“Cuando el presidente Petro anuncio en su posesión, como primer punto de su decálogo de Gobierno que ‘vamos a cumplir el Acuerdo de Paz’, celebramos el renovado compromiso con el proceso de paz. Un semestre más tarde, observamos con preocupación que las buenas intenciones no se traducen aún en avances en la gestión e implementación del Acuerdo”.
Así inicia una declaración firmada por el exjefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle y el exalto comisionado de Paz Sergio Jaramillo en la que expresan inquietud por la lentitud que desde agosto pasado ha tenido el desarrollo de lo convenido hace seis años entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc.
En ella lamentan que solo hasta hace poco se encargó formalmente al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, de liderar la ejecución del Acuerdo y la articulación de las diferentes entidades encargadas de su puesta en marcha.
Y señalan que dicho funcionario divide su tiempo entre las negociaciones con el ELN, los intercambios permanentes con organizaciones de crimen organizado en el campo y la ciudad y sus otras responsabilidades, por lo que “es humanamente imposible que el Comisionado se encargue eficazmente de la implementación del Acuerdo”.
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Tampoco, dicen, se ha nombrado director en la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, ni creado el Sistema Nacional de Reincorporación: “El bienestar de 12700 excombatientes está en juego”.
Preocupa la violencia
Quienes lideraron las negociaciones con las Farc en el Gobierno Santos también se refirieron a otros aspectos relacionados con la implementación de lo convenido en La Habana.
“La violencia recurrente en los territorios amenaza la implementación del Acuerdo, que pretendía precisamente evitar el reciclaje de la violencia. Inquietan las noticias cada vez más frecuentes de masacres en las regiones (30 en este semestre, según Indepaz) y el incremento significativo de asesinatos de líderes sociales en el nuevo Gobierno (50 % más, según Ideas para la Paz). “La experiencia colombiana enseña que conversaciones de paz que no estén acompañadas de una estrategia eficaz de seguridad, fracasan”.
De igual forma, De la Calle y Jaramillo anotan que la ejecución del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos supone “un reto mayúsculo” para este Gobierno.
Según ellos, los cultivos de coca llegaron a 20.4000 hectáreas en el último año del Gobierno Duque, el mayor crecimiento anual desde que Naciones Unidas lleva registros (43 %).
“Por lo mismo, es urgente que el Gobierno Petro produzca una hoja de ruta para implementar de manera vigorosa el programa con el enfoque territorial que propone el Acuerdo. Es bien conocida la relación directa que existe entre la presencia de cultivos de coca y de organizaciones criminales en los territorios por una parte, y el asesinato de líderes sociales por la otra”.
Y reconociendo “el incremento significativo de recursos” para el Ministerio de Agricultura y las agencias del sector rural, indispensables para la implementación del Punto 1 del Acuerdo: la Reforma Rural Integral, RRR, alentaron al Ejecutivo a financiar y poner en marcha finalmente los 16 planes nacionales en materia de desarrollo rural, “que son la esencia de la RRR y que seis años después de su firma escasamente se han terminado de formular. Por ejemplo, el Ministerio de Salud aún no ha adoptado el Plan de Salud Rural”.
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Precisamente en la declaración dada a conocer el pasado lunes también anotaron que les preocupa que las bases del Plan Nacional de Desarrollo parecen reflejar un menor compromiso con la implementación del Acuerdo.
“Mientras que en el plan del Gobierno Duque existían 48 indicadores asociados a la implementación, en las bases públicas publicadas por este Gobierno hay seis veces menos indicadores (8). Tampoco parece haber indicadores para la mayoría de los planes nacionales de la RRR, lo que hace imposible medir su avance, ni para los cultivos de uso ilícito y el desarrollo alternativo, ni para la reincorporación de excombatientes ni para cumplirle a las víctimas del conflicto. Lo que los gobiernos no miden, no lo hacen”, aseguraron De la Calle y Jaramillo.
E igualmente hicieron un llamado a proteger la JEP, “que en los últimos meses ha mostrado resultados sin precedentes en un proceso de paz, como son los reconocimientos voluntarios de responsabilidad ante un tribunal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de guerrilleros y agentes del Estado”.
“Es importante que se cumplan las sanciones correspondientes, como lo prevé el Acuerdo, asegurando los recursos para su ejecución, y que se continúe el proceso de esclarecimiento de verdad para las víctimas. No hay necesidad de reformar la JEP y menos de incluir en ella organizaciones de crímenes organizados que nada tienen que ver con sus propósitos”, dijeron.
Reacciones
El analista político de la Universidad del Valle Darío Villamizar coincide con los autores de la declaración en que hay aspectos que afectan el adecuado cumplimiento de lo acordado, como la ausencia de titulares en instituciones claves, como la ARN. “No hay explicaciones a esa falta de nombramiento”.
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Pero lo fundamental, dice, es que esta declaración debe ser tenida en cuenta por el Gobierno y servir para iniciar un acercamiento con los dos firmantes. “Es la hora del diálogo. Sergio Jaramillo tiene experiencia y conocimiento y, aunque no coincida con el Gobierno Petro, su visión puede aportar. La Paz Total requiere del concurso de todos”., manifiesta.
De su lado, León Valencia, director de la Fundación Pares, considera que es “bueno que Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, principales negociadores del Gobierno de Santos en el proceso de paz con las Farc, le hagan seguimiento al cumplimiento del acuerdo por parte del Estado. El llamado que hacen al Gobierno de Petro es bien intencionado, pero olvidan que el Gobierno de Duque no solo significó un abandono de responsabilidades con el Acuerdo. En realidad fue una grave interferencia en el proceso de reconciliación del país”.
Y añadió: “También es necesario reconocer que Santos adelantó una paz parcial y el propósito de Petro es una paz total, lo cual implica un esfuerzo mayor y más complejo. El arranque de Petro ha sido bueno: lograron darle un marco jurídico en tiempo récord, lograron poner de acuerdo a la mayoría de las fuerzas del país en el propósito de paz, tienen un acuerdo de agenda y metodología con el ELN también en tiempo récord, están comprometiendo a la comunidad internacional con celeridad. El segundo semestre será de implementación”.
