La investigación por la masacre de cinco menores, con edades entre los 14 y los 16 años, el pasado 11 de agosto en un cañaduzal que colinda con el marginal barrio Llano Verde apunta, según la Fiscalía, a que dos de los tres sospechosos pertenecían a una supuesta ‘empresa’, dedicada a ‘vigilancia privada’ y al transporte de carga que en realidad tenía presuntos nexos con disidentes de las Farc.
El tercer sospechoso habría estado laborando para una constructora que sería legal y que refuerza el jarillón del río Cauca, en el oriente caleño.
En esta historia, la ilegalidad recaería, como enfatizan en la Fiscalía, en la supuesta empresa de transporte de carga por tener un pasado turbio..
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Los dueños habrían cambiado su nombre en los últimos meses, porque podría ser una fachada de actividades ilícitas, como la comercialización de armas con las cuales se habría cometido más del 70 por ciento de crímenes en el Distrito de Aguablanca, del cual es parte Llano Verde.
En este cañaduzal, las autoridades corroboraron el hallazgo de los cinco cadáveres de los menores, el 11 de agosto.
Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO
Este barrio está dentro de la comuna 15, una de las más violentas de Cali por mayor número de homicidios en el primer semestre del año, según las autoridades. Además la comuna 15 y la 13 tienen los más elevados índices de asesinatos de menores en la capital vallecaucana.
Pero esta empresa de vigilancia en cuestión habría tenido como dueño a un hombre con presuntos nexos con disidencias de las Farc, específicamente, el grupo ‘Jaime Martínez’, que opera en el sur del Valle y en el norte del Cauca.
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Este dueño habría sido Luis Álvaro Aristizábal, quien en octubre del año pasado fue identificado por la Policía, con el alias de »Alvaro’ y como el supuesto cabecilla de una red trasnacional, dedicada al tráfico de armas y narcóticos.
En ese octubre de 2019, Aristizábal cayó preso con 16 personas más. En ese entonces, informes de la Policía señalaron que la banda traficaba fusiles AK47, pistolas Sig Sauer, Glock, y revólveres Smith and Wesson. Además, la red criminal se habría hecho denominar ‘Los mercaderes de la muerte’. Este ‘escuadrón’ es sindicado de enviar droga a Surámerica.
Esta banda también fue vinculada al asesinato de la entonces candidata Karina García Sierra, en Suárez, municipio ubicado en el norte del Cauca, el 2 de septiembre de 2019, pues una de las armas utilizadas en ese crimen, provendrían de la misma banda de »Alvaro’.
Ese 2 de septiembre, la candidata García Sierra fue atacada por sicarios descargando una ráfaga de disparos, cuando se desplazaba en una camioneta, en la que también viajaban la mamá de la dirigente política y otros líderes de la zona caucana.
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Dicha banda, informó la Policía en ese entonces, estuvo traficando armas en el Distrito de Aguablanca de Cali. y tuvo influencia en barrios como Llano Verde, creado por el Estado en 2013 para llevar allí a familias en situación de desplazamiento, también de reinsertados y de reubicados de zonas de riesgo de inundación por vivir en asentamientos que han afectado la estabilidad del jarillón del río Cauca.
El jarillón es la barrera levantada en tierra que frena el cauce hacia el área urbana de Cali y que está siendo objeto de reforzamientos para prevenir inundaciones, debido a daños en este dique de tierra por los mismos asentamientos que llevaban más de medio siglo.
La Policía Metropolitana de Cali, la POLFA, la Dijín, la Sipol y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) encabezaron en octubre esa operación como ‘Ciudad Diamante’ para desmantelar la red de Aristizábal, a través de 11 diligencias de registro y allanamiento en Cali, Palmira y Calima El Darién.
En aquel operativo fueron incautadas 1,7 toneladas de estupefacientes, 41 kilos de marihuana, seis armas, 138 cartuchos de diferentes calibres, 16 radios de comunicación, nueve celulares, dos computadores, tres silenciadores y tres empuñadoras de revólver.
En esta investigación por la masacre de los menores de Llano Verde, que la Fiscalía busca desenredar, se señala que partiendo del testimonio de una persona que ha hecho turnos para la supuesta empresa de transporte de carga y vigilancia privada con Aristizábal como su antiguo dueño, Juan Carlos Loaiza era un vigilante.
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Loaiza es uno de los tres sospechosos de la masacre de los menores, siendo enviado a la cárcel, como medida preventiva, tras su captura la semana pasada con Yefferson Marcial Angulo, capturas que fueron anunciadas el viernes por el presidente Iván Duque y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
El sábado, el Juzgado 25 Penal Municipal de control de garantías les imputó cargos por homicidio agravado en concurso homogéneo sucesivo con tráfico de armas, también agravado.
A Loaiza, continúa la Fiscalía, lo contrataron en la empresa fachada, porque tenía moto y acostumbraba recorrer la zona de Aguablanca y de los cañaduzales de Llano Verde.. El testimonio arrojó que llevaba unos dos meses vinculado a dicha ‘empresa de vigilancia’.
