Previo a cumplirse dos meses del llamado pacto con el sector eléctrico para mitigar las fuertes alzas del servicio de energía (24,87% de enero a octubre según el Dane), y ante las dificultades para lograr el objetivo en el componente de generación, el alto Gobierno analiza una medida de alcance estructural, que permita aliviar a largo plazo el bolsillo de los usuarios, ante los bajos resultados de la iniciativa que se inició en octubre.
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Según conoció Portafolio, en las últimas semanas se viene trabajando, en las altas esferas del Ejecutivo, en estructurar un plan masivo de financiación de infraestructura con visión de inversión social.
La iniciativa consiste en que, con la intermediación del Gobierno, los actores del sistema eléctrico puedan acceder a millonarios recursos de crédito con la banca multilateral, mediante la intermediación de bancos de segundo piso como Findeter o la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), para realizar las millonarias inversiones que se requieren en redes, puntos de conexión y otros activos.
Y es que las limitaciones de los sistemas de transporte regional y de las redes de distribución son uno de los factores estructurales que no están permitiendo lograr el objetivo, toda vez que, en el primer mes del pacto Gobierno- sector eléctrico, si bien en variables como la transmisión y distribución hubo reducciones, en la generación no ocurrió lo mismo (véase gráfico).
Según las fuentes, solo una solución de esta magnitud, que dote el país de las redes que requiere para mover de forma eficiente la electricidad desde las plantas hasta los centros de consumo, permitiría achatar de forma estructural la tarifa en el largo plazo y aliviar los niveles de caja y liquidez de todo el sector eléctrico.
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Tarifa de energía
Al respecto, según explica Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), al haber ineficiencias en las redes, la energía que se produce más barata no puede llegar a zonas como la región Caribe, y el abastecimiento se debe hacer con fuentes locales (térmicas) que salen más costosas.
Y esas limitantes se les cobran a los usuarios a través de las restricciones, porque al generador que debería entregar energía más barata y no puede porque no hay redes, el sistema le otorga un valor, a cargo de los usuarios en sus recibos.
“Todo es un efecto creciente porque no hay redes suficientes. En teoría eso debería estar resuelto y haber posibilidad de conectar oferta y demanda, pero en realidad como los proyectos están retrasados, no uno, dos o tres años, sino siete, nueve y 11 años, eso se va acumulando”, explica.
Por ello, según conoció Portafolio, con el plan de financiamiento masivo con la banca multilateral que se pagaría a largo plazo, se mejoraría la infraestructura, se bajan las pérdidas, las restricciones y la tarifa, ya que también eso permitiría acelerar para sacar energía limpia atrapada por no tener puntos de conexión, como se prevé para varios proyectos de La Guajira por las demoras de la línea Colectora.
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Por lo pronto, y revisando las acciones de corto plazo, puntualmente el llamado pacto por la justicia tarifaria, si bien el Ministerio de Minas y Energía dijo hace unos días que al corte del 22 de noviembre la reducción de tarifas fue del 4,2% en promedio, Asoenergía recalca que esto en realidad no ha sido así para todo el país, sino para unos usuarios en particular de ciertos estratos.
Lo anterior porque, según Fonseca, aunque se abarcó a 952 contratos, lo único renegociado de forma general fue el índice precios del productor (IPP) con el que se frenó el ritmo de aumento, pero no necesariamente ha habido descensos en el componente de generación.
“Esa renegociación fue un fracaso”, le dijo Fonseca a Portafolio, el citar un informe de Asoenergía que indica que en realidad no se ajustaron significativamente ni los precios base, ni el indexador a mediano plazo, ni el tiempo suficiente para lograr un cambio.
Y agrega el documento: “sin justificación se excluyó de la medida los contratos de largo plazo de fuentes de energía renovable no convencional, y aplicaba supuestamente a todos los demás contratos que benefician a todos los sectores del SIN”.
Industrias no han visto el impacto
Según Asoenergía, a los usuarios no regulados (grandes consumidores), los reajustes han sido entre 0,5% y cerca del 1% y no son el gran cambio que esperan los mismos. Por eso, ve evidente que se requiere regulación por parte del Estado, tomar acción y ejercer una responsabilidad regulatoria para ejecutar decisiones que impacten en eficiencia, disponibilidad y oportunidad los precios y cargos tarifarios de manera integral, cumpliendo la ley.
Ómar G. Ahumada Rojas
Editor de Portafolio