Redacción
El paro cívico que se adelantó en 2017 dejó como resultado la creación de la Ley 1872, mediante la cual se estableció el Fondo de Buenaventura para el Desarrollo Social y Económico del municipio vallecaucano. Sin embargo, han pasado cuatro años y los avances siguen en pañales.
El recrudecimiento de la violencia en Buenaventura puso de nuevo sobre la mesa la discusión respecto al abandono estatal en el que se encuentra el puerto más importante del Pacífico colombiano, que mueve el 42 % del comercio exterior del país. La cadena humana por la paz realizada esta semana y las marchas lideradas por las juventudes son el reflejo de la resistencia y el clamor de los 500.000 habitantes del municipio vallecaucano que se niegan a quedar bajo el control de las bandas criminales que se disputan el control del territorio. Una resistencia que viene de años y que ha quedado demostrada en los procesos de movilización, como el paro cívico que se realizó entre el 26 de mayo y el 6 de junio de 2017, cuando los bonaverenses salieron a las calles y paralizaron la ciudad durante 22 días.
De esa movilización resultó un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno Nacional que derivó en la creación de la Ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, mediante la cual se priorizaron una serie de obras y se creó el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura. Las buenas intenciones, sin embargo, quedaron solo en el papel.
El Comité del Paro Cívico estuvo conformado por más de 110 organizaciones sociales y populares, docentes, trabajadores informales, comunidades negras, indígenas, juntas de acción comunal, Pastoral Social, comerciantes, transportadores y estudiantes. Sin embargo, el origen del movimiento data de 2011, cuando surgió un colectivo de trabajo en torno a la lucha por el agua en Buenaventura y por lograr el suministro del líquido para la ciudad, que ha carecido de este servicio desde hace varias décadas. Este primer grupo se llamó Comité del Agua. Más tarde, en 2014, surgió el grupo llamado Comité de la Marcha. De estos dos grupos, con sus líderes e integrantes, se constituyó la base de lo que finalmente es hoy el Comité del Paro Cívico de Buenaventura.
En los diálogos que sostuvo el Gobierno Nacional -entonces en cabeza del presidente Juan Manuel Santos- con el Comité del Paro se establecieron unos acuerdos que se pactaron en la Ley 1872. La ley contempló dos momentos: primero, la priorización de 248 proyectos urgentes, y segundo, la creación y financiación de un Plan Especial de Desarrollo Integral a 10 años. Para ello se crearon mesas de trabajo en las que cada ministerio tenía responsabilidades y tareas específicas. “Dentro de los proyectos priorizados estaba, por ejemplo, el tema del acueducto, porque a nuestras casas no llega agua las 24 horas. En algunos sectores llega día de por medio y en otros no llega y la surten por carga”, explica Judith Segura, abogada, integrante del Comité del Paro Cívico y coordinadora de las mesas de trabajo con el Gobierno.
El acuerdo señalaba que el Gobierno, en los dos años siguientes a la firma de la ley, hiciera una inversión de más de $1,6 billones para los proyectos que demandaban los bonaverenses. Cuatro años después no hay avances destacables. Uno de los proyectos priorizados, por ejemplo, era solucionar la falta de acceso a agua potable. “En el plan se dice que ese dinero, que son casi $2.000 millones, es para un plan de choque. Buenaventura no tiene agua potable, hay 500.000 personas para un hospital de cuarto nivel, los colegios están en mal estado, no tienen escenarios deportivos ni escenarios culturales (…). El plan busca sacar al municipio de esas condiciones de desigualdad y situaciones de pobreza”, explicó a El Espectador el senador por el Polo Democrático Alexánder López, quien además es integrante del Comité del Paro.
