Redacción
En las calles de los barrios de bajamar se siente el miedo. Aun así, muchos jóvenes se niegan a vivir sin esperanza y claman por la presencia del Estado.
Desesperanza, miedo e impotencia, esto es lo que dicen sentir los habitantes de Buenaventura, que la semana pasada volvieron a padecer una ola indiscriminada de violencia, con disparos y explosiones en las calles de los barrios de la Comuna Siete -los de bajamar: John F. Kennedy, San Francisco, Juan XXIII y Pampalinda-, la cual generó el desplazamiento de por lo menos 30 familias que salieron despavoridas huyendo de la muerte. Una zozobra que no se ve al momento de caminar por la ciudad, donde la vida parece transcurrir con normalidad y en calma, pero en aquellos sectores, siendo populares y donde a diario corretean niños y hay gente sentada charlando en los portones de sus casas, hoy no se ve un alma. En una que otra esquina algunos agentes de policía vigilan, mientras los mensajes desde la administración municipal son a rechazar la violencia y los líderes sociales y comunales llaman a no perder la esperanza y hacerse sentir para que el Estado, desde el centro del país, entienda de una vez por todas del abandono en que la ha tenido sumida eternamente.
En Buenaventura todos saben el porqué de la guerra reciente, la de los últimos días. La Empresa y La Local son las bandas más poderosas que hacen presencia en el territorio, y en esta última se desató un enfrentamiento por el poder entre dos de sus facciones: Los Shotas y Los Espartanos. Los primeros, bajo el mando de Diego Fernando Bustamante, conocido como Diego Optra, preso actualmente en una cárcel de Bogotá y que maneja las extorsiones, el tráfico de armas, los desalojos, la minería ilegal y las llamadas “oficinas de cobro”. Su lugarteniente es Eloy Alberto Candelo, alias Pepo. Los segundos cuentan con varios cabecillas, siendo el más visible Jorge Isaac Campaz, conocido como Mapaya, y también están Fidel y otro al que le dicen Pecueca, quienes manejan la línea del narcotráfico. Campaz fue capturado en 2017 por concierto para delinquir, homicidio y extorsión, pero salió por vencimiento de términos y fue además enlace de las Farc en el pasado. Todos los nombres se susurran en las esquinas, pero nadie se atreve a señalar a nadie.
Las voces cuentan que la guerra comenzó por un atentado contra Campaz, en diciembre, quien recibió siete disparos, pero logró sobrevivir. Luego, en el barrio 14 de Julio fue asesinado por Los Shotas un muchacho miembro de Los Espartanos, muy cercano a Mapaya, quien exigió la entrega de los responsables para ajusticiarlos, lo cual le fue negado. Desde entonces inició un enfrentamiento a sangre y fuego, cuyo epicentro ha sido el barrio San Francisco, donde el pasado 30 de diciembre Los Espartanos irrumpieron en las casas de los familiares de quienes tenían identificados como integrantes de Los Shotas, para intimidarlos y despojarlos. “Como no encontraron a quien estaban buscando, los sacaron sin nada. Dijeron que todo era de ellos: la nevera, el televisor, la estufa, los muebles, hasta la ropa”. Hoy hay gente deambulando por otros barrios, y los que pudieron se fueron para donde familiares o conocidos. La administración distrital nunca acondicionó un lugar para prestarles una primera atención. “Han saqueado todas esas casas y no pueden volver. Y nadie se atreve a denunciar porque lo matan”.
Quienes hablan lo hacen pidiendo la reserva de sus nombres. Son líderes sociales y comunitarios que están al tanto de todo lo que sucede y claman porque se visibilice ante el país, pero tienen miedo de denunciar. Y es que la desconfianza es otro factor común, y los que se atreven a hablar lo hacen para corroborar lo que dijo el obispo, monseñor Rubén Darío Jaramillo: “La gente siente que no hay autoridad, que la autoridad son los bandidos que están en la calle con sus armas dominando los territorios. Es triste, porque la Fuerza Pública está para defender a los ciudadanos en su honra, sus bienes y en la vida. Pero muchos se equivocan y se alían con los delincuentes. Los compran con dinero (…) llevamos tantos consejos de seguridad, cada que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección. En este caso la infección sería el narcotráfico y las bandas criminales”.
“Los disparos en las noches se dan por dos cosas: por atacar al otro frente o alguna persona en puntual de un sector o del otro, pero también por intimidación. Y muchas veces caen inocentes, como Deiner Castillo, a quien mataron el lunes en el sector de la galería del barrio Bellavista”, cuenta uno de los líderes. Era un artista de tan solo 20 años, dedicado al mototaxismo y ganador del incentivo “Cultura en Casa” de la Dirección Técnica Cultural del Distrito, quien al parecer cruzó lo que llaman “fronteras invisibles”. Las balas que lo mataron fueron disparadas delante de varias personas y a escasos metros de algunos policías, pero de los responsables poco se sabe. El martes hubo una protesta pacífica en el barrio Pampalinda, donde habitaba, y se generó en redes sociales una serie de mensajes con la etiqueta #SOSBuenaventura. “El arte era su refugio”. “Deiner era como muchos de nosotros, un joven que buscaba también sus sueños”. “No puede ser que a las juventudes nos sigan condenando al mismo final”, se lee en algunos mensajes.
