El pasado viernes, el fiscal General, Francisco Barbosa, dio a conocer los nombres de 17 personas más que serán imputadas por el caso Odebrecht, por su presunta participación en contrataciones irregulares entre 2011 y 2015, en especial en la ampliación del proyecto de la Ruta del Sol.
Con esas nuevas imputaciones, ya son 33 las que completa el Grupo de Tareas Especiales delegado por el fiscal general, Francisco Barbosa, que durante su administración ha adelantado varias líneas de investigación para avanzar en el proceso que muchos han dado por cerrado.
Le puede interesar: El duro cuestionamiento de Gaviria a Petro por intervención de los servicios públicos
Ese caso viene rondando los estrados judiciales en Colombia desde 2016, cuando se conocieron los sobornos que pagaron los socios de dicha firma, no solo en Colombia, sino en varios países del continente, para la ejecución de contratos y obras de infraestructura multimillonarias.
Los propios ejecutivos de Odebrecht reconocieron posteriormente que habrían pagado, en ese entonces, 11 millones de dólares que les permitieron quedarse en 2009 con la mayor licitación de vías en el país: la adjudicación de la Ruta del Sol Sector II.
Este mismo accionar permitió que se les adjudicara también la adición de la Ruta del sol para el trayecto Ocaña-Gamarra en 2014, por la que habrían pagado sobornos de al menos 4,5 millones de dólares. Además, por este caso ya fueron condenados el lobista y ex congresista Otto Bula y el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías.
Justamente, sobre esta línea de investigación (la adjudicación del contrato de concesión Ruta del Sol II), se anunciaron las últimas imputaciones del caso, en donde los implicados serían ex funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quienes habrían sido los responsables de participar en la proyección, trámite, revisión, aprobación y celebración de cuatro otrosí que se le hicieron al contrato N° 001 del 14 de enero de 2010, mediante los cuales le permitieron al contratista Ruta del Sol asumir los diseños y obras de un nuevo tramo vial entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar), y modificar la forma de pago en posible beneficio de la concesionaria.
Le puede interesar: «No se eliminarán recursos que afecten el servicio de salud»: viceministro de protección
El 13 de julio de 2013, la ANI, careciendo de estudios previos y por un presunto desconocimiento de las normas y criterios de contratación, según la Fiscalía, le ofreció a Odebrecht ampliar el contrato de la Ruta del sol para incluir la ejecución de la obra Ocaña-Gamarra sin tener en cuenta que este tramo de obra ya tenía un contrato que había celebrado el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Además, habría autorizado la contratación sin contar con diseños ni adición de recursos que garantizaran la financiación, por lo cual la concesionaria habría tenido que ajustar su propuesta, apalancándose en el trabajo hecho por la otra empresa contratada con anterioridad.
Con estas dos adiciones irregulares se habría incrementado el valor de la Ruta del Sol II en un 32 % y prolongando el tiempo de ejecución de 20 a 25 años.
De su lado, la ANI le pagó al contratista algo más de 3 mil cien millones de pesos por estudios y cerca de 4630 millones de pesos por la construcción; superando así una cifra total de 7 mil ochocientos millones de pesos.
Esto implica, según la Fiscalía General, que el Estado pagó dos veces por los estudios del tramo Agua Clara – Río de Oro.
Un desembolso fue hecho por el Invías y el otro por la ANI.
Las imputaciones anunciadas esta semana están enmarcadas dentro de las líneas de investigación sobre las que ha trabajado la Fiscalía en los últimos años, en las que además de las irregularidades en la adjudicación del contrato de concesión Ruta del Sol II, se indagan, entre otras, las maniobras que se habrían llevado a cabo en la banca internacional para recuperar dineros destinados a la coima del contrato de adjudicación, los subcontratos ficticios que se ejecutaron para ocultar esos pagos y la presunta participación de funcionarios de la propia Fiscalía que les habrían ayudado a los ejecutivos brasileños a evadir la acción de las autoridades.
Esta última línea de investigación tiene relación con el fiscal Daniel Hernández, quien fue imputado por la Fiscalía hace algunas semanas por haber presuntamente ‘engavetado’ las órdenes de captura en contra de los directivos de la multinacional brasileña para permitirles salir del país sin inconvenientes. Hernández se defendió diciendo que esas denuncias hacían parte de una persecución política contra el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez.
Le puede interesar: ¿Qué esperan los jóvenes del PND? Estos son los temas que piden debatir en el Congreso
De otro lado, el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, quien ya está siendo juzgado por los delitos relacionados con este caso, será imputado exclusivamente por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros por los otrosíes 7 y 9, según se conoció.
¿Hasta dónde puede llegar?
El fiscal Gabriel Jaimes, quien dirige el grupo especial de fiscales, aseguró que estas investigaciones estarán cerradas antes de que Barbosa concluya su mandato y estimó que para ese momento habrán sido imputadas alrededor de 50 a 60 personas por este caso.
Sin embargo, afirmó que todavía hay investigaciones por adelantar para determinar la responsabilidad de todos los participantes en la firma de esos otrosí, lo que incluye, por un lado, a los contratistas, y por el otro, a los funcionarios de los ministerios de Hacienda y Transporte (lo que podría llegar incluso a exministros), que hayan estado involucrados en el proceso de celebración de los otrosí.
“Ministros que hayan participado en el proceso precontractual de firma de estos otrosí. Por supuesto, esto se refiere a los ministerios de Transporte y Hacienda”, dijo Jaimes.
Esto incluiría también a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi, contra quienes las investigaciones aún siguen abiertas, según explicó el fiscal.
Si estas líneas de investigación será lo último que sepa el país sobre el caso Odebrecht solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, lo que señala el fiscal Barbosa es que, al final de su mandato, “por lo menos en la fase investigativa se va a dejar casi listo el proceso”.