Seguridad versus libertad. Basta darse una vuelta por Internet para encontrar, a disposición de quien las quiera, «apps» que prometen tener vigilada a una pareja, a los hijos o a cualquier persona de la que desconfiemos por algún motivo. Nuestros datos, eso lo sabemos, circulan libremente por las redes, y numerosas organizaciones (a menudo al margen de la ley), hacen lo imposible por apropiarse de ellos y venderlos después a terceros con fines comerciales o, peor, a organizaciones criminales internacionales.
Los gobiernos, por supuesto, tampoco son ajenos a la tentación de controlar a sus ciudadanos, y países como China disponen desde hace años de una auténtica y sofisticada «Internet paralela» capaz de espiar individualmente a cualquier persona. Ahora, la pandemia del Covid-19 se ha convertido en una excelente excusa para ejercer ese control al amparo de la salud pública. La tecnología combinada de aplicaciones de rastreo, software de reconocimiento facial y drones puede dar a los gobiernos un poder casi ilimitado para rastrear a las personas. Y una vez obtenidos esos nuevos poderes, muchos podrían decidir no renunciar a ellos cuando pase la pandemia.
China, control absoluto
Según un informe elaborado por la organización canadiense Citizen Lab, dedicada a investigar la censura en Internet, desde los primeros días de la crisis sanitaria los censores chinos introdujeron una nueva lista de 415 palabras clave relacionadas con el coronavirus para así bloquear cualquier discusión online sobre la enfermedad. El alcance de esa medida se amplió en febrero, con la identificación de 516 combinaciones de palabras clave, bloqueadas en WeChat.
La investigación señala que en la etapa inicial del brote la censura frenó las alertas al público sobre la amenaza del virus, y que más tarde los contenidos censurados se ampliaron para incluir las críticas a los principales líderes y funcionarios, políticas gubernamentales y, por supuesto, cualquier referencia al dr. Li Wenliang, el primero que dio la alerta sobre el coronavirus. El mismo día en que se introdujeron los nuevos términos prohibidos fueron arrestados ocho internautas por «difundir rumores». Solo después se averiguó que todos ellos eran médicos, entre ellos Li Wenliang, que finalmente moriría como consecuencia de la enfermedad.
WeChat, por su parte, adoptó un sistema de censura más sofisticado. En lugar de bloquear por completo los términos delicados, como ya se hizo, por ejemplo, con «Plaza de Tiananmen» o «4 de junio», la aplicación utilizó un sistema de Inteligencia Artificial capaz de detectar el significado semántico de los textos. El equipo de Citizen Lab identificó, entre el 1 de enero y el 15 de febrero, hasta 516 combinaciones de palabras clave capaces de desencadenar la censura. Si un usuario enviaba un mensaje con alguna de esas combinaciones, el texto quedaba automáticamente bloqueado en el servidor y nunca llegaba a su destinatario.
China, además, ha obligado a los habitantes de cientos de ciudades a instalar en sus teléfonos móviles un software de seguimiento que comparte los datos de ubicación directamente con la policía. El confinamiento chino, desde luego, ha dado buenos resultados. ¿Pero a qué precio?
Israel, medidas antiterroristas
Otro ejemplo es el de Israel, que implementó «medidas de vigilancia cibernética de emergencia» mientras dure la pandemia. De ese modo, las autoridades pueden rastrear los teléfonos móviles de las personas diagnosticadas con el virus, así como de los sospechosas de haber contraído Covid-19.
La tecnología necesaria para ejercer ese control se había desarrollado con fines antiterroristas, y el presidente Netanyahu, amparándose en una situación de «guerra contra el coronavirus», evitó los trámites parlamentarios habituales para su implementación. De este modo, el servicio secreto israelí, Shin Beth, tiene carta blanca (por ahora durante 30 días) para rastrear los móviles de todos los diagnosticados de Covid-19 y los de sus contactos más cercanos.
De hecho, está autorizado a utilizar drones, intervenir teléfonos móviles y hacer seguimiento de las personas infectadas usando la red de cámaras de vigilancia que ofrecen la posibilidad de un reconocimiento facial biométrico. Con esos datos, guardados por el Ministerio de Sanidad, la policía vigila el estricto cumplimiento de la cuarentena. Por su parte, en Polonia, el Gobierno está utilizando tecnología de reconocimiento facial para rastrear los movimientos de las personas.
infección de censura La pandemia de Covid-19, pues, amenaza con acelerar esta preocupante tendencia. Según la base de datos pública The Covid-19 Civic Freedom Tracker, mantenida por The International Center for Not for profit Law, las restricciones gubernamentales durante esta pandemia pueden agruparse en cuatro categorías: poderes de vigilancia incrementados, suspensión de derechos, control sobre la información y retraso de elecciones.
Por ejemplo, el estado indio de Maharashtra, con una población de 114 millones de personas, ha establecido un férreo control de la información. En Tailandia, los periodistas pueden enfrentar hasta cinco años de prisión por no corregir lo que el Gobierno considera información incorrecta sobre el coronavirus. Del mismo modo, en Hungría, existe la misma pena por «distorsionar» la información sobre la enfermedad. Y en Egipto, el Gobierno bloquea, o limita el acceso a sitios web de noticias que, según su criterio, están difundiendo información falsa sobre la pandemia.
¿España es diferente?
En España, desde luego, no hemos llegado a esos extremos, aunque el Gobierno ya ha empezado a utilizar los datos de las redes de telefonía móvil para controlar el flujo de movimientos de personas. Nuria Oliver, una de las máximas autoridades en telecomunicaciones del mundo, explica a ABC que ese procedimiento no afecta a la privacidad de las personas: «se trata de flujos de movilidad, no de datos personales, y no es posible usarlos con ningún fin oculto. Más que datos, son flujos, como los de coches en una autopista, entre diferentes celdas. Los llamamos datos porque hay que llamarlos de alguna forma, pero no son datos directos».
Lo que hace el sistema es dividir el territorio en grandes celdas. En cada celda hay unas 5.000 personas, y lo que se maneja es el flujo de desplazamientos entre esas celdas. «Nada que ver -explica Oliver- con lo que están haciendo otros países como China o Israel, que utilizan «apps», que pueden llegar a ser invasivas. Nosotros no utilizamos «apps», sino datos de la propia red, no de los móviles de los ciudadanos. Datos que pueden ayudar a medir la movilidad entre municipios, ver el impacto de las medidas de prevención, y hacer modelos epidemiológicos mas precisos. Eso es lo que se está planteando en España y en otros países de Europa».