El anuncio del presidente Gustavo Petro, de asumir directamente el manejo de las decisiones de regulación de los servicios públicos, que está motivado principalmente en los precios de la generación de energía (36% del valor de cada kilovatio), no solo desató un nuevo y fuerte debate sobre el respeto a la institucionalidad como ruta para buscar eficiencias en las tarifas a los usuarios, sino que vuelve a generar un manto de incertidumbre en este renglón económico.
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Una situación que, según fuentes y voceros del tema consultados por Portafolio, hizo que el viernes, sin que muchos lo advirtieran por la resaca de la polémica sobre las reservas de gas, el riesgo regulatorio del país subiera a tal punto que las acciones de empresas con capital público, como lo son Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y el Grupo Energía Bogotá (GEB), retrocedieran más que la de Ecopetrol, que bajó tras el anuncio de la salida de Felipe Bayón en marzo.
Datos de la Bolsa de Valores de Colombia muestran que el título del GEB, empresa que tiene una alianza con el Grupo Enel, fue la que más bajó en la jornada del viernes, al retroceder un 5,63%, acumulando una desvalorización de 39,28% en el último año.
La situación fue similar para ISA, empresa de transmisión controlada por Ecopetrol, cuya acción fue la segunda más desvalorizada de la jornada, al bajar 5,19% para un retroceso anual de 17,26%, mientras que el título de Ecopetrol bajó menos, al devolverse un 3,19%.
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“Pesa más al riesgo regulatorio del país, que se volvió el más alto de América Latina el viernes y significa si soy un inversionista, no quiero poner un peso acá, pero nosotros necesitamos inversión extranjera para la transformación energética del país”, sostiene una persona experta en el tema de servicios públicos.
Y es que para las fuentes consultadas, ese riesgo normativo está ligado directamente a la incertidumbre y dudas que generan la falta de conocimiento técnico de quienes asumirán temporalmente esas funciones de regulación, porque si bien el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, afirmó que Petro está facultado para reasumir las funciones de las comisiones de regulación, al interior de esta entidad ningún delegado tiene formación y experiencia en el tema.
“El superintendente tiene hoy un problema, y es que no tiene personas técnicas para esos procesos y segundo, Petro quiere asumir unas funciones que tiene por derecho propio en cabeza de su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez”, dice una fuente del sector.
Y agrega que para Vélez Torres los problemas no son menores, debido a que existe una fuerte división interna en su cartera, al punto que la dependencia que podría encargarse directamente de dar luces técnicas sobre los ajustes que se necesitan, está acéfala.
(Además: La ley en la que se apoya Gustavo Petro para ajustar tarifas).
Esto por la salida de la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, a quien Petro finalmente, después de 21 días, le aceptó la renuncia que presentó tras ser ‘anulada’ por la Ministra para la toma de cualquier decisión.
Alejandro Lucio, experto en el sector eléctrico y director de Óptima Consultores, señala que aunque el mismo sector eléctrico ‘se ha dado un tiro en el pie’ al desencadenar precios en muchas cosas injustificables y que en el fondo los aumentos no obedecen a la volatilidad de la energía en bolsa, las reformas deben salir de consensos. “Las iniciativas en redes sociales en el mediano plazo, por lo pandas e improvisadas, las pagará el mismo usuario o en tarifas, o en calidad aún más deficiente, o peor aún, pero nada descartable, porque nos apaguemos. El Gobierno debería entender que estamos ad portas de un apagón”, alertó.
Comisiones quedarán maniatadas
De acuerdo con fuentes expertas en servicios públicos, mientras que se define cuáles de las funciones de las comisiones de regulación son las que se retrotraen, decisiones como la convocatoria a una subasta del cargo por confiabilidad en el sector eléctrico, o sobre la subasta del espectro para 5G no se pueden tomar.
“Como el señor gobierna por trinos, pues toca esperar a ver esto en qué instrumento público, que supongo será un decreto, viene y trae las competencias para ver qué sigue y qué no”, dijo una persona consultada.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Editor de Portafolio