Redacción
La pandemia del coronavirus no tardó en inspirar tanto soluciones de diseño arquitectónico de vanguardia como una amplia especulación sobre futuros desarrollos en este campo. Muchas de las innovaciones realizadas han sido contratadas o comercializadas por el sector inmobiliario. Sin embargo, mientras las empresas compiten por ofrecer comodidades contra la pandemia a los arrendatarios más adinerados, la tecnología COVID-19 que afecta directamente a las comunidades de la clase trabajadora se limita en su mayor parte a medidas restrictivas que no abordan los peligros para la salud residencial o a comodidades administrativas para las inmobiliarias que les permiten eludir el escrutinio público. Estos cambios estaban previstos desde hace tiempo, pero hoy han encontrado una nueva licencia bajo el pretexto de precaución contra el coronavirus. En relación a los «negociados o estafas debido al covid», este tipo de cosas representa lo peor.
La idea de que estos negociados o estafas representen un progreso es una noción que se transmite en titulares como «Covid empuja al sector inmobiliario hacia el futuro«. Pero el sector inmobiliario no pertenece al futuro. Tampoco pertenece al presente. Especialmente a la luz de las feroces batallas en curso relacionadas con las deudas por pagos atrasados, huelgas por los arriendos y el desplazamiento por la gentrificación. Cuando uno intenta imaginar un lugar ideal en la historia para el sector inmobiliario profesional, llega a la decisión que es mejor olvidarlo.
Cada vez es más fácil defender esta postura. En The New York Times, Stefanos Chen describe las nuevas medidas de saneamiento residencial, como la desinfección con luz ultravioleta o los tratamientos con partículas ionizadas para neutralizar los gérmenes en los ascensores (entre 3.500 y 4.000 dólares por ascensor). Los propietarios de edificios con instalaciones como gimnasios y canchas de baloncesto han invertido en pulverizadores desinfectantes electrostáticos (similares a los de los Cazafantasmas) y en programas informáticos de reserva para imponer restricciones en cuanto a la capacidad. También hay mobiliario para quienes buscan maximizar su espacio de trabajo desde casa, a menudo comercializado directamente a los administradores de propiedades de lujo para aumentar el valor de sus unidades, como escritorios robóticos contráctiles (de 5.000 a 10.000 dólares) o camas y almacenamiento suspendidos del techo (de 10.000 a 40.000 dólares). Sankarshan Murthy, director general de Bumblebee Spaces, que diseña varios artículos de este tipo, señaló que cuando «la gente pasa más tiempo en casa… se da cuenta de que la arquitectura tradicional no sirve». Se trata de una extraña idea de arreglo, ya que las personas que pueden permitirse trabajar desde casa son mucho menos propensas a vivir en una arquitectura así.
La realidad es la misma de siempre: el capitalismo no es un problema de diseño. No hay ninguna innovación inmobiliaria posible que pueda mitigar la necesidad urgente de una sanidad accesible y una vivienda garantizada. Pero incluso en el ámbito de ese desarrollo tecnológico, cualquier beneficio potencial es inútil si sólo está disponible para los ricos, las personas que menos lo necesitan. Se trata de un modelo de beneficios previsible, pero todavía caricaturescamente nefasto, que ofrece soluciones sanitarias integradas en el hogar y comodidades espaciales exclusivamente a quienes ya se enfrentan a menos riesgos sanitarios y disponen de más espacio.
En la ciudad de Nueva York, sede de los ejecutivos inmobiliarios entrevistados por el Times, la renta media de los arrendatarios antes de la pandemia era de unos 50.000 dólares. La mayoría de los habitantes de la ciudad no viven en edificios con gimnasios o ascensores, o al menos no están funcionando.
Esta discrepancia económica no se limita a los beneficios residenciales. La falta de vivienda, por ejemplo, no es un fenómeno nuevo, pero fue necesario un golpe a la industria de los servicios de alimentación para que las administraciones municipales de todo el mundo, financieramente ambiciosas, implementaran refugios en la calle en forma de extensiones de restaurantes, con iluminación ambiental y equipos de calefacción para el invierno. Y ahora, estas hazañas de la arquitectura pandémica se consideran viables sólo como soluciones gastronómicas casuales, notablemente ausentes de cualquier plan significativo para apoyar a los miembros de la población sin vivienda que se enfrentan a riesgos inminentes mucho más graves que el ambiente en la cena de un restaurante, así como el desalojo o la detención por construir extensiones en la calle para sí mismos. Quién se beneficia del diseño es inevitablemente una cuestión económica, y entre los propietarios de los restaurantes y la comunidad sin vivienda, sólo uno paga el alquiler. El hecho de que este juicio se desarrolle en el «espacio público» es irónico, pero en última instancia no tiene consecuencias.
Algunos podrían imaginar un efecto de goteo, en el que la primera ola de innovación acabará convirtiéndose en la norma, al igual que los teléfonos inteligentes han pasado de ser artículos de lujo a productos digitales básicos. Pero este tipo de desarrollo lineal es ficticio, pues ya existe una tecnología de respuesta COVID-19 que se está aplicando en viviendas de bajo coste. Sin embargo, esa tecnología es de naturaleza notablemente distinta. Mientras que el diseño de la pandemia para los ricos consiste en hacer las cosas más cómodas y seguras en el interior, para los pobres, el modelo de negocio más rentable es siempre mantener a la gente fuera.
