Redacción
En medio de la discusión sobre el impacto de la pandemia en los hogares más pobres y vulnerables y, por otro lado, el retiro de la reforma tributaria anunciado este domingo por el presidente Iván Duque, los cálculos del Gobierno señalan que si no se consiguen los recursos para financiar el paquete social como se planteó en la iniciativa, entre 1 millón y 1,3 millones de personas podrían caer en la pobreza.
(¿Qué viene tras el retiro de la reforma tributaria?).
Para dimensionar dicha cifra, cabe recordar que la semana pasada el Dane reveló que por la crisis 3,5 millones de personas cayeron en la pobreza, lo que llevó a que el 42,5% de la población (21 millones de personas) estuvieran en esa condición durante 2020.
Y si se mira en detalle, para las ciudades el golpe fue aún peor. En esas zonas el dato de pobreza monetaria subió 10,1 puntos porcentuales, pues pasó de 32,3% a 42,4%. Es decir, las cabeceras urbanas aportaron en mayor medida el aumento de pobreza en 2020. Y, de hecho, solo Bogotá aportó 1,1 millones de personas nuevas en esa condición.
(Presidente Duque retiró la reforma tributaria).
En contraste, en las zonas rurales hubo una reducción de las personas en esa situación, pues el dato descendió a 42,9% el año pasado, después de que en 2019 fuera de 47,5%.
Ahora bien, el otro dato que reveló el Dane es el efecto que tuvieron las ayudas ordinarias y extraordinarias en evitar que aún más personas entraran en la pobreza. De acuerdo con el departamento estadístico, en 2020 1,7 millones de colombianos no cayeron a ese grupo gracias a los pagos corrientes y extra de los programas de Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en acción; así como la compensación del IVA, Ingreso solidario, Bogotá Solidaria, el Bono vital de Bucaramanga, un bono en Medellín y los giros a pensionados.
Con los cálculos que hizo el Dane, se puede ver que las ayudas ordinarias redujeron en 1,4 puntos porcentuales el aumento de la pobreza y las extraordinarias en 2,2 pps, para un total de 3,6 pps. Eso quiere decir, en otras palabras, que se evitó que 686.000 colombianos estuvieran en esa situación gracias a los subsidios tradicionales y otro millón por las ayudas extra.
¿QUÉ SE VIENE?
Con ese panorama sobre la mesa, la reforma fiscal que planteaba el Gobierno, señalaba que el paquete social podría bajar en 2,8 puntos porcentuales la pobreza monetaria, lo que equivale a aproximadamente 1,3 millones de personas, quienes están en riesgo de entrar en esa situación si no se consigue el recaudo suficiente para financiar los programas sociales.
Para Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, “por un lado, hay que ver que las zonas rurales tuvieron una reducción de los datos de pobreza, que uno celebra, pero que demuestra que dependen de las transferencias monetarias. Es decir, si estas se cortan podrían subir 7,1 pps. Por otro lado, en las ciudades se ve que las transferencias nunca van a ser suficientes para sustituir el aparato productivo”.
Según apunta Angulo, los datos que reveló el Dane dan cuenta de que la mitigación del golpe a la pobreza fue heterogéneo en todo el país, por lo que las medidas que se deben tomar para reducir el número de personas en esa situación deberían tener en cuenta ese escenario.
En ese sentido, Sandra García, profesora asociada a la escuela de Gobierno de la U. de los Andes y experta en temas de política social, advierte que, definitivamente, “con la pandemia los sistemas de transferencias monetarias que se fortalecieron nos mostraron que ofrecen un colchón. Sin embargo, no es suficiente. Tenemos que pensar en mecanismos que fortalezcan el sistema de protección social y asegurar que los hogares salgan de la pobreza de manera sostenible”.
Ahora bien, los expertos coinciden que se debe pensar también en algunas iniciativas como formación para el trabajo, promover empleos de emergencia y mirar con urgencia el número de hogares pobres y vulnerables compuestos por niños y que son liderados por jóvenes y mujeres, quienes también han visto un efecto negativo.
Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo y quien también ha estudiado el tema de la pobreza, subrayó finalmente que “se perdió una década de avances sociales que fueron muy costosos alcanzarlos. El país atraviesa por una situación muy difícil y el gobierno no ha tenido la capacidad de comunicar adecuadamente el problema y los riesgos futuros que pueden materializarse en caso de que no se hagan las reformas presentadas. El Congreso tiene la responsabilidad en sus manos: sin su concurso no habrá cómo proteger a 20 millones de hogares que necesitan las ayudas para sobrevivir”.
María Camila González Olarte
Twitter: @CamilaGolarte
