El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) publicó un informe en el que realizó un análisis con recomendaciones y advertencias sobre los proyectos de reformas a la salud y las pensiones en Colombia, así como sobre el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).
Este análisis busca mantener bajo control las finanzas públicas.
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Si bien dicho comité destacó algunas bondades del proyecto de reforma pensional, como la eliminación del arbitraje entre los actuales regímenes que operan en Colombia, la disminución de los subsidios a las pensiones altas y la ampliación de la cobertura en el país, también hizo una serie de recomendaciones al Gobierno en el sentido de ajustar esa iniciativa para que tenga el menor impacto posible sobre la sostenibilidad fiscal.
Una de las primeras sugerencias apunta a la necesidad de que se reduzca el umbral del pilar contributivo de Colpensiones a un salario mínimo mensual desde los tres que plantea el proyecto, recomendación que coincide con la de varios expertos y analistas, quienes creen que un umbral más bajo, sin duda, tendrá un impacto mucho menor en el déficit pensional a futuro.
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En opinión de los miembros del Comité, acoger esa propuesta representaría un ahorro fiscal en el Valor Presente Neto (VPN) de la reforma cercano al 20 por ciento del producto interno bruto (PIB), unos 300 billones de pesos a precios de hoy.
El mismo comité también advierte sobre la necesidad de ahorrar el ciento por ciento de las cotizaciones que, de aprobarse el proyecto, pasarían del régimen de ahorro individual, los fondos privados (AFP) a Colpensiones.
Según cálculos de Asofondos se trata de recursos mensuales del orden de los 2 billones de pesos, que se traducen a unos 24 billones anuales, correspondientes a los ahorros de quienes devengan hasta tres salarios mínimos.
Los miembros del Comité Autónomo también son enfáticos al sugerirle al Gobierno que los recursos que lleguen al Fondo de Ahorro no se utilicen para financiar el pilar semicontributivo, más allá de lo cotizado por los beneficiarios, pero que, además, existan las garantías necesarias de que dicho fondo «sea administrado por gestores profesionales, con incentivos adecuados para maximizar el retorno de las inversiones».
Advirtieron que «una caída de 1 punto porcentual en la rentabilidad sobre los recursos acumulados en el Fondo de Ahorro representa un mayor costo de la reforma de hasta 12 por ciento del PIB y el Fondo se agotaría 9 años antes de lo previsto».
En materia de salud el CARF también fue claro en las recomendaciones hechas al Gobierno para que el impacto de las reformas en este frente no sean de grandes dimensiones y pongan en riesgo la estabilidad fiscal del país, pues consideran que, como está redactada la iniciativa, esta tendría un costo anual de entre 4 y 7 billones de pesos, según estimaciones del propio Gobierno.
En ese sentido, identificaron cinco riesgos asociados con el proyecto de reforma que se estudia en el Congreso y que puede elevar el costo fiscal de la misma. El primero de estos es el costo de la atención primaria, el cual puede superar en forma
importante lo inicialmente previsto.
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Para el Comité el esquema de oferta que se propone genera pérdida de capacidad para limitar el costo de los servicios de salud por falta de alineación de incentivos entre
quienes prestan el servicio y lo pagan; también consideran insuficiente la capacidad para gestionar los recursos en las regiones.
Un cuarto tema también apunta a la falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación en el esquema propuesto, previamente compartido con el sector, mientras que también hay riesgos por la indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.
En relación con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el Comité recomienda al Gobierno mantener el esfuerzo para reducir el diferencial entre el precio de referencia de la gasolina y su precio regulado.
Considera que eso permitirá la reducción del déficit del FEPC de 36 billones de pesos en 2022, a cerca de 26 billones este año, cifra que, no obstante, sigue siendo muy elevada para las finanzas de la Nación, por lo que debe continuar reduciéndose.
«Los subsidios a los combustibles fósiles son en la actualidad el programa de subsidios más costoso a cargo de la Nación y más que duplican la totalidad de las trasferencias directas a los hogares en el país, además de ser regresivos. Reversar o suspender la política de corrección de precios no sólo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura, al pago de estos subsidios», alerta el CARF.
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