Es crucial tener en cuenta que muchos hogares de la clase trabajadora han sido durante mucho tiempo un peligro para la salud debido a las malas condiciones en las que viven en sus casas, por ejemplo la falta de calefacción o agua caliente, las plagas o el moho. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda emitió alrededor de 1,1 millones de infracciones de reparación entre 2018 y 2019. La mayor incidencia se produjo en el Bronx, el barrio más pobre de la ciudad, donde más del 10% de los inquilinos vivían en una casa con al menos una infracción peligrosa pendiente. Con una aplicación notoriamente escasa, las multas impuestas a los propietarios por descuidar estas reparaciones se ignoran en gran medida. Si no se puede obligar a estos propietarios a cumplir su obligación legal de proporcionar a los inquilinos viviendas seguras encendiendo un termostato, ¿por qué iban a ir más allá gastando miles de euros en soluciones de diseño de alta tecnología o en medidas de saneamiento? No tienen ningún incentivo, ni legal ni financiero, para hacerlo. En abril de 2020, al menos 34 viviendas públicas de NYCHA (Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York) carecían de jabón y toallas de papel para el personal de limpieza. Nueva York no es un caso aislado: esta cruel delincuencia es habitual en todo el país.
Más que el mobiliario robotizado o el saneamiento adecuado, las viviendas públicas y de bajo costo están viendo aumentar la seguridad biométrica. Esta cuestión es anterior al coronavirus, pero su aparición la hace más urgente. Hasta ahora, la biometría en este tipo de viviendas ha sido más o menos explícitamente un punto de vigilancia en un esfuerzo por restringir quién entra y sale y qué hace. Tres representantes del Congreso han propuesto una legislación, aún pendiente, para prohibir la identificación biométrica y de reconocimiento facial en las viviendas públicas, citando los defectos tecnológicos, la preocupación por la privacidad y el hecho de que las comunidades de color con bajos ingresos ya están sobre vigiladas. Ahora, el coronavirus es, como se ha señalado ampliamente, un pretexto ideal para imponer medidas de vigilancia bajo el conveniente disfraz de preocupación por la salud pública. Un fabricante de productos de vigilancia, BioConnect, incluso anuncia que su sistema de seguridad biométrica residencial «bloqueará a las personas que puedan tener el virus». Mientras tanto, Naborly, que ofrece a los propietarios cálculos detallados del riesgo financiero de alquilar a un determinado arrendatario, aprovechó el aumento vertiginoso del desempleo por la pandemia en marzo de 2020 para solicitar a los propietarios que contribuyeran a una base de datos de arrendatarios que no pagaron el alquiler en abril.
Estas y otras soluciones inmobiliarias digitales, como la plataforma de desahucios de ClickNotices, constituyen el campo en aceleración de la «tecnología inmobiliaria», o PropTech. Scott Beyer, de Market Urbanism Report, escribe que PropTech «se ha vuelto más común durante el coronavirus, ya que el sector observa el distanciamiento social», señalando las visitas guiadas virtuales, así como los servicios automatizados para liberar a las inmobiliarias que buscan derechos sobre el terreno de responsabilidades tan gravosas como «hacer presión con los vecinos [y] las juntas de planificación». Esto dificulta aún más la ya limitada capacidad de las comunidades para exigir responsabilidades a las inmobiliarias sin escrúpulos, ya que estas últimas ni siquiera tendrán que hablar con los primeros. Beyer concluye felizmente lo obvio: puede que estas mejoras se hayan acelerado por la pandemia, pero en lugar de ser medidas provisionales de distanciamiento social, son, en palabras de una inmobiliaria de Nueva Orleans, «permanentes… no sólo una reacción a corto plazo».
Desde el punto de vista del mercado, que los ricos tengan cosas mejores es una característica, no un error, y lo mismo ocurre con los actores del sector inmobiliario que hacen gestos vagos ante una pandemia mientras redoblan las malas prácticas que han sido pro forma durante mucho tiempo, con diseñadores ansiosos y bien pagados para permitirlas. El sector inmobiliario residencial es intrínsecamente el negocio de aprovechar la privatización de la vivienda para maximizar los beneficios; de hecho, no existe mucho más en la definición. Esto precisamente exige desprecio. La función básica de la vivienda mercantilizada es opuesta a la salud pública. Y a la luz de una crisis de salud pública global que pone a la clase trabajadora y a la gente de color directamente en la línea de fuego, las únicas soluciones arquitectónicas que merecen ser consideradas deberían entregar cualquier beneficio, que pudiera venir del diseño pandémico, directamente a aquellos que lo necesitan con mayor urgencia. El saneamiento ultravioleta tiene poca importancia en un ascensor que no funciona.
Este artículo se publicó originalmente en The Architect’s Newspaper como «Designer Health for Designer Tenants.»
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