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Tres personas privadas de la libertad por su presunta participación en la destrucción del peaje del Líbano, Tolima, durante la protesta nacional

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José Alejandro Escobar Palacios, Wilson Andrés Rincón Muñoz y Lina Stephanie Sánchez Suárez fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en los destrozos ocasionados al peaje ubicado en la vía que comunica al Líbano con Armero, Tolima, el pasado 5 de mayo en medio de la protesta nacional.

Los tres presuntos responsables de destrucción del peaje fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento preventivo.

Los tres fueron detenidos por miembros de la Policía del Departamento del Tolima.

Un despacho adscrito a la Unidad de Estructura de Apoyo de la Seccional Tolima les imputó los delitos de perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, empleo o lanzamiento de objetos peligrosos, constreñimiento ilegal en bien ajeno y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Ninguno aceptó cargos.

Actividades investigativas dan cuenta que estas personas obstaculizaron durante varios días el paso vehicular en el sitio conocido como Cruce de Armero y que contrataron a terceros para causarle daños al peaje. Al parecer Sánchez Suárez dio instruciones a un menor de edad para la prepararon botellas con gasolina con mecha para cumplir con su objetivo.

Presuntamente varios menores de edad y los hoy asegurados destruyeron la planta eléctrica del peaje y luego habrían lanzado las piedras y las bombas molotov provocando el incendio de la caseta.

Por último, utilizaron una volqueta para terminar de destruir el lugar, daños que el representante del consorcio Alternativas Viales calculó en $83.147.450, sumado a otros perjuicios que fueron estimados en $802.764.000.

Posterior a los hechos los sospechosos levantaron el bloqueo de la vía y se retiraron del sector. En los dos días siguientes, la mujer se encontró en el barrio la Polca con los menores de edad contratados para cancelarles, al parecer, lo acordado.

Todos permanecerán privados de la libertad hasta resolverse su situación jurídica.

La Fiscalía habla con resultados.

 

PAAM/CFG/GGM

 

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