En una carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, los 14 sindicatos que actualmente se encuentran en paro, instauraron una denuncia penal en contra de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por presuntos “actos atentatorios” en contra de los derechos de asociación y libertad de estos colectivos de trabajadores que completan más de un mes en huelga permanente.
En un documento de 15 páginas, presentado ante la Fiscalía a finales de junio, estos colectivos pidieron que se investigue la comisión de los delitos que presuntamente puedan presentarse por los servidores liderados por la ministra Ramírez Ríos, a quienes acusan de atentar contra su protesta, pese a las alertas que han emitido.
También pidieron ser tenidos en cuenta como víctimas dentro de una eventual investigación “y por tanto informar el resultado de las indagaciones preliminares y demás actuaciones judiciales y extrajudiciales”, al tiempo que en caso de haber lugar a sanciones contra los funcionarios denunciados, solicitaron que se apliquen sin dilaciones.
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“Considerando los diferentes incumplimientos al acuerdo colectivo 2023-2025 por parte del Ministerio del Trabajo, los funcionarios de esta cartera de manera democrática, mediante votación mayoritaria el día 21 de mayo de 2024, como consta en comunicado 002 de 2024 emitido por el comité de huelga, decidieron irse a huelga, para lo cual dentro del término establecido en el artículo 449 del código sustantivo del trabajo se anunciaría la hora cero”, dijeron ante el ente acusador.
Estos funcionarios recordaron que la huelga trae dentro de su naturaleza el cese de actividades y por tanto no puede permitirse que la cartera laboral promueva que aquellos colaboradores que deseen trabajar, lo hagan, pasando por encima de la protección de los derechos sindicales que reza en la legislación nacional.
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En este sentido agregaron que hay personas que van a trabajar “por miedo a represarías”, olvidando que este tipo de ejercicios cobija “a todos los trabajadores, independiente del grupo que integren, en el sentido de que es un derecho que democráticamente es aprobado por la mayoría de trabajadores, bien sea en asamblea general o en votación, y como decisión mayoritaria debe ser respetada y acatada”.
Dentro de las pruebas allegadas en la denuncia penal contra la Ministra de Trabajo, los sindicatos informaron que esta cartera “ha venido publicando mensajes por redes sociales, direccionando e invitando a la ciudadanía a realizar trámites mediante medios electrónicos, desconociendo así la huelga”.
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“Se propicia con dichos actos la continuación en la prestación de servicios, violentando los fines de la huelga, consistente en la cesación de prestación del servicio, e incita a romper el cese de actividades por parte de los servidores que expiden estos certificados y trámites a quienes manejan el correo [email protected], pues es obvio que para ofrecer este medio electrónico, también ha dispuesto del personal necesario para su diligenciamiento”, reportaron.
La denuncia también alega que pese a que han pedido que no se haga, el Ministerio dio la orden de habilitar correos para la recepción y radicación de trámites, la cual ha sido divulgada “intensamente” por algunos directores, subdirectores, jefes de oficina y coordinadores de grupos internos de trabajo, en las diferentes redes y páginas sociales, grupos de WhatsApp y canal institucional.
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Los sindicatos fueron enfáticos en que han solicitados en diversas ocasiones a las directivas y personal más cercano a Gloria Inés Ramírez que se les indiquen los servicios mínimos que se deben garantizar en medio de la huelga, sin que hasta el momento se obtenga una respuesta concreta, mientras se dilatan los procesos de diálogo.
En este punto también informaron que hay pruebas de acciones desplegadas desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y Gestión Territorial, para monitorear qué sectores están trabajando en este cese, ya que están convocando “a los grupos minoritarios realizar actividades, tal como se puede observar en chats de Whatsapp en el cual se solicita la información de trabajo por área, para lo cual se debe diligenciar el excel”.
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Con esto sobre la mesa, los sindicatos del Mintrabajo recordaron a la Fiscalía que el derecho de asociación sindical está protegido por la Constitución Política de Colombia, que en su artículo 39 reza que “los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado”.
“Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo proceden por la vía judicial”, dice la Constitución.
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Así mismo, en varios argumentos que involucran sentencias de la Corte Constitucional y mandatos de la Organización Internacional del Trabajo, estos funcionarios dejaron claro que su huelga está protegida por normas nacionales e internacionales, que no se están cumpliendo, según ellos, por parte de la ministra Gloria Inés Ramírez y su equipo, lo cual piden que se entre a investigar.
“Los trabajadores y sus organizaciones deben contar con el derecho de elegir a sus representantes en plena libertad y tales representantes deben tener el derecho de presentar las peticiones de los trabajadores. Por tal razón, corresponde a las organizaciones de trabajadores y de empleadores por medio de sus estatutos la determinación de las condiciones de elección de sus dirigentes sindicales y las autoridades deben abstenerse de toda injerencia indebida en el ejercicio de este derecho”, advirtieron.
Mientras el Gobierno y los sindicatos tratan de llegar a un punto medio, hay que decir que la huelga completa más de un mes en los que si bien se ha mantenido un diálogo constante entre las partes, no ha sido posible generar consensos concretos, y esto ha dificultado que vuelva la normalidad en la atención de la ciudadanía.
Detrás de esta protesta habría, como principal motivo, un aumento salarial que se prometió y no se cumplió a estos trabajadores, así como las condiciones inhumanas en las que muchos de ellos tendrían que trabajar, principalmente en las sedes regionales. Si bien en su momento se dijo que no habría repercusiones en el pago de salarios una vez se levantara el paro, recientemente estas organizaciones denunciaron incumplimientos al respecto.