En una verificación reciente, la Procuraduría General de la Nación ha solicitado el cierre inmediato del centro de reclusión en la estación de guardacostas de Buenaventura debido a las graves condiciones higiénicas y de hacinamiento que ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas privadas de la libertad. La inspección reveló una situación alarmante que exige acciones urgentes por parte de las autoridades competentes.
Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, manifestó su conmoción al constatar las deplorables condiciones en el complejo militar Isla Naval. «En este momento nos encontramos en el complejo militar Isla Naval, en el distrito de Buenaventura, realizando la verificación de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad preventivamente. Evidenciamos que este lugar no cuenta con las condiciones que garanticen el respeto de sus derechos humanos», señaló Sarmiento.
Entre los problemas identificados se destacan las celdas abarrotadas más allá de su capacidad, la falta de ventilación adecuada y la escasa atención médica. Estas condiciones no solo afectan a los reclusos, sino que también representan un peligro inminente para el personal de la Armada Nacional que opera en el lugar, debido a los brotes de enfermedades infecciosas que se han registrado.
La Procuraduría ha solicitado al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Armada Nacional y a la Alcaldía del Distrito de Buenaventura que tomen medidas inmediatas para resolver esta problemática. «Solicitamos al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Armada Nacional y a la Alcaldía del Distrito de Buenaventura que realicen las coordinaciones y acciones necesarias para superar esta problemática. De igual manera, se solicita el cierre definitivo de este lugar de reclusión», añadió Sarmiento, subrayando la gravedad del caso.
La situación actual del centro de reclusión en Buenaventura representa una clara violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, los cuales incluyen:
- Derecho a la vida y la integridad física y mental: Proteger contra actos de violencia y asegurar condiciones sanitarias adecuadas.
- Derecho a la dignidad humana: Trato respetuoso, sin humillaciones ni condiciones degradantes como el hacinamiento.
- Derecho a la salud: Atención médica adecuada y oportuna, con acceso a servicios médicos y medicamentos.
- Derecho a la alimentación: Provisión de alimentos suficientes y de calidad.
- Derecho al acceso a la justicia: Derecho a un debido proceso y a presentar quejas sin temor a represalias.
- Derecho a la comunicación con el mundo exterior: Mantener contacto regular con familiares, abogados y organizaciones de derechos humanos.
- Derecho a una detención segura y no discriminatoria: Protección contra discriminación por cualquier motivo.
La comunidad y los defensores de derechos humanos esperan una respuesta contundente de las autoridades para poner fin a esta crisis humanitaria. Las personas privadas de la libertad tienen derechos que deben ser respetados y garantizados en todo momento, según los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Procuraduría ha emitido un llamado a la acción inmediata de las autoridades competentes, quienes deberán tomar decisiones rápidas y efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos y la salud de los detenidos. La respuesta y acciones de las autoridades serán cruciales para abordar esta crisis y mejorar las condiciones de reclusión en Buenaventura.