Durante su reciente visita a Buenaventura, el ministro del Interior, Daniel Palacio, aseguró que la actual administración ha cumplido 45 compromisos de los acuerdos, con una inversión superior al billón de pesos. Frente a eso, el senador López asegura que esas inversiones no han llegado al municipio. “Me parece exagerado lo que dice el ministro. Ni siquiera lo que se ha acordado hasta el día de hoy, que es el 70 % de los puntos de los acuerdos, da para el billón de pesos. Eso indica la urgencia de volvernos a sentar, pero ya con el presidente de la República para que él les dé la orden a los ministros y se cumpla la ley”, sostuvo el congresista. Palacio, aseguró que varios miembros del Ministerio del Interior y de la Unidad de Víctimas estarán en Buenaventura para estructurar proyectos de inversión con las comunidades.
Tras el incumplimiento en el tiempo de los proyectos se creó una ruta crítica entre el Comité y el Gobierno para impulsar las obras, que en la nueva ruta se fusionaron y pasaron de 248 priorizadas a 147. “Hay rutas críticas que están establecidas desde agosto del año pasado, en donde ha habido ciertos avances. Hay rutas que tenemos que cumplir con fechas de este año. Hay otras que tienen plazo hasta 2023”, explicó Segura.
Entre las obras en veremos está la ciudadela hospitalaria, proyecto que busca garantizar un servicio de calidad en salud para Buenaventura, donde más del 70 % de sus habitantes pertenecen al régimen subsidiado, pero por lo menos ya cuenta con el terreno donde se construirá. Asimismo, está el proyecto de la casa de la cultura que tampoco se entregó completamente; y las obras para impulsar la pesca, que siguen inconclusas.
Las inconformidades con el Comité del Paro
En la comunidad la sensación que prima es la falta de acción, la idea de que no se ha hecho nada. Cuestionan el rol del mismo Comité del Paro y piden más claridad frente a lo que se ha hecho. “El fondo hoy, a la luz de los ojos de los jóvenes de Buenaventura, no ha sido un fracaso, pero sí está lento su proceso de implementación real. Hasta ahora no conocemos de manera abierta ese Plan de Desarrollo a 10 años”, cuenta Brayan Montaño, líder de juventudes que en el Paro Cívico de 2017 encabezó las peticiones de los jóvenes. A esa percepción se suma la voz del obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien manifiesta que hay un problema de comunicación. “El Comité del Paro ha gestionado, pero cuando se van a hacer los proyectos el Gobierno viene con la disposición y se encuentra con una talanquera, que es que los miembros del Comité quieren que se hagan como ellos dicen. Ese diálogo es el que demora”, sostiene.
La abogada del Comité asegura, sin embargo, que están abiertos a la comunidad para que estén enterados de lo que pasa. “En estos términos hemos venido pidiendo a la comunidad que engrose las mesas y el personal que estamos luchando para que el gobierno cumpla. Lo que hacemos nosotros es sentarnos y establecer el mecanismo como deben ejecutarlo, porque nosotros ya aprendimos y le exigimos al Gobierno que desde la centralidad no se debe decir cómo es que se ejecutan las propuestas y proyectos que se presentan para Buenaventura”, explicó Segura. Para la ejecución del Plan Especial la ley explica que el Gobierno y la junta administradora del Fondo establecerán comités técnicos sectoriales, en donde participarán los ministerios correspondientes y el Departamento Nacional de Planeación. Para ello se necesita contar con una cuenta bancaria y un gerente para que se pueda desembolsar el dinero. Hace poco se creó la cuenta, aunque aún no hay gerente. Según el Comité, ya abrieron la convocatoria para las personas que estén interesadas.
La norma también especifica que esos dineros sean financiados en el presupuesto general de la nación. “Nosotros hemos presentado las condiciones en los últimos tres presupuestos para que los recursos queden asegurados y no haya problemas al desembolsarlos (…). Yo mismo radiqué una proposición con los congresistas del Valle, precisamente para que todos los acuerdos contenidos a instancias del paro cívico, y que fueron firmados por el Gobierno, sean cumplidos sin restricción”, explica López.
Desde el Comité del Paro aseguran que los bonaverenses están molestos y no descartan que se pueda reactivar el paro cívico de 2017. “Hoy lo que se está discutiendo en el Comité y en las comunidades es la reactivación para que el presidente venga”, concluye el senador Alexánder López.
El Espectador