Pero, como lo han manifestado en la Alcaldía de Cali, esta empresa no estaba prestando algún servicio en el predio privado de los cañaduzales donde se hallaron los cadáveres de los cinco menores masacrados. Según el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, el predio pertenecería a una pareja de adultos mayores que alquila el terreno para cultivo de caña.
Pero las autoridades no vinculan a esta familia ni con la empresa fachada ni con la constructora.
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La Fiscalía anotó que Gabriel Alejandro Bejarano, como el tercer sospechoso de la masacre de Llano Verde y que aún está prófugo, posiblemente llevaba unos dos o tres años en la aparente empresa fachada con nexos con la disidencia ‘Jaime Martínez’.
Gabriel Alejandro Bejarano, tercer sospechoso de la masacre de Llano Verde, posiblemente llevaba unos dos o tres años en la aparente empresa fachada con nexos con la disidencia ‘Jaime Martínez’
Pero además, Loaiza y Bejarano se conocían, conforme lo indicó la Fiscalía, porque ambos eran vistos en la misma moto que recorría zonas de Aguablanca, como Llano Verde. Loaiza, como conductor y Bejarano, como parrillero.
Bejarano, según la Fiscalía, no aparecería en la nómina dicha empresa con presuntos vínculos con actividades ilícitas.
La Policía estuvo haciendo inspección en la zona del cañaduzal, luego de la masacre.
Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO
Sobre Bejarano, quien tiene casa por cárcel, pesan dos condenas por tráfico de armas.
En este caso, la Policía Metropolitana de Cali puso a circular desde el viernes un retrato de Bejarano, a quien le dicen ‘Mono’..
Sin embargo, el abogado de las víctimas de la masacre, Élmer Montaña, dijo que el hombre habría cambiado físicamente, porque en el retrato aparece afeitado y habría testimonios de comunidad que lo identifican con barba.
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Ahora bien, ¿cómo la Fiscalía relaciona con la masacre de Llano Verde a Yefferson Marcial Angulo, con Loaiza y Bejarano? Por ahora, la respuesta es que hay dos empresas en los que estuvieron los tres sospechosos.
Angulo habría estaba trabajando para la constructora que, al parecer, habría ganado una licitación para ser parte de los trabajos de reforzamiento que se han venido ejecutando en los últimos tres años en el jarillón del río Cauca. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades reiteraron que la constructora tendría sus registros en regla.
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La relación que se estaría estableciendo ha permitido ubicar a los tres sospechosos en el día del crimen en el cañaduzal de Llano Verde, entre las 12:30 del día y la 1:30 de la tarde.
La supuesta ‘empresa de seguridad’, con Loaiza y Bejarano, habría estado, pues vigilando la maquinaria, cemento de obra y combustible que tiene la constructora, en la cual, Angulo manejó una retroexcavadora dentro de los trabajos en el jarillón.
Estos trabajos corresponderían al tramo VII, en inmediaciones al antiguo depósito de basuras, aquellas gigantescas montañas de residuos que llegó a tener Cali, dentro del corregimiento Navarro, y que fue sellado en 2008. En este tramo desembocan aguas oscuras del canal sur en el río Cauca.
De Llano Verde al antiguo depósito de basuras en Navarro hay 7,2 kilómetros por calles pavimentadas, pero la distancia en línea recta obliga a recorrer la zona de los ejidos.donde hay cañaduzales.
Los ejidos eran terrenos que en el siglo XVI, la Corona Española le cedió a una población para que tuviera un lugar de esparcimiento. Esos terrenos sin construcción y algunos con cultivos de caña hacen parte de litigios que llevan años y por los que el municipio ha buscado recuperarlos de manos de particulares. .
El corredor azul es el tramo pavimentado. La zona sin construcción sería parte de los llamados ejidos.
Cuando se anunciaron las capturas de Loaiza y Angulo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo el viernes:
Loaiza y Bejarano habrían estado vigilando la maquinaria de la constructora, en la cual, Angulo maneja una retroexcavadora dentro de los trabajos en el jarillón
La Fiscalía insiste en que los tres sospechosos se habrían estado comunicando entre ellos al mediodía de ese 11 de agosto por una frecuencia de radio, para ponerse de acuerdo en perseguir a los menores, cercándolos, sometiéndolos a un estado de indefensión mirando hacia el suelo hasta asesinarlos.
A cuatro de ellos les dispararon en la cabeza y uno tuvo una herida en el cuello por arma cortopunzante.
Los dos capturados, hoy en la cárcel, como medida preventiva, mientras avanza la investigación, puesto que no aceptaron cargos, atribuyeron los asesinatos con disparos a Bejarano, dejando el interrogante de quién mató al menor con el arma blanca.
En estas primeras revelaciones, la Fiscalía también señaló durante la audiencia de imputación de cargos a los dos capturados que Angulo, quien aseguró que no ha matado a nadie, presuntamente les habría quitado los cuchillos que tenían los cinco menores y que eran para cortar caña, porque les gustaba comerla. Estos cuchillos se encontraron en el sitio de la masacre.
CALI