Una de las herencias malditas que dejó la pandemia en Colombia fue el crecimiento de los gastos de funcionamiento, que en su momento se tuvieron que incrementar para atender las necesidades de los hogares y sectores sociales que se vieron golpeados por este fenómeno, generando fuertes presiones en las cuentas de la Nación y obligando a los gobiernos de turno a buscar plata para cumplir.
Desde el 2020, cuando el país se tuvo que encerrar para hacer frente a la amenaza del covid-19, hasta la fecha, los gastos de funcionamiento (en precios corrientes) pasaron de $211,8 billones a $308,8 billones; lo cual se traduce en un repunte del 46% en los últimos cinco años. No obstante, hay que destacar que en ese mismo lapso la inversión creció un 128%, al pasar de $43,7 billones a $99,8 billones.
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Si a esto se le suma la propuesta que hizo el Ministerio de Hacienda, para que en el 2025 al funcionamiento del Estado se destinen $327,4 billones, el crecimiento de este rubro sería de $115,5 billones con respecto a hace un quinquenio, es decir, un repunte del 54,5%. Esto mientras que la inversión sufrirá un recorte a $82,4 billones, de los cuales al menos $12 billones dependerán de una Ley de Financiamiento, que se presentará al Congreso.
Pesos colombianos
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Subsidios presionan
Un reciente informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana pasó revista a los cambios en los gastos de funcionamiento del Gobierno Nacional entre los años 2019 y 2024, encontrando que la mayor parte de los incrementos que se han realizado, obedecen al compromiso que se tiene con las transferencias corrientes.
“Para este periodo, este tipo de gasto creció aproximadamente $87,5 billones a pesos constantes, representando un aumento del 40% y un 5,5% del PIB proyectado para 2024. Este crecimiento se concentró principalmente en la cuenta de transferencias corrientes (82%), seguido de gastos de personal (14%) y en menor cuantía el resto de las cuentas (4%)”, indicaron en su reporte.
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Esto, dicho de otra forma, muestra que más allá de pensar en que se está contratando a mucha gente o que los gastos de representación y proveedores generen un fuerte peso en los cálculos, la mayoría de la presión proviene de las ayudas y subsidios que se están entregando a los diferentes sectores de la sociedad.
Ahora bien, en el desagregado de las transferencias, las que más han pesado durante los últimos cinco años son las del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fpec), con el 26%, seguidas por el Sistema General de Participaciones (subsidios en las regiones), que abarca el 19%, y en tercer lugar las transferencias al sistema de salud, con otro 19%.
Economía colombiana.
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En esta lista también aparecen las prestaciones sociales asumidas por el Estado (salud y pensiones), para las que entre 2019 y 2024 se tuvieron que destinar $13,2 billones, es decir el 18% del incremento de los gastos. Por último están “otras transferencias corrientes”, que se tratan de leyes que ordenan alguna destinación para gobiernos subnacionales, fondos o privados que administran recursos públicos para financiar gasto social y tiene el 17% del crecimiento del rubro de funcionamiento.
Tormenta perfecta
Teniendo en cuenta todo lo que ya se ha mencionado y que, contrario a lo que se viene recomendando por parte de los expertos, los gastos de funcionamiento seguirán creciendo, mientras que los compromisos de deuda aprietan las finanzas y la inversión cae; se puede decir que el país se encamina hacia una especie de “tormenta de deuda”, en la que sus obligaciones no dan tregua, mientras el crecimiento económico sigue lento.
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Portafolio también conversó con William Reyes, investigador del Observatorio Fiscal de la Javeriana, quien recordó que Colombia está en un momento de estrechez fiscal, en el que se deben revisar todos los gastos, para postergar los que no sean urgentes y dar prioridad al alivio de caja que se necesita con urgencia.
“El Gobierno ha tenido que recortar $20 billones del presupuesto de este año, básicamente porque no hay cómo financiarlo, y es probable que en el transcurso de los próximos meses tenga incluso que seguir haciendo recortes. En escenarios como estos, el tipo de gasto o el componente que se ve principalmente afectado es el de inversión, y eso claramente tiene consecuencias para el crecimiento económico e implica una menor oferta de bienes y servicios públicos para la ciudadanía y las regiones en general”, dijo este experto.
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Reyes agregó que estas transferencias no dependen de decisiones del poder ejecutivo, sino que obedecen a normas de carácter constitucional o legal y que en la práctica no existe mucho margen de maniobra para aminorar buena parte de esas transferencias, al menos en el corto plazo, con lo cual se debe pensar en ajustes milimétricos que alivien el gasto.
“Acá también debemos hablar de la deuda, porque es algo que no se puede recortar cuando hacen el Presupuesto, acá en el Gobierno no tienen mucho margen de maniobra o algún grado de discrecionalidad para disminuir o para suspender. Lo que se compromete hay que pagar y por eso no es viable pensar en que esos renglones se toque”, indicó.
Optimizar el gasto
Estos expertos presentaron varias propuestas para enfrentar mejor este apretón de caja, arrancando por otorgar mayor autonomía a los entes territoriales en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), para que desarrollen sus capacidades para generar ingresos propios a través de impuestos locales, reduciendo su dependencia de las transferencias nacionales y mejorando la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
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Así mismo, ponen sobre la mesa la posibilidad de implementar impuestos a las pensiones, especialmente en los regímenes especiales que generan una presión significativa sobre el presupuesto público y benefician a un número limitado de personas. En el ámbito de la salud, indicaron que es necesario priorizar los tratamientos y servicios ofrecidos por el sistema, dado que los recursos disponibles son limitados.
Por último, indicaron que es fundamental estrechar la definición de gasto social, dado que la amplia interpretación actual ha permitido la proliferación de leyes que ordenan gastos con el calificativo de «social» sin considerar su sostenibilidad a largo plazo, para de esta forma enfocar los recursos en necesidades verdaderamente esenciales, asegurando una mayor efectividad en la solución de las necesidades básicas de la población.