Casi dos meses se demoró el gobierno de Iván Duque en tomar una decisión clave para las empresas formales de Colombia que de paso beneficia a gran parte de los trabajadores colombianos: decretar un subsidio parcial a la nómina. Pero, ¿realmente es una ayuda eficaz?.
Si bien es cierto que esta medida se aplaude porque ayuda a mantener los empleos, también es cierto que llega demasiado tarde. De acuerdo a las estadísticas, en marzo del presente año cuando empezó la emergencia del Coronavirus, se perdieron un poco más de 1 millón 500 mil empleos. Se calcula que abril podría tener igual número de nuevos desempleados, para un total de 3 millones de empleos perdidos en los dos meses que van de crisis, agudizando así el problema de desempleo que tiene el país.
Varias naciones entendieron la importancia de la conservación de las fuentes de trabajo con toda esta crisis generada por la pandemia, por ello una de las primeras medidas que tomaron, fue la implementación del beneficio para aliviar los gastos de nómina de aquellas empresas que tuvieron que cerrar por motivo de las cuarentenas. La gran diferencia es que estos países lo hicieron al empezar todo esto, mientras que Iván Duque se tomó dos meses para decretarlo. Incluso, el gobierno de Duque en cabeza de su Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuando estalló la crisis del Coronavirus, descartaron de tajo la viabilidad de un subsidio de estas características por el costo fiscal que, según Carrasquilla, esto tenía.
El presidente Duque ha tomado medidas muy tímidas en lo referente a la conservación del empleo en medio de esta crisis. Entre las acciones tomadas se encuentra el financiamiento a las empresas a través de créditos financieros destinados a pagar las nóminas de sus empleados. El jueves 9 de abril en su alocución diaria por televisión que ha institucionalizado Duque, anunció esta decisión la cual fue criticada por ciertos sectores, entre ellos los mismos empresarios.
La gran parte de los propietarios de pequeñas, medianas y grandes empresas esperaban el anuncio de un subsidio a los salarios, para que les quitara esa carga económica. Sin embargo, Duque y su ministro Carrasquilla propusieron que las empresas se endeudaran con préstamos para que pagaran las nóminas de sus empleados. ¿De verdad pensaron el presidente y el ministro que esto iba a frenar el despido de los trabajadores y el cierre de empresas?. Y ni qué decir de todas las trabas que han puesto los bancos cuando muchos empresarios se han atrevido a solicitar dichos créditos.
En momentos de una crisis tan descomunal como la que se vive y que genera tanta incertidumbre, la mayoría de los empresarios en lo último que han pensado es en endeudarse más de lo que ya están. Lo que ellos pedían a gritos fue lo que sí pudieron hacer gobiernos de otros países, subsidiar los salarios para aliviar las cargas de las empresas y evitar el despido masivo de sus trabajadores o incluso el cierre de las mismas.
Dos meses después, Carrasquilla cede y hace el anuncio del subsidio parcial a la nómina en medio del nuevo decreto de emergencia económica hecho por el presidente Duque el pasado miércoles 6 de mayo . Muy tarde para evitar la catástrofe de muchas empresas que desde el primer momento en que fueron obligadas a cerrar porque no eran esenciales, tuvieron que tomar medidas como despedir empleados y muchas otras incluso se vieron abocadas al cierre definitivo. Esto muestra la indolencia de un gobierno tacaño que no implementó a tiempo medidas fuertes de protección empresarial sin escatimar el costo fiscal. De esta manera, el Estado colombiano en cabeza del gobierno de Duque, ha quedado como si fuese un ente estatal sin piedad al dejar a las empresas al garete.
Ahora salen con una pobre solución de subsidio parcial a la nómina que equivale al 40% de un salario mínimo mensual, es decir, 350 mil pesos mensuales por cada trabajador. Se les avala que, aunque tarde, se atrevieron, pero no hay derecho que sean tan pichicatos o amarraos, como dicen en mi Buenaventura.
A todas estas, nunca hablé de la ayuda urgente que lleva esperando el sector informal compuesto por emprendedores, microempresarios y toda esa fuerza laboral que encontramos en las calles tratando de sobrevivir con sus ventas ambulantes. Para todos ellos, que son millones, hasta ahora no ha habido ningún plan de emergencia que mitigue la tragedia que están padeciendo. Con excepción de 75 mil pesos por devolución del IVA que recibirán cada dos meses las familias más vulnerables, a las cuales pertenecen parte de esa población dedicada a las ventas callejeras. 75 mil pesos cada dos meses, es decir, $37.500 al mes dirán algunos que peor es nada, pero esto no se puede considerar una ayuda eficaz. Y no es que en Colombia queramos todo regalado o seamos unos atenidos como lo dijo la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez el pasado jueves.