro Democrático, CD.
Duque y el CD, han desconocido el conflicto armado en Colombia, se opusieron a toda costa al proceso de paz con las Farc, han torpedeado importantes reconocimientos a las víctimas como las curules que les fueron negadas para tener representación en el Congreso. Hoy, este nombramiento sigue en la misma línea de la posición política de Duque de atropello a las víctimas. Si bien el joven Tovar no tiene la culpa de quien fue su papá, está siendo usado por Duque y su partido para ratificar su posición de desprecio hacia las víctimas. Es un nombramiento descarado y se burla de esos millones de personas que sufrieron la violencia paramilitar.
Por otro lado, la reciente decisión de la Corte Constitucional de concederle el beneficio de revisión de su caso al ex-ministro Andrés Felipe Arias, manda un mensaje muy negativo al país en momentos cuando la nación está siendo asfixiada por la corrupción.
Si bien es cierto que el fallo de la Corte fue en derecho basado en garantizar a cualquier ciudadano colombiano a tener la posibilidad de que un segundo juez revise una sentencia proferida por un primer juez, lo que se critica es que esta oportunidad se la den a alguien que ha evadido la justicia, que se burló de ella al huir del país. Arias huyó como rata de alcantarilla y se fue a los Estados Unidos, poniendo a la justicia colombiana en un desgastante proceso de pedir en extradición a este delincuente. Porque sí señores, es un delincuente sentenciado por la Corte Suprema de Justicia y condenado a 17 años de prisión.
Es ese “pequeño” detalle el que a mi no me cuadra. Cómo es posible que un tipo como Arias, que se fugó, le den esta oportunidad y que tenga el beneficio de pasar su reclusión en un cómodo alojamiento en un batallón del Ejército Nacional. Definitivamente en Colombia, ser pillo paga.