“Buenaventura es la mejor demostración del fracaso del Estado en el Pacífico colombiano. Aquí nunca ha llegado. Lo que tenemos es un Estado centralista, que no conoce, no entiende, no percibe lo que pasa fuera de Bogotá. Buenaventura es el territorio más extenso de Colombia, el más importante de la geografía nacional. Aquí ese Estado no ha cumplido con el deber y la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos”, reconoce el alcalde Víctor Vidal. Él fue uno de los protagonistas del paro cívico de 2017 que tuvo paralizado el puerto durante 22 días y que obligó a que el Gobierno Nacional de ese entonces suscribiera unos acuerdos, reflejados en una ley de la República: la 1872, más el decreto reglamentario 958 de 2018. “Para Vivir con Dignidad y Paz en el Territorio” fue el nombre del movimiento que alzó la voz para buscar cerrar las brechas de desigualdad entre Buenaventura y el interior del país, incluyendo incluso la creación de un Fondo Autónomo. Compromisos que muy poco se han cumplido, aunque cada quien entrega su propia visión.
“Seguimos con los mismos problemas y pocas respuestas”, afirma Miyela Riascos, de Pastoral Social y una de las integrantes del movimiento. “Esos acuerdos son para los niños y los jóvenes, los más vulnerables en esta escalada de conflicto. Si se hubiesen cumplido, hoy la cosa sería distinta. Es que la solución aquí no es solo traer más policías, aquí se necesitan oportunidades, inversión social, por ejemplo, que la educación vaya de acuerdo con la realidad territorial, étnica, de género, de lo que somos, pensada en pro de nuestras potencialidades. Hoy en la mayoría de barrios el agua llega cada dos días por tres o cuatro horas. El 91 % de la población trabaja de manera informal y encima de todo el COVID ahondó la crisis”, agrega. Y advierte que el gobierno municipal no tiene la capacidad de responder a estos desafíos y que se requiere del Gobierno Nacional, donde no parece, en su concepto, que existiese voluntad política. “No nos digamos mentiras: esos acuerdos han avanzado solo en un 11 % en estos tres años”, concluye apesadumbrada.
Vidal, el alcalde, plantea un punto de vista similar: “Aquí estamos esperando que el Gobierno Nacional tome la decisión de una vez por todas de hacer las inversiones, que están todas contenidas en los acuerdos, cuyos pilares son tres: el Fondo como una estrategia de manejo de los recursos, que es fundamental. Dos, la participación de la sociedad civil, y tres, la articulación de los gobiernos: distrital, departamental y nacional. Solo así empezará a rodar. El contenido incluye absolutamente todo lo que necesitamos en salud, servicios públicos, generación de empleo, mejorar la producción local, en educación, derechos humanos, atención a víctimas”. Entonces, ¿por qué no se ha avanzado en estos tres años? “Porque estamos en el país que estamos, donde todavía el centro, que tiene el poder, se resiste a transformar las regiones y a que el bienestar llegue a la periferia. Tienen sus mañas, y a pesar de la insistencia de la sociedad civil, esto va muy lento y no con la velocidad que se requiere”, sentencia Vidal.
Son muchos frentes de trabajo, repartidos en nueve mesas temáticas. Cada instancia intenta mostrar sus propios resultados. Así las cosas, en 2019, Prosperidad Social hablaba de un 37,7 % de avances en los compromisos adquiridos y se espera que al finalizar el cuatrienio se llegue al 60 %, teniendo en cuenta que todo está pactado a diez años. Sin embargo, en diciembre pasado, al cierre de la Comisión de Seguimiento fue cuando se vino a acordar el 70 % de los proyectos, a través de una matriz que incluye 140 iniciativas, que el Gobierno Nacional se comprometió a ejecutar, definiendo responsables, tiempos y consultas con la comunidad. Allí entran, por ejemplo, estadio, puestos de salud, polideportivos, hospital, casas culturales, remodelación de colegios, agua potable, entre otras. “Duque perdió más de un año decidiendo si ayudaba o no. Más la pandemia. Todo tocó que volverlo a planificar. Con esa matriz se esperaba que Buenaventura entrara en obra todo este 2021, pero entró fue en barbarie”, dice el senador Alexánder López, del Polo, quien ha centrado en los últimos años su labor en Buenaventura.
