Redacción
En momentos en que muchas zonas del país ven un recrudecimiento de la violencia y sus habitantes piden presencia del Estado en sus territorios, desde el Congreso lanzaron una alerta por la posible desfinanciación del programa de sustitución de cultivos y una disminución del 14 por ciento en el presupuesto para dar solución al programa de cultivos ilícitos.
El informe, presentado por 14 congresistas de oposición e independientes, da una serie de recomendaciones para dar solución al problema de las drogas ilícitas y hace un diagnóstico de lo que se ha hecho en 38 años de lucha contra las drogas.
La solución al problema de las drogas ilícitas se encuentra consignada en el Acuerdo de Paz, ya que allí se propuso diseñar estrategias diferenciadas para los diferentes eslabones de la cadena productiva: ofrecer desarrollo rural para los cultivadores; tratar como asunto de salud pública el consumo de sustancias psicoactivas; y tratar como crimen organizado la comercialización de la droga.
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La primera alerta que se evidencia en el informe tiene que ver con que “en el Trazador Presupuestal de Paz en el proyecto de Presupuesto 2021, hay una reducción del 14 por ciento en los recursos necesarios para dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito”.
A esto se suma el hecho de que, según el documento, el costo del programa de sustitución de cultivos ilícitos es de 4,8 billones y su asignación de recursos ha ido disminuyendo, pasando de 510.000 millones de pesos en 2017 a 191.000 millones de pesos en 2020.
“La situación de la política de erradicación y de sustitución de cultivos está en crisis y demanda cuanto antes un nuevo programa que atienda realmente a estas familias”, manifestó la representante Juanita Goebertus, quien lideró la construcción de este informe.
La situación de la política de erradicación y de sustitución de cultivos está en crisis
Esto coincide con la alerta lanzada hace algunas semanas por el congresista de Cambio Radical José Daniel López, quien habló de una posible desfinanciación del programa de sustitución al señalar que se requerían 1,2 billones para el próximo año y apenas se van a asignar 191 mil millones, un déficit del 84 por ciento.
Este programa es clave, pues si bien es más lento que la fumigación o la erradicación forzada, a largo plazo es el más efectivo. Hasta el momento se han vinculado 99.097 familias con acuerdos individuales, erradicando 41.513 hectáreas y el cumplimiento ha sido del 96 por ciento: solo ha habido un 0,2% de resiembra en áreas erradicadas voluntariamente, mientras que mediante la estrategia de erradicación forzada la resiembra llega al 50 por ciento.
No obstante, de las 99.097 familias vinculadas apenas 2, 1 por ciento tienen actualmente un proyecto productivo, que es a largo plazo la única manera de que estas personas abandonen definitivamente el cultivo de coca.
Los firmantes son: Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Wilmer Leal y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde; Angela María Robledo, de la Colombia Humana; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; John Jairo Cárdenas, John Jairo Hoyos y Roy Barreras, del Partido de la U; Carlos Ardila, Guillermo García Realpe y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal.
El balance del Gobierno
Frente a este tema, el Gobierno asegura que actualmente el programa cuenta con unos sistemas de información confiables y actualizados y que se tengan claramente identificada la situación de cada una de las familias vinculadas.
“Sobre sustitución de cultivos ilícitos, hemos invertido en esta administración $881.521 millones. Para ejecutar el programa integralmente, se requiere de $4,3 billones. Estamos respondiendo a esas cerca de 100 mil familias vinculadas”, indicó la Alta Consejería para la Estabilización.
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De acuerdo con la entidad, de las 99 mil familias vinculadas ya 74.255 han recibido los pagos por asistencia alimentaria inmediata y 61.769 familias reciben asistencia técnica en sus predios y parcelas.
Frente al presupuesto para el próximo referente al acuerdo de paz, en respuesta enviada a este diario hace algunos días, la Consejería para la Estabilización señaló:
“En el proyecto de Presupuesto 2021, que se radicó ante el Congreso, se presentó un presupuesto total para la paz por 10,7 billones de pesos, de los cuales 5,7 billones de inversión son de funcionamiento, también incluyendo recursos del Sistema General de Participaciones. Con estas cifras en mente, presentamos un incremento de 9 por ciento en los recursos totales para la implementación del acuerdo entre 2020 y 2021”, indicó la Consejería para la Estabilización.
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