Redacción
Pocos días después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que haría una intervención a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para actualizar las fórmulas tarifarias, la Comisión presentó una serie de proyectos de resolución para ser estudiados.
En estos, la Creg contempla una serie de medidas que buscarían controlar las alzas de los precios de la energía. Las resoluciones estarán para comentarios hasta la noche de este miércoles 14 de septiembre.
(Vea: ISA gana proyecto de línea de transmisión energética en Chile).
De aplicarse en su totalidad como está propuesto por la Creg, la disminución podría ser de hasta 20% en el costo final de la factura, explicó Jorge Sierra, CEO de Enersinc. Sin embargo, esto dependerá de la composición tarifaria de cada comercializadora.
De adelantarse este proceso con celeridad las resoluciones podrían estar listas la otra semana con lo que incluso podría afectar la facturación que se haga a finales de septiembre.
Cabe resaltar que en algunos de los casos, el efecto sería inmediato y otros se tardarían más, con lo que entre octubre y noviembre se vería el efecto completo.
Estos son los principales cambios que está previstos en los documentos publicados por la Creg. Los tres proyectos tienen como eje central: modificar los indexadores que se aplican en la cadena, diferir las obligaciones de pago de comercializadores y el costo de la energía de restricción generada.
Por ejemplo, el proyecto de resolución 701 019 señala que habrá cambios en las tarifas de comercialización que representa entre 9% y 17% del precio total, en transmisión que es entre 5% y 7% de la tarifa y en distribución que es entre 20% y 43%. El ajuste de estos factores podría afectar la siguiente facturación, cabe recordar que esta sería la que se hace hacia finales de septiembre, si se aplica con celeridad esta medida.
(Vea: Inestabilidad, demandas y otros riesgos de intervenir la Creg).
Lo que propone es que haya cambios en el indexador mensual, que hace que cada mes cambie la tarifa. Ahora, en el caso de comercialización, el techo sería la tasa mensual de la inflación (IPC) con un mínimo o igual a 0%. Anteriormente, el mínimo era 0,6% y el tope era la variación del IPP mensual.
Ahora bien, en el caso de los cambios en la tarifa de distribución, que en el caso de Celsia Tolima, significan por ejemplo, 43% de la que sería su tarifa por kilovatio (sin tener en cuenta que aplican actualmente opción tarifaria), la Creg propone que las empresas voluntariamente se acojan a ajustes en cargos (calidad de servicio o tensión) para que usen de valor de referencia el IPP de diciembre de 2020. Mariana Villegas, abogada experta en temas energéticos de Baker McKenzie, explica que es ta resolución puede tener efectos inmediatos, pero su adhesión es voluntaria.
Otro proyecto de resolución salió a comentarios, se trata de la 701 017, que abre la posibilidad de diferir por un plazo de 18 meses el pago de 20% las obligaciones de opción tarifaria adquirido durante la pandemia. Esta busca que los comercializadores (por ejemplo Air-e, Afinia o Codensa) difieran hasta 20% de los pagos a distribuidores y generadores. Esta opción es discrecional de las compañía y estaría vigente entre septiembre y diciembre. Villegas destaca que es probable que no afecte tanto las facturas finales, sino que propenda por la sostenibilidad financiera de las compañías.
(Vea: Hidroeléctrica El Guavio opera solo 20 % por salida de otra turbina).
Una tercera resolución que salió a comentarios tiene como objetivo modificar una serie de parámetros para la generación de seguridad, es decir, la que entra a la factura como restricciones. Sierra señala que este apartado es el que menor impacto tendría en términos de precios de electricidad.
Las ciudades con mayores alzas fueron Santa Marta (49,9%), Riohacha (47,1%), Barranquilla (44,4%), Sincelejo (40,7%), Valledupar (40,4%) y Montería (40,4%).
Si bien la Creg no puede intervenir en lo respectivo a los contratos bilaterales hechos entre las generadoras y las comercializadoras, fuentes del sector señalaron que sí da señales sobre cómo se podrían renegociarse dichos acuerdos.
Cabe recordar que el proyecto de resolución 019 propone un indexador específico, que aplican específicamente para la distribución, pero que podrían ser acogidos de forma voluntaria para los contratos de generación. Nicolás Arboleda, asociado senior de Baker McKenzie y experto en regulación energética, explicó que las negociaciones son ley entre las compañías, por lo que no puede haber una incidencia del regulador sobre estos, más allá de hacer recomendaciones de posibles cambios.
Sobre este punto la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, pidió a los generadores que renegocien sus contratos para generar alivios en los consumidores en este componente.
(Vea: Las razones por las que El Guavio es importante para el país).
El calendario que propone el Ministerio
La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, presentó un calendario de cómo se llevaría a cabo el ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’ que propuso.
De acuerdo con la líder de la cartera, los siguientes pasos, después de hacer un diálogo con diferentes actores y de sesiones con la Creg entre el 12 y 16 de septiembre presentarán medidas de corto plazo para que entre el 19 y 30 de septiembre se hagan ajustes en la metodología.
En octubre se publicarían las nuevas condiciones para que los cambios en las tarifas se den entre octubre y noviembre.
DANIELA MORALES SOLER
Periodista Portafolio
