La iniciativa que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) para aumentar las transferencias a las regiones fue aprobada este martes 29 de octubre por el Senado de la República, en sexto debate.
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Con una votación de 75 votos por el sí y 2 por el no, esta corporación dio luz verde al proyecto, que ahora deberá superar dos debates más en la Cámara de Representantes para la modificación constitucional.
La iniciativa plantea modificar los artículos 356 y 357 de la carta magna.
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En un principio se buscaba establecer que el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, distritos y municipios represente mínimo el 46,5 % de los ingresos de la Nación. Sin embargo, se acordó entre las distintas fuerzas políticas, con el visto bueno del Gobierno, que será del 39,5 %. En la actualidad, las transferencias se dan sobre el 24 %.
Cambios al proyecto original
El lunes, un día antes de la aprobación, se lograron siete acuerdos que permitieron destrabar el camino para el avance del trámite de la reforma al sistema de transferencias.
En diálogo con Portafolio, el senador Ariel Ávila, coordinador ponente de la iniciativa, contó que para esto se establecieron acuerdo que abordan temas que van desde el aumento en el porcentaje de transferencias hasta el cambio en las competencias que deben asumir las regiones y el Gobierno Nacional para que todo salga adelante.
“El crecimiento se va a bajar de 46,5% al 39,5%; lo cual es un aumento significativo comparado con lo que hay en este momento, pero se accede a un bajonazo de siete puntos porcentuales. El segundo acuerdo es que la transición no va a durar 10 años sino 12, con el fin de que haya más progresividad respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo”, explicó.
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Para lograr estos consensos, tanto ponentes como delegados de la Casa de Nariño estuvieron reunidos en varias oportunidades la semana pasada, aunque los encuentros clave fueron el pasado sábado y el lunes -26 y 28 de octubre- cuando se ajustaron los puntos finales de lo que se llevará a la Plenaria del Senado por medio de proposiciones a introducir en el articulado.
“El tercer acuerdo es que se mete un candado más fuerte, condicionando el acto legislativo a la ley de competencias y se dará prioridad a temas de cierre de brechas, sobre todo los departamentos más pobres y desiguales; al tiempo que se genera una línea de trabajo para educación inicial y superior”, contó Ariel Ávila.
De una forma simple, con los cambios a la reforma al SGP se incluye la financiación de, como mínimo, dos años de escolaridad de la educación preescolar y, como mínimo, dos años del ciclo educativo de la educación superior. Esto, en concurrencia con el Gobierno Nacional, que a su vez tendrá la obligación de presentar la ley de competencias en un período no superior a seis meses.
En la antesala de este anuncio, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que los ajustes a la iniciativa eran algo necesario, ya que el articulado aprobado en quinto debate (de ocho que necesita para ser ley) genera un sistema insostenible, en el que la única forma de sacarlo adelante es aumentando los niveles de deuda.
No obstante, para el Ministro de Hacienda, dicho incremento en las transferencias debería ajustarse en un lapso de entre 15 y 20 años, por lo que el Gobierno Nacional también tuvo que ceder, así como lo hizo con el aumento máximo sugerido del 37%, que había puesto sobre la mesa días atrás.
PORTAFOLIO