Ricardo Bonilla se desempeñó como ministro de Hacienda en el gobierno de Gustavo Petro desde el 27 de abril de 2023 hasta este 4 de diciembre de 2024, cuando fue el mismo mandatario quien le pidió la renuncia, argumentando que, para evitar que el académico caiga en trampas tendidas, «por la extrema derecha financiera y sus políticos y la gran mafia, yo prefiero que el doctor en economía, ingenuo por no tener práctica política, renuncie«.
Esta coyuntura se da en medio del mayor escándalo de corrupción que se ha producido en este gobierno, el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD), en el que se han visto señalados el exdirector de la entidad, Olmedo López, así como a otros personajes de la política nacional, como el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González; y el mismo Bonilla, entre otros.
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Reforma al SGP
Es de resaltar que el exjefe de la cartera económica enfrentó varios momentos clave durante su paso por el cargo, entre los últimos acontecimientos está la reforma al Sistema General de Participaciones, es decir, los dineros que se le giran a las regiones; una iniciativa que busca duplicar el porcentaje para que pasen de recibir el 23,8% al 46,5% del Presupuesto General de la Nación.
“Lo que nosotros estamos diciendo desde el Ministerio de Hacienda es que la versión que salió en quinto debate del Congreso es absolutamente insostenible. Que hay que trabajar en hacerle una gran cantidad de modificaciones y es lo que buscamos acordar desde el Gobierno“, señaló Bonilla a finales de octubre de este año.
Ley de financiamiento
Otro tema importante es la ley de financiamiento impulsada por la cartera de Hacienda, en cabeza de del saliente Bonilla, quien afirmó: “Sí se buscan recursos adicionales, pero se están buscando en los resquicios que deja el estatuto tributario, corrigiendo errores históricos que tiene esta norma, poniendo y nivelando la mesa en términos de diferentes aspectos”.
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En este punto, Bonilla insistió, a finales de noviembre, que no se trata de una reforma tributaria y fue enfático en que si esta ley se aprueba, los costos serán menores y que con el tiempo se ha mostrado que la economía es resiliente y no se verá afectada por esta norma.
Con este proyecto, se busca recaudar al menos $12 billones en 2025. La propuesta mantiene la sobretasa en renta al carbón y al petróleo y no tocaría el IVA de productos exentos y excluidos (alimentos de la canasta familiar) ni se bajará el umbral de declarantes como personales naturales.
La iniciativa busca refinanciar las deudas vigentes para liberar espacio de gasto y adelantar la regla fiscal, y fue uno de los más criticados del exministro Bonilla. De hecho, con su salida de la cartera, lo más probable que ocurra es que no continúe su curso en el Congreso de la República.
Presupuesto General de la Nación
Bonilla González señaló a comienzos de noviembre que, al cierre del año, el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024 tiene un compromiso del 72%, del cual el 63% ya se ejecutó y un 61% se ha pagado, asimismo, explicó que la diferencia entre los porcentajes de compromiso y ejecución está en la inversión, en la que las dinámicas de manejo del Presupuesto hacen que esto suceda.
Además, Bonilla aseveró que el Presupuesto para 2025 se fijará en $523 billones, debido a que el Congreso no aprobó ninguna modificación, el Gobierno solo puede trabajar con el presupuesto que se propuso inicialmente.
Marco fiscal
Según afirmó, estuvieron muy por encima de lo debido y, gracias a ello, se dio paso a la crisis fiscal que se está viviendo en la actualidad.
“Coyunturalmente, nos vamos a la situación de que hubo un desfase en las proyecciones de recaudo tributario, la perspectiva de recaudo del año 2024 no se va a alcanzar y eso significa tener que hacer un ajuste en el gasto. Ese ajuste ya fue autorizado en el Consejo de Ministros, es por $20 billones y está permitiendo que salga del decreto, estableciendo cuál es la composición”, sostuvo el exministro en aquel momento.
En ese hilo, para las proyecciones de gasto del próximo año se propone un mecanismo de cálculo del déficit permitido un año antes de lo planeado, es decir, en 2024 en lugar de 2025, para que el Gobierno nacional acceda a más recursos por medio de mayor endeudamiento, lo que significa, aumentar el déficit en un 0,3% del PIB, esto equivaldría a gastar $5,3 billones más.
Para Bonilla de esta forma se aprovecharía el buen desempeño fiscal del país, buscando dar un alivio al apretón de caja que se está sorteando.
VALENTINA DELGADILLO ABELLO
Periodista Portafolio