Redacción
Este fin de semana, 13 agremiaciones y sociedades científicas emitieron un comunicado en el que les piden a los entes gubernamentales ser tenidas en cuenta en el proceso de selección de las vacunas contra covid-19 que vaya a adquirir el país y, al tiempo, rechazan que se pretenda eximir de responsabilidad a la industria farmacéutica por potenciales efectos adversos que estas puedan causar en la población.
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En concreto, solicitan integrar a la academia y a expertos con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para la evaluación de los resultados de eficacia y seguridad de los proyectos de vacuna contra el covid-19 candidatos para llegar al país.
“Entendemos que, al tratarse de una situación apremiante, el Ministerio de Salud puede tener la potestad de la selección como único actuante en el proceso; sin embargo, sugerimos que se garantice la participación del Invima y de expertos académicos, quienes pueden dar aportes valiosos, basados en la evidencia científica disponible, y, finalmente, un concepto sobre la evaluación de los biológicos”, escribieron.
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“La evaluación del perfil de seguridad y eficacia de una vacuna debe hacerse con el rigor científico que amerita un biológico con las fases de desarrollo completas, incluyendo la III, en un proceso de farmacovigilancia que incluye plan de gestión de riesgos y seguimiento. El ente regulador es el Invima, que es la institución idónea para verificar esta información”, le dijo a este diario Olga Melo, presidenta de la Asociación Colombina de Toxicología.
Una vez se haya elegido una vacuna, los gremios piden fortalecer las medidas de farmacovigilancia y protocolos de seguimiento estrictos para mitigar el riesgo de posibles eventos adversos. De paso, manifiestan no estar de acuerdo con eximir de responsabilidades a la industria farmacéutica y dicen que en los contratos de compra debe fijarse la corresponsabilidad entre el Gobierno y los productores.
“En este sentido, como sociedades científicas manifestamos no estar de acuerdo con eximir de responsabilidades a la industria farmacéutica productora de las vacunas y consideramos pertinente que en estos momentos de crisis se considere clave la corresponsabilidad entre el gobierno y los productores definida a través de los contratos pertinentes, procurando que el riesgo sea el más bajo posible y haya una mínima implicación en daños en la población”, afirman.
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Claudia Vaca, farmacéutica, farmacoepidemióloga y directora del Centro de Pensamiento «Medicamentos, Información y Poder» de la Universidad Nacional, afirma que si bien es cierto que se han hecho esfuerzos por acelerar vacunas que permitan resolver la pandemia, es posible hacerlo con una perspectiva de ciudadanía y salud pública. “Los gobiernos están enfrentando una presión gigantesca por pagar anticipadamente estos desarrollos y hacer confidenciales los acuerdos sin conocer los precios”, apuntó.
“El ministro de Salud, Fernando Ruiz, está comprometido por sacar adelante una estrategia de inmunización y de tener como país un puesto privilegiado en la fila de las vacunas, pero ha decidido hacerlo solo, a puerta cerrada y sin cuestionar las presiones a las que está siendo sometido. Tal vez es el momento para que entienda que hay muchas asociaciones de profesionales y científicas dispuestas a equilibrar esas presiones”, afirmó Vaca.
Entre los firmantes están la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, el Observatorio del Comportamiento de la Automedicación de la Universidad del Rosario, el Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, la Asociación Colombiana de Farmacología, la Asociación de Toxicología Clínica Colombiana y la Asociación Colombiana de Infectología.
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