El alto tribunal definió que en seis meses debe estar plenamente regulado este procedimiento en el país.
La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que en menos de seis meses emita una regulación única la cual se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados.
El tribunal recordó que el aborto está autorizado en tres casos especiales: cuando exista malformación del feto, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre y cuando se evidencie que el embarazo fue producto de una violación.
Así mismo en este llamado de atención al gobierno, la Corte Constitucional dejó intactas las condiciones que se fijaron ya hace 12 años en donde se autorizó la interrupción voluntaria del embarazo en el país, dándole la razón en algunos casos a organizaciones de mujeres que pedían no poner límites al procedimiento.
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