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Todavía hay 364 municipios sin cobertura de gas natural | Infraestructura | Economía

Gas natural

En Colombia, 67% de los hogares están conectados a gas natural. Con esto, es uno de los países de la región con mejor conectividad en la región, superando a Estados Unidos, que tiene 42% de su población cubierta. De acuerdo con los datos sectoriales, son cerca de 36 millones de colombianos los que cuentan con este servicio público domiciliario.

Gracias a esta permeación, estas familias han dejado el consumo de energéticos como leña, carbón o cocinol, cuyas consecuencias son desde ambientales, económicas hasta de salud. Por esto a este combustible se le considera como una aportante a la reducción de la pobreza energética.

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Los descubrimientos de Cusiana y Chuchupa, en su momento, revolucionaron el alcance del gas en el país y permitieron la gran expansión del sistema”, explicó Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, en el marco del Congreso del sector que se realiza en Cartagena.
Sin embargo, hay aún 364 departamentos que no cuentan con este servicio público y que se encuentran en 27 departamentos. De estos, en Boyacá, Nariño, Santander se concentran 43% de los municipios aún desconectados.

Ahora bien, el último informe del sector presentado por Promigas, hace un recuento de las nuevas conexiones hechas durante los últimos 5 años. Allí se establece que el gas natural ha llegado a 24 municipios en este lapso. De esta forma, ya son 759 en total, de los 1.122, que están conectados. Particularmente, en la región caribe es donde más porcentaje de municipios conectados hay en el país, puesto que departamentos como La Guajira, Atlántico, Magdalena y Córdoba tienen la totalidad de sus municipios.

La situación es diferente en Nariño y Caquetá, cuyos niveles de cobertura son de 2% y 6%, respectivamente, siendo los que menor porcentaje de sus municipios tienen el servicio.

Un análisis de la firma Inclusión encontró que 67% de las personas consumen gas natural para cocinar, en concordancia con los datos de Promigas. Además, mostró que de las familias restantes, 20,6% usan GLP y 10,5% usan aún leña, carbón y desechos. Es decir, 5,4 millones de familias dependen aún de la leña.

También explica que la situación es más profunda en hogares pobres y vulnerables. Dado que de los primeros 17,4% usa leña y de los segundos lo hace 11,9% de la población. 

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La tubería, comenzó a ser tendida en paralelo al sistema de transporte que ya existe.

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Y no solo esto, al revisarse por regiones se evidencia que la situación se agrava en las zonas rurales y dispersas, en las que 39,8% de los hogares usan leña y carbón para cocinar.

Según Ángela Penagos, presidente de Finagro, esto requiere políticas de acción para enfrentar las brechas entre las zonas rurales y urbanas.

Al respecto, Roberto Angulo, socio de Inclusión, señaló que no es un problema estrictamente rural, dado que al revisar las cifras con agrupaciones como de la Ocde, se encuentra que en las zonas intermedias (que no son aún rurales) se encuentra que 14% hace uso de la leña.

De acuerdo con Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, ha habido a nivel nacional una correlación entre el avance de la industria de los hidrocarburos y la reducción de la pobreza, en parte porque los servicios públicos también tienen una mayor permeación. Señaló que esto, además de contribuir en términos de pobreza monetaria, también lo hace en pobreza multidimensional.

Dentro de los conceptos que se ven mejorados por cuenta de la permeación de este servicio, Rojas asegura que están el trabajo, la salud y la educación, entre otros.
Angulo señaló que en “la transición que garantiza ser el vehículo de la equidad, no es más que un conjunto de precios que enfrenta la gente. Si en esa canasta no hay energéticos asequibles, vamos a tener una transición energética que no reduce la pobreza”. Explicó que en ese escenario el GLP, la leña y el carbón son los sustitutos al gas natural.

De hecho, Rojas explicó que las familias que hacen el cambio de electricidad a gas, puede tener un ahorro de $100.000 al mes; en el caso de GLP, sería de entre $50.000 y $70.000 y cuando el paso es de leña a gas, la disminución en costos es de $50.000 mensuales, con lo que el impacto económico en las familias de menores recursos.

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Para Angulo, teniendo en cuenta que hay efectos sociales, ambientales y económicos, como los de pobreza, asociados al uso del gas, la política de no exploración y una posible escasez podría poner en riesgo los avances en pobreza y además sería regresivo en los hogares de menos recursos. 

Daniela Morales Soler

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