La decisión del presidente Gustavo Petro de recuperar sus funciones constitucionales delegadas en la Creg y la CRA ha despertado dudas sobre posibles motivaciones políticas en la regulación de la prestación del servicio público de electricidad.
(Vea: Decreto para tomar funciones de Creg podría ser inconstitucional).
Los agentes del sector temen que los precios de la electricidad sean determinados por el Ejecutivo sin consideraciones técnicas e ignorando la complejidad de factores que intervienen en la definición de los precios.
Frente a esta preocupación, en primer lugar, cabe señalar que las comisiones de regulación de servicios públicos, por diseño constitucional, no son entidades con plena autonomía del Ejecutivo. De acuerdo con la Constitución, las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios le corresponden al presidente.
En segundo lugar, el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia determina que la dirección general de la economía está a cargo del Estado y que este intervendrá, entre otras actividades, en los servicios públicos para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
(Vea: Las consecuencias de que Petro asuma control tarifario, según la Creg).
La recuperación de funciones regulatorias por parte del presidente se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y le permite recuperar la iniciativa en un sector económico cuya responsabilidad recae en el ejecutivo. Es así como el acceso a los servicios públicos y las características de su generación y prestación requieren de la intervención del Estado. Nuestro modelo, por supuesto, se apoya en la participación del sector privado en todos los eslabones de la cadena de valor. La empresa privada, en articulación con el sector público, ha contribuido a mejorar la cobertura y calidad del servicio de energía.
Pero no podemos perder de vista que el acceso a los servicios públicos es un derecho ciudadano que no puede estar sujeto a las dinámicas del mercado. Tampoco podemos perder de vista que la competencia tiende a ser limitada en las diferentes etapas de la prestación del servicio. Por su naturaleza, el mercado de los servicios públicos está controlado por oligopolios o monopolios naturales. De ahí que sea fundamental la intervención estatal en su regulación.
(Vea: Convocan subasta de expansión de capacidad para generación de energía).
La coyuntura actual, en la que el alza de las tarifas sobrepasa las posibilidades financieras de las familias colombianas, demanda de acciones rápidas y oportunas, a través de las herramientas de intervención que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.
Energía.
Archivo EL TIEMPO
De hecho, hace unos meses el Ministerio de Minas y Energía, con la participación de la Creg, lideró el Pacto por la Justicia Tarifaria, al que se vincularon varios agentes del sector. Sin embargo, el acuerdo no tuvo el impacto esperado y la Creg no ha mostrado el sentido de urgencia que la realidad de millones de colombianos demanda.
(Vea: Generadores de energía piden a Petro a tomar decisiones prudentes).
La situación no da espera. Con la recuperación de sus facultades regulatorias, el presidente Gustavo Petro tomará decisiones oportunas para avanzar en la reducción de las tarifas, pero no las decretará arbitrariamente.
En el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios existe el conocimiento y el talento humano necesario para tomar decisiones orientadas por criterios técnicos.
De hecho, la decisión de recuperar sus funciones regulatorias estuvo antecedida por un cuidadoso examen en el que encontramos que es posible mejorar la fórmula tarifaria para disminuir la discrecionalidad que tienen los agentes en la determinación de los precios.
Además, la Creg no deja de existir. Las nuevas decisiones tarifarias se apoyarán en la experticia de los comisionados y sus equipos de trabajo, pues también hacen parte del Gobierno Nacional.
(Vea: Petro regulará los servicios públicos: esto es lo que podría hacer).
Por último, entendemos que las empresas generadoras y otros agentes de la cadena de energía son conscientes de la situación y saben que su modelo de negocio no soporta la pérdida de capacidad de pago de los usuarios.
El presidente y las demás entidades del Estado que integramos este sector tenemos toda la disposición de incluir sus puntos de vista en las medidas tarifarias que adoptaremos.
El sector de la energía es uno de los más dinámicos de la economía nacional. Las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización generan grandes utilidades a las empresas responsables y aportan significativamente al crecimiento general de la economía.
Sabemos que es posible disminuir las tarifas, sin que ello ponga en riesgo la estabilidad financiera de las empresas y las inversiones en mantenimiento y expansión necesarias para garantizar la seguridad energética nacional.
DAGOBERTO QUIROGA COLLAZOS
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios