Después de que en diciembre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) suspendiera la cesión de acciones de la empresa Triple A (prestadora de servicios públicos de agua, aseo y alcantarillado en Barranquilla), esta semana informó que había decidido cambiar la Junta Directiva de la compañía.
(EPM compraría 51 % de las acciones de Triple A).
Esto llevó a que Jaime Pumarejo, alcalde de la capital del Atlántico, denunciara que la Sociedad se apropió de manera irregular de la empresa de servicios públicos.
“A pesar de haber sido advertida en diversas instancias por la Contraloría y la Procuraduría, de que no podía desconocer un contrato vigente, ha tomado la decisión de cambiar todos los miembros de junta directiva, desconociendo de tajo su obligación contractual y, además, generando una inestabilidad en la empresa”, apuntó Pumarejo en declaración a medios locales.
La SAE argumenta que hay una serie de cuestionamientos al proceso de venta, que podría generar un detrimento y un posible peculado por apropiación a favor de terceros.
De acuerdo con Daniel Rojas, presidente de la Sociedad, la valoración hecha para el negocio fue de $800.000 millones, mientras que la valoración de la Superintendencia de Servicios Públicos fue de $2,4 billones.
(Sociedad de Activos Especiales no cederá acciones de Triple A).
En respuesta a la decisión anunciada por la entidad, Pumarejo señaló que la SAE ha incumplido al no hacer las transferencias de acciones, asegurando que se debieron hacer antes del 30 de diciembre. Adicionalmente, indicó que iniciará acciones legales para hacer valer los derechos contractuales del Distrito.
La nueva Junta quedó conformada por Carlos Enrique Campillo Parra, Nicolás Corso Salamanca, Diana María Bernal Falla, Cristóbal Padilla Tejera por parte de la SAE y Jaime Pumarejo.
Según Pumarejo esta acción genera incertidumbre e inestabilidad en los mercados. Afirmó que si la SAE estima que la compañía vale $2,4 billones, la Alcaldía está dispuesta a vender su participación accionaria a la Sociedad “pero que salgamos de este lío porque lo que están haciendo es desafiando el ordenamiento jurídico del país”.
(Sanción a Triple A por cobros indebidos).
Cabe recordar que el Distrito ostenta 14,5% de las acciones de la empresa de servicios públicos que atiende a cerca de 2,8 millones de ciudadanos de Barranquilla y 14 municipios aledaños.
Por su parte, Daniel Rojas apuntó que la decisión de cambio de la Junta Directiva se mantendrá en firme hasta tanto no se pronuncien los entes de control, como Procuraduría y Contraloría, sobre si hay o no un probable detrimento patrimonial.
“Pese a los intereses y las presiones para ceder el control de la empresa, se mantiene firme en la decisión”, informó la SAE.
Una de las peticiones de la Sociedad de Activos Especiales después de nombrar la nueva Junta es que la Procuraduría se mantenga “imparcial en el proceso y no prejuzgar las acciones”.
Esto dado que el procurador delegado, Luis Ramiro Escandón, solicitó que se aplazara la Asamblea “como función preventiva para evitar la configuración de un daño antijurídico dado de las acciones de la SAE están en proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación y han sido objeto de una transacción comercial que la SAE está incumpliendo en este momento por razones que todavía no han sido explicadas a la Procuraduría ”.
Por el momento, la Contraloría ya advirtió que adelantará una investigación. Carlos Hernán Rodríguez, contralor general, señaló que la entidad no debe informar si se incumplió una obligación adquirida, sino la SAE es quien debe poner en conocimiento de la Contraloría si se cometió una irregularidad disciplinaria.
En caso de que se determine que existió un detrimento, la Contraloría advertirá a la Procuraduría y se iniciará una acción fiscal con el fin de recuperar el patrimonio público.
PORTAFOLIO