En una decisión histórica, la Corte Constitucional legalizó el suicidio médicamente asistido (SMA) como uno de los procedimientos para acceder a la muerte digna en Colombia. En este procedimiento, a diferencia de la eutanasia, es el paciente quien ejecuta la acción de acabar con su vida.
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La decisión avala el SMA para los mismos requisitos en los que hoy es permitida una eutanasia: cuando el paciente esté diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, cuando padezca de intensos dolores físicos o psíquicos por cuenta de ello que sean incompatibles con su idea de vida digna, cuando manifieste expresamente su intención y la asistencia la preste un médico.
La decisión se tomó con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, con votación 6-3. A Lizarazo lo acompañaron Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Diana Fajardo y Natalia Ángel Cabo. En contra, votaron Cristina Pardo, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez.
La determinación se produjo al estudiar una demanda presentada por Lucas Correa Montoya y Camila Jaramillo Salazar, del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), en contra del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal que penaliza la inducción al suicidio, dando entre 16 y 36 meses de cárcel a quien induzca o apoye a una persona a suicidarse con la intención de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal grave o incurable.
Colombia es el único país latino donde están despenalizadas la eutanasia y el SMA.
El alto tribunal condicionó el artículo mencionado para dejar en claro que no es delito y que, al contrario, es un procedimiento constitucionalmente protegido la asistencia médica a la persona que manifieste su deseo de terminar su propia vida en las condiciones citadas.
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La demanda aseguraba que penalizar el SMA vulneró el derecho a morir dignamente, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad al impedir el acceso a una ayuda médica para que las personas que así lo deseen pueden poner fin a su vida de una manera acompañada y protegida.
«Algunas personas pueden preferir la eutanasia, unas veces porque no pueden causar su propia muerte y otras veces porque no quieren. En otros casos, las personas prefieren poner ellas mismas fin a sus vidas (suicidio médicamente asistido) y al hacerlo buscan tener la ayuda necesaria para lograrlo de forma segura, acompañada y protegida”, decía la demanda que señala que legalizar el procedimiento, se logra que este sea “transparente, acompañado, protegido y seguro”.
Con esta decisión, Colombia se suma a Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Australia, España, Alemania y a algunos estados de Estados Unidos en donde el SMA es legal. El año pasado, cuando se presentó la demanda, DescLAB tenía documentados 125 procesos investigativos entre 2010 y el primero de agosto de 2021 por el delito de inducción y/o ayuda al suicidio.
De esos casos, el 29 % está activo (37 casos) y el restante 71 % está inactivo (88 casos). Y solo uno tuvo captura y condena, mientras que hay tres más en imputación de cargos y uno en acusación.
POSICIÓN DESDE EL GOBIERNO
Ante la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda al indicar que, en su criterio, no se puede argumentar que la ayuda al suicidio proteja la vida digna, “pues lo cierto es que quien concurra en este delito afecta este bien jurídico”.
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“El derecho a morir dignamente no implica que las personas no tengan el deber de evitar los riesgos de la salud a otras personas, pues existe un deber fundamental de respeto a la vida ajena, en este punto”, agregó el Ministerio de Justicia hace unos meses al alto tribunal.
Para la cartera, la Corte no debía hacer pronunciamiento alguno porque, en su criterio, la demanda presentada por DescLAB asimilaba erróneamente los delitos de inducción al suicidio y el homicidio por piedad y, por tanto, no cumplía con los requisitos para ser estudiada de fondo.
“La primera (eutanasia) consiste en brindar ayuda efectiva por parte de un profesional médico para poner fin a la vida de la persona, destacando que es el mismo profesional médico quien realiza tal actividad. Diferente situación ocurre en el suicidio asistido, pues es la misma persona quien causa su muerte, ayudado por alguien que le proporciona los medios necesarios para hacerlo; esto puede ser brindando asesoramiento de dosis letales de medicamento”, dijo el Gobierno.
Según el Ministerio, el delito de inducción al suicidio se justifica “en la medida en que se tiene que analizar la intervención de terceros en el acto suicida, atendiendo que la vida es un derecho disponible para su titular y solo él es quien decide lo que atañe a su propia existencia”.
“En este sentido, cuando nos ubicamos en el tipo penal de inducción o ayuda al suicidio lo que se podría advertir es que existe una barrera legítima, que impide la intromisión por parte del Estado en las decisiones de los ciudadanos, siempre y cuando no se afecten derechos ajenos, y su tipificación respondería al deber de todo ciudadano de no afectar la vida ajena”, señaló el ministerio, que aseguró que el delito de inducción al suicidio, como está contemplado, no vulnera el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
En Colombia, el permiso de la eutanasia se encuentra con distintos niveles de restricción.
El Ministerio de Salud, por su parte, le envió a la Corte Constitucional un concepto técnico, revelado por EL TIEMPO, y argumentó que legalizar el SMA en Colombia debía hacerse por la vía del Congreso, en atención a la “complejidad que supondría la inclusión del SMA como proceso asistencial en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
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Para el Ministerio de Salud, “llevar a la prestación de servicios el SMA, requiere de una estructura de prestación de servicios, primordialmente de acceso a medicamentos y red de prestación para su dispensación, vigilancia y control, diferente a la que se usa en eutanasia”.
Para la cartera, el SMA también necesitaría de una “definición contextual” y de “revisiones operativas diferenciadas”, lo que, en su criterio, “lleva a cuestionar si se requiere realmente de otra alternativa” cuando ya es posible la eutanasia para las mismas circunstancias en las que la demanda pide legalizar el SMA.
“Las divergencias entre las opciones para el ejercicio de derechos al final de la vida en ponderación con las libertades individuales y la solidaridad en el marco del sistema general de seguridad social en salud del país, deben ser revisadas de manera contextual y sobre la realidad de capacidad instalada en tecnologías en salud, lo que incluye el conocimiento disponible para la atención, pues de ello depende la garantía de acceso a las opciones mínimas de alivio”, dijo el Ministerio.
«Incluir una opción adicional por vía despenalización impacta la manera en la que se va a desarrollar”, dijo el Ministerio en referencia al fallo de la eutanasia de 2021 que amplió el procedimiento a pacientes no terminales.
El Ministerio aseguró que el derecho a morir con dignidad “no contiene alternativas infinitas” y, por ello, “afirmar que el SMA es una opción igual a la eutanasia es desconocer las diferencias conceptuales, procedimentales y asistenciales”.
En ese sentido, la cartera insistió que el tema debería ser objeto de debate en el Congreso y no del resultado de un fallo judicial.
“La ausencia de la opción SMA no limita el derecho fundamental a morir dignamente de manera anticipada, ni impide prestar la asistencia cuando se cumple con condiciones para acceder a tal opción”, finalizó la Cartera en el concepto que hace un recorrido por la legislación de los países en los que está permitido el suicidio médicamente asistido, para indicar que en mayoría se trata de regulación vía ley.
EL TIEMPO – JUSTICIA