Barbarie documentada. En enero pasado se conocieron por primera vez los resultados de un informe sobre la calidad de vida de los bonaverenses, con el programa “Buenaventura, cómo vamos”, para el período 2017-2019. El panorama no podía ser más desolador: la tasa de homicidios subió de 22 por cada 100 mil habitantes a 36. Y uno de los datos más preocupantes fue el incremento de casos de jóvenes asesinados entre los 15 y 24 años, que es el rango de edad en que se encuentra entre el 35 y el 40 % de la población total de la ciudad. A su vez, los casos de violencia sexual van también en aumento. A octubre del año pasado, según la Secretaría de Mujeres y Género del Distrito, iban más de 90 denuncias. Y algunos líderes comunales cuentan que en los desalojos desde diciembre a la fecha, por parte de los grupos armados ilegales, ha habido violaciones a niñas y jóvenes. “Es que aquí no hoy ni Dios ni ley. Los que andan armados son los que mandan”. ¿Dios? La fe pareciera ser lo último a lo que se aferran. El miércoles pasado, por iniciativa de varios grupos juveniles, se llevó a cabo una cadena humana en la que cientos de personas, por unos 22 kilómetros, se tomaron de las manos al paso del carro de bomberos, en cuya parte superior iba monseñor Rubén Darío Jaramillo echando agua bendita, como señal de bendición, pero también de resistencia y rechazo a la violencia.
“A nosotros nos han ido matando el miedo. Estos días han sido de fuerza espiritual que viene de nuestros ancestros, la de los Orishas, y vamos tranquilos porque sabemos que estamos haciendo lo que nos corresponde hacer en este tiempo de la historia. Vamos a seguir andando, resistiendo y no podemos darnos por vencidos, porque hay una generación que viene y merece otras condiciones para vivir”, afirma Leonard Rentería, el rapero y líder comunitario que en septiembre de 2016 enfrentó al entonces senador Álvaro Uribe durante un encuentro en el que el exmandatario invitaba a votar por el No al plebiscito por la paz. Amenazado, con escoltas, está convencido de que la gente tiene que hacerse oír: “Solo el pueblo salva al pueblo. La única que puede salvar a Buenaventura es su gente, que tiene que ser capaz de comprender que este territorio es de ellos y decir ‘no más’. Este territorio fue construido con sacrificio por los negros y las negras, la mayoría de las calles han sido rellenadas por la comunidad. Hoy vemos que hay esperanza, un despertar de los jóvenes que nos queremos convertir en una primera entrada para empezar a caminar hacia otra realidad”.
Al final, tras recorrer sus calles, de hablar con los líderes comunales y con la gente, y de analizar documentos, queda la percepción de que Buenaventura está sobrediagnosticada. Todos, aquí y en Bogotá, saben lo que sucede. Incluso hay quienes se atreven a plantear un pacto de paz que implique sentarse a dialogar con los mismos ilegales. Otros más utópicos hablan de independizarse “en una patria distinta”. O también reclaman responsabilidad social del sector empresarial, que solo ve un puerto que moviliza el 50 % del comercio exterior del país y no una ciudad. “Hace 25 años, un trabajador portuario se ganaba hasta tres millones al mes. Hoy se gana máximo millón y medio”. Hay informes que advierten de la presencia de los Urabeños, las disidencias y el Eln, entrando a la disputa por el territorio, y de la consecuente militarización por parte del Estado como única respuesta, desconociendo así el abandono histórico, raíz del suirgimiento de otros poderes y legitimidades ilegales locales. Nadie señala, pero aseguran que las tenebrosas “casas de pique” persisten y que las bandas tienen bodegas con armas más poderosas que las de la Fuerza Pública.
Pareciera que las familias asimilan la desaparición y el asesinato de los hombres jóvenes ya como algo natural, así como la pérdida de credibilidad de las instituciones que representan autoridad y poder dentro de la sociedad. Entonces, Leonard Rentería les responde a quienes lo señalan de querer bloquear el puerto para que no entre ni salga la carga: “Los invito tan solo un día de su vida a la casa de madera a la orilla del mar de un trabajador portuario, que trabaja por buque, que va y lo descarga y solo tiene seguridad social mientras lo hace, que regresa a su casa con una miserableza que no da ni para una salario mínimo, pero debe pagar unos servicios supercostosos, por agua que llega día de por medio durante pocas horas y lucha por sacar adelante a sus hijos, que nunca van a tener la opción de ir a la universidad. Vengan y cambien su vida un solo día por él. Una vida de esas no se la merece nadie. Una hora de una vía cerrada, dos horas o tres días no es nada para lo que ha vivido Buenaventura. Tenemos que ser capaces de pensar un proyecto de ciudad. Si entendemos el poder que tenemos, lo podemos lograr”. Hoy todos esperan la presencia del presidente Iván Duque para hacerse oír y sellar compromisos. Porque lo que se siente es una calma chicha, sabiendo que es una olla de presión a punto de estallar. “Solo el pueblo salva al pueblo”, repite Leonard Rentería.
El Espectador – Por: Hugo García Segura – Twitter: @hgarciasegura
