Un informe realizado por el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana en el que se hizo un análisis sobre el uso de los recursos del Gobierno Nacional para atender la pandemia desencadenada por el coronavirus, concluyó que “es difícil conocer la magnitud concreta de los recursos efectivamente destinados para la atención”.
(Gobierno anuncia una nueva extensión de la cuarentena).
El Gobierno ha manifestado públicamente que han sido destinados $117 billones para la atención de la emergencia (aproximadamente un 11% del PIB). Sin embargo, advierte este análisis que “no hay cuentas claras con respecto a cómo se han utilizado, y, sobre todo, hay una ausencia total de un plan concreto de gasto, peso por peso, de estos billonarios recursos”.
El presidente de la República, Iván Duque, dijo que el Gobierno ha buscado mantener una combinación de herramientas entre aportes, liquidez y otros que pueden sumar más del 11% del PIB. “Es una combinación hecha con inteligencia, precaución y pensando en la sostenibilidad de estas medidas dado que es incierto cuánto tarda el desarrollo de un tratamiento para el virus”, dijo.
Asimismo, el jefe de Estado ha reiterado que en ese paquete de ayudas del Gobierno se destacan decisiones como una línea de crédito con 90% de garantía para proteger las nóminas de las empresas, subsidio por cuatro meses al empleo (incluye prima de junio), devolución del IVA para un millón de familias, ingreso solidario para 3 millones de beneficiarios, giros extra de Familias en Acción, entre otros.
Sin embargo, el informe del Observatorio advierte frente al uso de recursos públicos para manejar la pandemia que “no hay un mecanismo institucional centralizado, claro y detallado en el que se exponga la magnitud de los recursos empleados, sus fuentes de financiación y su destinación específica”.
Y al hacer el estudio de decretos y resoluciones -señala este documento- solo se ha encontrado información “de una pequeña parte de los recursos que el Gobierno dice haber destinado a la emergencia social y económica”.
De acuerdo con las estimaciones hechas por el Observatorio de la Javeriana, del 11% del PIB que el Gobierno afirma destinar para la atención de la pandemia, “en realidad el 6% son garantías de créditos, no recursos gastados en atención a la emergencia”.
Por otra parte, el análisis muestra que la fuente que realmente puede constituirse como un gasto son los recursos contenidos en el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) los cuales equivalen a cerca del 2,4% del Producto Interno Bruto.
A la fecha, las estimaciones del Observatorio muestran que los traslados del Fondo de Mitigación de Emergencias y de otras fuentes a diferentes entidades del Gobierno para atender la pandemia suben a $3,6 billones (esto equivale al 0,34% del PIB).
“Es distinto trasladar recursos entre entidades que realmente gastarlos. Así, encontramos que la totalidad de los contratos firmados por el Ministerio de Hacienda y otras entidades es de apenas $2,7 billones o 0,25% del PIB. Si bien no es de esperarse que todos los recursos destinados a la emergencia hayan sido ejecutados, es extremamente preocupante – e incumple con el espíritu de la Ley de transparencia (Ley 1712 de 2014) – que no exista un plan de gasto detallado para la respuesta a la pandemia que pueda ser conocido por el público, y que la única fuente a través de la cual la ciudadanía puede enterarse de los planes del Gobierno sean declaraciones casuales de funcionarios en las cuales el gasto se desglosa a grandes rasgos y de manera cambiante”, señala un aparte de este documento.
Por otra parte, desde el frente de la atención a la salud, si bien el Gobierno había anunciado recursos por cerca de $7,1 billones, el estudio muestra que “las resoluciones oficiales registran transferencias de apenas $0,96 billones al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud.
Asimismo, los expertos del Observatorio Fiscal consideraron que es un hecho poco pertinente haber sumado a los gastos de atención de la pandemia cerca de $60 billones que están relacionados con garantías de créditos. “No son recursos gastados en atención a la emergencia, sino que únicamente se pagarán en caso de que quienes obtienen el crédito incumplan con sus compromisos”.
Finalmente, señalan que en la medida en que el Gobierno no usa sus recursos de talento humano para explicar en qué se gastan los dineros, se incurre “en un comportamiento potencialmente ilegal”.